El mensaje fue publicado el 8 de noviembre de 2019, en el chat de WhatsApp del grupo de funcionarios de la Central de Coordinación Operativa, la CCO, una moderna sala de monitoreo de cámaras que maneja el municipio de Providencia al interior de la 19 Comisaría: “Cámara de Baquedano funcionando, cerca de 150 manifestantes, además de sujetos preparando bombas molotov”.

Tres días antes del debut del nuevo aparato de televigilancia, una cámara del municipio había sido arrancada de raíz justo al frente del monumento a Baquedano. Los operadores quedaron a “oscuras” y tuvieron que “colgarse” a las imágenes de la galería Cima, para observar lo que sucedía en la rebelde Plaza de la Dignidad.

Cuando la imagen retornó días después, apuntando a la zona cero del estallido, los funcionarios captaron que tenía otro ángulo e intentaron adivinar dónde se encontraba. En eso estaban cuando un nuevo mensaje se dejó caer en el chat. Era una advertencia de la directora de Seguridad Ciudadana, Rocío Brizuela, acerca de la nueva cámara espía del municipio: “Estimados, queda estrictamente prohibido difundir cualquier imagen desde la cámara nueva a otras personas que no estén en este grupo. Usarlas sólo para efectos de información interna y con carabineros. Indicaciones directas de mando de carabineros y mías. Por favor tampoco usar en otros chat de seguridad de Providencia”.

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La información, asegura un funcionario que accedió al mensaje, era “Top Secret”. “Nos dijeron que nadie podía saber dónde estaba, que tenía un alcance mayor a la anterior y que si venía alguna persona extraña a la central, hiciéramos un cambalache para evitar que se enterara”, recuerda.

¿A qué se debía tanto misterio? Rocío Brizuela no abundó en detalles. Los operarios de las cámaras, sin embargo, concluyeron que todo tenía que ver con la nueva ubicación del aparato de vigilancia: el enorme edificio de la Teléfonica, hoy en manos de Movistar, emplazado en el centro neurálgico de las movilizaciones.

Desde la sala de monitoreo, ubicada en el número 300 de la calle Miguel Claro, podía verse con claridad no sólo los sucesos acontecidos en la Plaza de la Dignidad, sino identificar con precisión a cualquier persona que circulara por el lugar. “Les veíamos hasta las espinillas”, explica un exfuncionario de la unidad.

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–La cámara enfoca desde la torre hacia el poniente, está ubicada más hacia el lado del Parque Bustamante, y tiene un zoom tan potente que veíamos hasta los aviones en la pista del aeropuerto. Incluso algunos manifestantes se percataron y empezaron a apuntarnos con esos láseres verdes, sin saber que era una cámara de Providencia que sapeaba todo lo que estaban haciendo.

Tolerancia Cero

Las imágenes del funcionario ensangrentado en el suelo, herido por un aparente impacto de bala, dejaron aterrada a Rocío Brizuela. El video le llegó por WhatsApp y corrió de inmediato a la alcaldía.

-Evelyn, acaban de balear a Javier Aravena–gritó desesperada.

Ambas mujeres corrieron a las dependencias donde se encontraba el jefe de operaciones de la Dirección de Seguridad Ciudadana, un ex policía retirado, mientras llamaban a carabineros y solicitaban una ambulancia. Cuando llegaron vieron cómo el funcionario se paraba del piso y aparecían desde todos los rincones rostros sonrientes cantando “cumpleaños feliz”. La sangre era ketchup y el atentado un planificado sketch para sorprender a la “jefa” en el día de su cumpleaños.

La Directora de Seguridad Ciudadana, Rocío Brizuela, llegó al municipio de Providencia en la administración de Matthei, proveniente de la Municipalidad de Puente Alto, donde se desempeñó como directora de Desarrollo Comunitario hasta noviembre del año 2016.

Brizuela fue la encargada de implementar el nuevo proyecto de seguridad de Providencia –inspirado en el modelo de Tolerancia Cero aplicado en Nueva York– que buscaba reducir los índices de delincuencia e incrementar los recursos en materia de seguridad.

Para esto Matthei generó una Corporación de Derecho Privado, junto a los municipios de Santiago y Estación Central, que fue bautizada por la prensa como La Liga Antidelincuencia. En este marco se inauguró, el 11 de julio de 2019, la Central de Coordinación Operativa en la 19 Comisaría. En la oportunidad, el General Enrique Basalletti –quien comparó durante el estallido social el tratamiento del cáncer con el uso de armas antidisturbios– reconoció que se trataba de un modelo de seguridad que buscaba generar un trabajo coordinado entre carabineros y el municipio.

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Lo cierto es que luego del estallido social, el trabajo mancomunado se hizo más intenso. El Desconcierto publicó dos reportajes que daban cuenta de funcionarios municipales infiltrados en la Primera Línea y de la existencia de una brigada (B.I.C.I.P.) encargada de realizar labores de inteligencia.

Hasta ahora, sin embargo, se desconocía que las imágenes que llegaban a la sala de monitoreo, tras derribar la cámara que se encontraba frente al monumento de Baquedano, provenían desde el edificio con forma de aparato telefónico, inaugurado el año 1996, perteneciente a una transnacional de las telecomunicaciones que obtuvo ganancias en Chile, en el año 2018, por $19.597 millones.

El Desconcierto no sólo tuvo acceso a las imágenes provenientes de la sala de monitoreo, sino que comprobó con un perito audiovisual de la Corte de Apelaciones de Santiago, que las fotografías no habían sido intervenidas y que el tiro de cámara correspondía al edificio de la Telefónica. Ricardo Pastene, el experto en cuestión, concluyó luego de analizar una de las imágenes que “la foto correspondía al formato y no presentaba alteraciones, lo que comprueba que no fue intervenida”. Respecto al lugar donde estaría emplazada la cámara que captó las imágenes, aseguró que el “ángulo de inclinación de la foto –un contrapicado–, sumado a la distancia con el objetivo, coincide con un edificio de al menos 90 metros de altura y el único de esas características en esa dirección es el edificio de la Telefónica (tiene 143 metros). No cabe otra posibilidad”, concluyó.

La empresa de telecomunicaciones Movistar, Carabineros y el Municipio de Providencia, no respondieron las preguntas que le envió este medio y se limitaron a contestar que por razones de seguridad no podían entregar mayores antecedentes. Ninguno de los tres negó la existencia de cámaras, ni tampoco aclaró en virtud de qué convenio o plan piloto se generó esta particular alianza.

Al solicitar antecedentes a Contraloría respecto a esta situación, la entidad fiscalizadora respondió que no ha existido ningún pronunciamiento sobre este tipo de convenios, ni tampoco se ha ingresado alguna denuncia hasta ahora.

Periodismo de anticipación

El 27 de febrero de este año, dos días después de entregarle una serie de preguntas al Departamento de Comunicaciones de la Municipalidad de Providencia, apareció una nota en el diario Las últimas Noticias, explicando que diez de las 50 cámaras de seguridad del municipio, habían sido destrozadas después del 18 de octubre y que en adelante utilizarían otras modalidades de vigilancia: instalar cámaras municipales en edificios privados o utilizar los mismos equipos de los inmuebles adaptándolos al sistema de televigilancia.

Rocío Brizuela aseguró en Lun que “entraremos en un proceso de pedir permiso a los privados para que nos dejen usar sus edificios, buscar financiamiento ya sea privado o del gobierno regional o de la municipalidad para la compra de los equipos”. Al final de la nota, la Jefa de la Dirección de Seguridad Ciudadana, aseguró que el proyecto habría sido pensado hace dos años.

Lo curioso de la noticia –un ejemplo portentoso de periodismo de anticipación–, fue que todo sucedería a futuro, omitiendo que ya existían antecedentes sobre el uso de cámaras en edificios privados.

¿Qué se hace entonces cuando frente a nuestras narices operan estos principios de confabulación? ¿Cuándo nadie responde a nuestras preguntas? ¿Cuándo estamos siendo grabados en el espacio público y no sabemos que hacen con esas imágenes?

Veamos. Si el municipio instala cámaras en recintos privados no es ilegal, porque está facultado para arrendar espacios para poner antenas, letreros y también cámaras. El ejemplo más claro de este tipo de convenio es Estadio Seguro: entidades privadas que ponen a disposición de carabineros o el Ministerio del Interior sus propios aparatos de televigilancia.

–Éticamente no veo cómo se puede reprochar a un municipio o una autoridad pública de negociar con el sector privado una ayuda o colaboración. Hoy día cuando se habla de seguridad ciudadana, se habla de coproducción de seguridad entre sector público, privado y comunidad–, explica Franz Vanderschueren, director del Centro de Seguridad Urbana de la Universidad Alberto Hurtado.

Para Eduardo Vergara, ex jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, el problema va por otro lado. “Da lo mismo si las cámaras están ahí y son de propiedad privada. Lo importante es saber: ¿Quién solicita ese material? ¿Quién define lo que se graba? ¿Hacia dónde apuntan esas cámaras? ¿A quién se vigila? ¿Por qué imágenes de personas que marchan tranquilas terminan en manos de Matthei?”, se pregunta.

De ahí la importancia de los convenios, asegura Lucía Dammert, directora del Centro de Estudio Espacio Público, para que en caso de “cualquier utilización ilegal de información, pueda existir un responsable”.

La legislación en nuestro país, sin embargo, es bastante laxa respecto a la protección a la privacidad de las personas (Ley 19.628). El Informe Anual de Derechos Humanos del año 2017, elaborado por el Centro de DD.HH. de la Universidad Diego Portales, asegura que incluso en el espacio público o de libre acceso, las personas son titulares del derecho a la privacidad. “Lo cierto es que en el derecho internacional de los derechos humanos, como en el derecho constitucional comparado, el espacio público no elimina las expectativas de privacidad de las personas”, señala el informe.

Otro aspecto a considerar, agrega Vergara, es que la seguridad privada de los municipios es regulada por Carabineros de Chile, lo que a su juicio acarrea un problema mayor. “Si hasta el día de hoy el gobierno no ha podido garantizar que carabineros actúe dentro del marco del respeto de los derechos humanos, es prácticamente imposible asegurar que la seguridad privada sí lo haga”.

El dilema de esta relación, aseguran varios expertos, es el evidente conflicto de interés cuando funcionarios de carabineros otorgan autorizaciones a empresas y luego terminan trabajando en las mismas compañías. Y en el caso de la famosa cámara de televigilancia del edificio telefónica sucedería algo similar. Carabineros, en el fondo, es juez y parte: por un lado fiscaliza y por el otro haría usufructo de las imágenes.

Sobre las motivaciones de la empresa, Franz Vanderschueren, asegura que el sector privado chileno está muy bien informado. “Seamos realistas, ellos saben lo que pasa dentro del país y disponen de medios para informarse. Lo que buscan es saber hasta qué punto sus intereses serán tocados”.

Lo último que se supo del emblemático edificio ubicado a un costado del Parque Bustamante, fue que en pleno estallido social el grupo Patio retiró su oferta de compra. Hoy sus accesos están cerrados por gruesas láminas de fierro y en lo alto apenas se divisan varios puntos negros. Uno de ellos, si se acerca a la Plaza de la Dignidad, podría terminar grabándolo a usted.