Las personas, así como las instituciones y las organizaciones, elaboramos argumentos y visiones sobre las cuales se cimenta ese horizonte hacia el cual avanzamos mediante acciones concretas. De este principio no están exentos los gobiernos, que plasman sus ideas en programas que proponen a la ciudadanía en los procesos electorales y que se espera vayan concretando en políticas públicas, en muchos casos como proyectos de ley que se envían al Congreso.

Tanto en campaña como al iniciar su administración, Gabriel Boric instaló un relato asociado a la aspiración a ser el primer gobierno ecologista de Chile. En esta senda, el primer hito -muy importante- fue impulsar la ratificación del Acuerdo de Escazú, que se materializó en mayo de 2022. Sin duda una decisión relevante que daba a entender que había interés en concretar medidas robustas en lo ambiental.

Tras ese paso, con el correr de los meses la señal se fue diluyendo, dando el Ejecutivo en esta área sólo continuidad a la tramitación del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, a la moción parlamentaria que establece restricciones en zonas saturadas y latentes, y a la iniciativa que sanciona delitos económicos, incluyendo los de carácter ambiental. Logrando que los tres fueran aprobados.

Un dato: todos estos proyectos venían de gobiernos anteriores.

En cuanto a los mensajes presidenciales de la actual administración, desde el 11 de marzo de 2022 a la fecha se han ingresado poco más de un centenar de proyectos de ley. De este total, además del Acuerdo de Escazú, están vinculados con lo medioambiental el que viabilizó el cierre de la fundición Ventanas, en respuesta a episodios críticos de calidad del aire y no necesariamente como parte de un plan para hacerse cargo de un historial de contaminación y vulneración de derechos humanos. Si así lo fuera, se estaría iniciando un programa con todas las zonas de sacrificio que existen en Chile por responsabilidad de los sectores minero y energético.

A lo anterior, se suman dos proyectos que podrían tener carácter de “socioambiental”: el que fomenta la reutilización de aguas grises en la agricultura, que más bien es del sector productivo y no tiene mucha justificación toda vez que ya contamos con una ley de aguas grises, la cual carece de reglamento para su ejecución; y el de transición energética, que posiciona la transmisión eléctrica como un sector habilitante para la carbono neutralidad y que sigue la lógica de la utopía full electric sin apuntar a un cambio del modelo de desarrollo insustentable.

En este casi año y medio de gobierno, el leitmotiv de ser “primer gobierno ecologista de Chile” se fue repitiendo e instalando sistemáticamente, pero -a la luz de los hechos- no hay una hoja de ruta legislativa clara que respalde aquello. Un problema, porque en política no basta con parecerlo, también hay que serlo.

Porque, más allá de algunos anuncios, como un proyecto de ley para reciclar residuos orgánicos, el fortalecimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente (que recién pasó su revisión por parte del Comité de Ministros para la Sustentabilidad) o el mejoramiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, hasta ahora no han arribado al Congreso mensajes presidenciales estructurales de índole medioambiental.

El balance es claro: menos de un 3% de los proyectos ingresados al Congreso por el gobierno de Gabriel Boric, que podrían dar cuenta de su impronta, pueden ser calificados de “verdes”. Es así como mes a mes, día a día, el compromiso de un gobierno ecologista, tan reiterado en la prensa nacional e internacional, se ha ido vaciando de contenido.

Al contrario, incluso en algunos casos se ha ido retrocediendo en los planteamientos, como lo fue uno de los puntos de acuerdo para destrabar el royalty minero que compromete “reducir en un tercio el tiempo de tramitación de permisos para proyectos de inversión minera, sin que ello afecte el cumplimiento de la normativa ambiental”.

Más allá de lo que viene luego del “sin que ello…”, sabemos lo que esta frase significa al estar radicado el proceso en la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, presidida hoy por el ex Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras nombrado por Sebastián Piñera, Raphael Bergoeing Vela.

Paulatinamente comenzamos a ser testigos de cómo un gobierno autodenominado “ecologista” fue dando un giro hacia uno con un claro enfoque extractivista, ligado a un renovado colonialismo.

La aprobación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP11, por sus siglas en inglés) involucra sustentar el extractivismo mediante una agresiva profundización del modelo exportador.

Lo mismo la modernización del Acuerdo de Asociación Chile-UE firmado en 2002 (proceso de actualización que recibe el nombre de Acuerdo Marco Avanzado y que se espera concluya a fines de año), donde los productos estrella son el litio, el hidrógeno (¿verde?) y el cobre; el acuerdo con Francia mediante una reciente “declaración conjunta sobre la creación de un Grupo de Trabajo bilateral sobre el hidrógeno bajo en carbono”; y las palabras del presidente de España, Pedro Sánchez, en la visita de Gabriel Boric al país ibérico, en el marco de la Cumbre UE-CELAC que se realizó del 17 al 18 de julio en Bruselas: “Son dos sectores (hidrógeno verde y litio) de enorme importancia que nos refuerzan mutuamente, puesto que contribuyen al desarrollo económico de Chile y a la autonomía estratégica abierta de la Unión Europea”, dijo el líder hispano.

El objetivo es mantener, sin cambios de fondo, el insustentable modelo de vida del hemisferio boreal. Insustentable porque el planeta no alcanza para que toda la población mundial actual viva como los europeos. Entonces, alguien deberá pagar la factura.

La verdad es que la ofensiva tras el hidrógeno industrial (H2V le llaman, aunque de verde poco tiene) contempla un uso extensivo e intensivo de los territorios y de agua, mucha agua. Si bien su producción pareciera ser (y se promociona como) noble, la realidad es muy diferente, más aún cuando ya se aseguró que su desarrollo será 100% privado. Desalinizadoras, puertos, cientos de miles de hectáreas para proyectos eólicos o solares es la misma lógica heredada del gobierno anterior.

Este nuevo relato se aceleró con la publicación de la Política Minera 2050 a principios de este año, que establece que Chile debiera producir 7 millones de toneladas de cobre al 2035 y 9 millones al 2050, esencialmente para exportación. Esto no es menor considerando los niveles de agua y energía que requiere esta industria, además de la contaminación que genera.

En este contexto, la aprobación en abril de la expansión de la Mina Los Bronces (de Anglo American Plc), a través del proyecto Los Bronces Integrado, dio una señal más allá de lo gramatical: la votación unánime de los titulares de Medio Ambiente, Minería, Salud, Agricultura, Economía y Energía en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad enterraba el “compromiso ecologista” mientras daba a luz la “realidad extractivista”.

El mismo derrotero sigue la Estrategia Nacional del Litio. Si bien el Estado tiene el derecho a fijar su participación en dicha industria, lo que no se comprende es la expansión de su extracción tanto en el Salar de Atacama como en más de 40 salares prístinos, actualmente sin intervención industrial. La invitación es clara: que los países “desarrollados” nuevamente aterricen en Chile para expoliar los ecosistemas altiplánicos, con el fin de sostener el creciente consumo del norte global.

Ya lo vimos, las señales entregadas por los ministerios de Hacienda y Economía en el sentido de acelerar la entrega de permisos a mega proyectos (fast track se le llama a aquello) y reformar incluso el SEIA para facilitar las inversiones (que partió liderando Medio Ambiente pero que hoy difunde Hacienda, lo cual es una clara señal política), profundiza la óptica extractivista de dichos ministerios (y del gobierno), impulsando un desarrollo a cualquier costo. Un escenario que deja en muy mal pie a nuestro país para enfrentar las crisis climática y ecológica dadas sus vulnerabilidades (presentamos 7 de las 9 identificadas), por lo cual este tipo de decisiones está poniendo en riesgo incluso a la población.

Como sociedad debemos preguntarnos cómo podemos hacer un giro a nuestra economía para enfrentar los predicamentos que ya tenemos sobre nosotros. No es viable plantear que el extractivismo se acabe de un día para otro, pero al menos se esperaría que un “gobierno ecologista” no lo profundizara, apostando por actividades económicas relacionadas con la preparación, adaptación y resiliencia para abordar las crisis socioambientales.

Agricultura regenerativa, reforestación con especies nativas, soluciones basadas en la naturaleza como la protección de humedales, salares, turberas, cautelar las cabeceras de cuenca y ciudades verdes, por nombrar sólo algunos ejemplos, son acciones validadas por la ciencia y con múltiples cobeneficios. Win-win, como gusta decir a los impulsores del modelo de desarrollo que nos tiene en el dilema civilizatorio actual, del cual será difícil comenzar a emerger si el gobierno de Gabriel Boric se mantiene en la senda que, en algún momento, comenzó a transitar.

Porque la crisis climática es parte de una crisis mayor: la ecológica. El 27 de julio, el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, nos notifica que el planeta se encuentra en estado de ebullición global. Días posteriores, específicamente el 2 de agosto, fue noticia que agotamos como humanidad el consumo de los recursos globales para el año 2023.

Enfrentar este desafío no se restringe sólo a emitir menos gases de efecto invernadero. Se trata de cambiar nuestra forma de habitar el planeta. Eso es lo que haría una sociedad y un gobierno ecologista.

Lo contrario es, simplemente, hacernos trampa en solitario.