Durante febrero de este año el Parque Nacional Radal Siete Tazas, ubicado en la comuna de Molina, Región del Maule, estuvo cerrado a los visitantes. Un incendio forestal que quemó 13.800 hectáreas estaba consumiendo los bosques cercanos; además, sus famosas pozas naturales tenían el agua estancada por el bajo caudal que las alimenta, perteneciente al Río Claro, que nace en el Volcán Descabezado Grande para desembocar en el Río Maule. “Este año que recién pasó nos pudimos percatar, cosa que no habíamos visto antes, que hay sectores dentro del bosque donde hay árboles aislados que están completamente secos, y esto es producto del estrés hídrico”, comenta Aldo Reyes, administrador del parque desde el 2010.

En el costado suroeste del terreno del Radal se emplaza el Fundo El Guanaco, vecino por la ribera sur del Río Claro. Este fundo cuenta con alrededor de 7.000 hectáreas, un área mayor a la que administra el Parque Nacional, que es de 5.147 hectáreas. En estas tierras de destino agrícola se está desarrollando un proyecto inmobiliario que contempla 113 parcelas unifamiliares de aproximadamente una hectárea, más siete lotes comunes.

El proyecto no ha ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), pero hay una controversia respecto de si debe hacerlo o no. Esto, porque hay un artículo de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente que indica que los proyectos aledaños a áreas protegidas deben someterse a evaluación. Aunque las autoridades no consideran ese artículo al determinar quiénes deben ser evaluados, la Corte Suprema, en un caso similar del 2019, determinó que “toda obra, programa o actividad próxima a un área protegida susceptible de ser afectada por esta”, debe ingresar al SEIA.

En internet ya se estaban vendiendo lotes del condominio, cada uno a un precio de $27 millones. Durante la investigación se vieron tres páginas inmobiliarias con la venta de EntreParques, pero actualmente solo una sigue vigente. Por otro lado, al buscar en el sitio web del SEIA no se encuentra ninguna información sobre él.

De acuerdo a expertos y activistas ambientales, el avance de las obras del proyecto inmobiliario puede generar graves impactos ambientales en el ecosistema del Parque Siete Tazas y sus alrededores debido al aumento del flujo de personas, la fragmentación del terreno y la introducción de animales domésticos.

José Arturo y Miguel Ángel Iracheta Cartes están detrás de la inmobiliaria responsable de EntreParques. Los hermanos Iracheta Cartes y sus familias son quienes poseen las acciones y derechos del predio El Guanaco, vecino inmediato del Parque Siete Tazas, separados tan solo por el Río Claro, el cual también marca el límite entre las comunas de San Clemente y Molina. Según lo que han observado los funcionarios del parque, este proyecto se está desarrollando desde hace aproximadamente dos años. Aldo Reyes reconoce que es una preocupación por el impacto que puede causar, pero desde Conaf no pueden hacer nada porque es un terreno particular.

El Guanaco

Reserva privada con 113 parcelas de alrededor de una hectárea, más otros siete lotes de espacio común. Cada casa podrá ser de hasta 1.000 metros cuadrados, con un arranque de agua potable. 1.200 hectáreas de bosques nativos, sectores de baño en las riberas de los ríos Claro y Radal. Actividades outdoor como cabalgatas, senderos para caminatas, mountain bike, pesca y descenso en nieve virgen. Potreros, pesebreras y corrales. Así es como la Inmobiliaria Parque El Guanaco vende su proyecto “ecológico” que, según su página, se ubica a 4,1 km del Parque Nacional Siete Tazas, pero al revisar en Google Maps se ve que la distancia al Parque Inglés, sector de gran interés turístico del parque, es menor.

“Somos vecinos a un metro del otro. La parte donde están los lotes tienen una distancia variable, hay algunas que están alrededor de unos 4 kilómetros, pero hay otras que están más cerca. Me parece que donde han parcelado hay otras que de seguro se encuentran más cerca del parque”, especifica el administrador del Parque Nacional Radal Siete Tazas. Esto implicaría que el condominio está dentro del área de influencia ecológica o zona buffer, un corredor biológico donde podría haber desplazamiento de la fauna, ya que, si bien la superficie del parque y la reserva es restringida, el trabajo de conservación no se limita solo a ese terreno. Según Aldo Reyes esta podría abarcar aproximadamente 12 km fuera de los límites del parque.

Este condominio se ubica en el Lote B del Fundo El Guanaco, el cual nació de la subdivisión de El Guanaco, predio de más de 7.000 hectáreas de uso agrícola inscrito a nombre de la sociedad Servicios Agrícolas Mecanizados Limitada, administrada por los hermanos Iracheta Cartes, reconocidos empresarios de Talca. Ellos también representan a la Inmobiliaria Parque El Guanaco Limitada, constituida el 2018 por Servicios Agrícolas Mecanizados Limitada y Compañía de Inversiones Fundo El Guanaco Limitada, otra de sus sociedades.

Sobre los terrenos del Fundo El Guanaco Lote B, aún no existirían permisos de edificación, según los documentos entregados por la Dirección de Obras Municipales de San Clemente con el rol del predio

Además, este rol se encontraría actualmente en estado de subdivisión total, información que entrega el Servicio de Impuestos Internos (SII) cuando se consulta por los antecedentes del bien raíz. Al revisar el registro del fundo en el Conservador de Talca, ya están presentes las subdivisiones realizadas y también las ventas de loteos que se han efectuado hasta el momento.

Rol del Lote B Fundo El Guanaco. Fuente: Dirección de Obras Municipales de San Clemente

Instituciones pertinentes

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) se encarga de revisar, a través del SEIA, si los proyectos que ingresan cumplen con la legislación ambiental vigente y si se hacen cargo de los potenciales impactos al medio ambiente. Los titulares pueden hacer una consulta de pertinencia para saber si deben entrar o no al sistema, una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y/o un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

La Ley 19.300 establece las Bases Generales del Medio Ambiente. En el artículo 10 se especifican aquellas obras que deben ser ingresadas al SEIA, la letra p) menciona la “ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, (...) o en cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita”. Pero, en el artículo 11, que establece cuáles proyectos que se incluirían en el artículo anterior deben elaborar un EIA, la letra d) incluye los que tengan “localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, (...) susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar”.

Kay Bergamini, ex jefe de División de Fiscalización de la Superintendencia del Medioambiente y ex director regional del SEA de la Región Metropolitana, aclara que lo que importa realmente es el artículo 10, donde se establece quiénes deben ingresar su proyecto al SEIA. En cambio, el artículo 11 sólo afecta la vía de entrada, ya que determina cuáles deben realizar un EIA, instrumento de revisión más complejo. Por lo tanto, aquellos proyectos que solo cumplan con el artículo 11 y no con el 10, como lo es EntreParques, no tendrían que ingresar al sistema, a pesar del impacto que pueden causar.

Esta información es confirmada por Alejandro Christen, director regional del SEA del Maule. La autoridad reafirma que el artículo 11 no tiene relación con los proyectos que deben ingresar al SEIA, lo cual es determinado por el artículo 10. Además, destaca que hay otros instrumentos de gestión ambiental existentes para las zonas en donde hay áreas protegidas, con los que se debiesen cumplir.

Al consultar sobre esta contraposición entre los artículos a Ignacio Martínez, abogado de Fundación Terram, organización que trabaja por la creación de un modelo de desarrollo país sustentable desde el año 1997, menciona: “De acuerdo a una interpretación armónica, lo que se ha entendido de los proyectos que se emplazan próximos a un área protegida y que sean susceptibles de afectarla, en este caso, el Radal Siete Tazas, deberían ingresar al SEIA a través de un EIA. Esta interpretación incluso la ha tenido la Corte Suprema en algunos casos”. Uno de estos fallos es del año pasado en las dunas de Concón.

Extracto del fallo de la Corte Suprema por caso en Dunas de Concón. Fuente: Corte Suprema.

Especies conservadas

La mayor parte del Radal Siete Tazas adoptó la categoría de Parque Nacional el 27 de marzo del 2008, pero se mantuvo un sector como Reserva Nacional, conformada por aproximadamente mil hectáreas no públicas. La principal atracción del parque son las pozas formadas por el caudal del Río Claro, las cuales se encuentran en el sector Siete Tazas y Parque Inglés. El parque se ubica en la comuna de Molina, declarada zona de escasez hídrica desde el 9 de marzo hasta el 9 de septiembre del 2020. Según la medición de agua caída por lluvia que hace el parque, hasta el 10 de junio esta era un 59% menos en comparación al año pasado, siendo que el 2019 fue considerado el año más seco en la historia del lugar. A esto se suma que durante este verano tuvo sus puertas cerradas a los visitantes, debido al bajo caudal del río y a la amenaza que significó el incendio forestal que consumió aproximadamente 14.000 hectáreas cercanas al parque.

Esta situación mejoró con las últimas lluvias registradas este 2020, de hecho, Conaf llegó a registrar un total de 550 mm de agua caída hasta el martes 23 de junio, la mayor a la fecha en los últimos cinco años. Para el 17 de julio se podía ver una acumulación de nieve en las zonas altas del parque, pero según el administrador, esto no significa que el agua perdure hasta el verano. “No sé si con lo seco que estuvo durante tantos años, y las altas temperaturas de los últimos tiempos, asegure que el río se comporte en verano como aquellos años normales”, dice.

El área protegida busca conservar el bosque nativo presente en el lugar, dentro del cual se encuentra el Bosque Caducifolio de la Montaña, que posee especies como el roble y raulí. También cuenta con el Bosque Esclerófilo de la Montaña, resistente a sequías y climas extremos, y la Estepa Alto Andina de los Andes Maulinos. Bernardo Reyes, ecólogo y director de la ONG Ética en los Bosques, destaca la presencia del bosque maulino de la zona, el cual se ha visto reducido por la ganadería, la agricultura y, en los últimos años, el monocultivo forestal de pino y/o de eucaliptus.

Dentro de los objetos de conservación también existen especies de fauna como el puma, la güiña, el gato colo-colo, pudú, entre otras. Bernardo Reyes especifica que estas son especialmente frágiles ante la presencia humana y el ruido. Cabe mencionar que para algunas el parque es el límite norte de distribución, es decir, que solo se encuentran desde este sector hacia el sur. Entre estas se encuentran el carpintero negro, el pudú y el gato güiña. Además, en la flora se puede apreciar la luma del norte, siendo uno de los cuatro puntos del mundo donde está presente esta especie en peligro de extinción.

“Esa magnitud de estrés que están soportando los bosques esclerófilos de Chile, y por la escasez y ubicación estratégica que tienen, implica que idealmente ese proyecto debiera ser de conservación, no un proyecto inmobiliario. Si fuera inmobiliario tendría que ser un proyecto muy bien diseñado, para mantener y establecer una reserva natural en la zona de amortiguación del Parque Radal Siete Tazas”, declara el director de Ética en los Bosques. Además, añade que estas características no se ven en la presentación de la página web del proyecto.

Al ser un territorio con bosque nativo, cada vez que algún dueño quiera realizar alguna acción que pueda afectarlo, debe preparar un Plan de Manejo de Bosque Nativo, el cual tiene que ser aprobado por la Conaf. En el directorio online de Planes de Manejo aprobados por la institución, hay solo un registro del Fundo El Guanaco, realizado el 2011. Al contactarnos con la jefa del Departamento de Fiscalización y Evaluación Ambiental de la Conaf del Maule, Norma Retamal, confirma que dicho Plan se refería a “actividades a ejecutarse en el período 2011 al 2018, por cuanto ya se encuentra expirado. Y, como se indica, su objetivo es efectuar actividades silvícolas de poda y raleo y no para efectuar acciones en función del proyecto inmobiliario”.

Posibles amenazas

Los expertos y activistas del medio ambiente coinciden en que el proyecto presenta una amenaza al ecosistema del lugar. Esto se generaría por el aumento en el flujo de personas, ya que este movimiento perturba al ambiente por la huella que dejamos y el ruido que genera nuestra presencia. Además de los residuos que se van acumulando y el consumo de los recursos de la zona.

Otro ámbito que preocupa a los especialistas es el ingreso de animales domésticos que traería el proyecto, los cuales ponen en peligro la fauna nativa y traen enfermedades nuevas. Según Aldo Reyes, administrador del Radal Siete Tazas, el perro es una de las principales amenazas para el pudú, ya que cada vez que encuentran uno herido, es porque ha sido atacado por canes. Por último, la fragmentación de un fundo grande, que consiste en la implementación de cercas de división y la construcción de propiedades, hace que el desplazamiento de los animales nativos se vea limitado, lo que produce finalmente la reducción de sus hábitats.

El administrador asegura que para el parque “cualquier intervención que implique una mayor cantidad de gente por el sector y una mayor necesidad de recursos de cualquier tipo, principalmente de agua, siempre es una preocupación. Empezar a dividir un fundo grande y hacer pequeñas parcelitas dentro va sin duda a multiplicar la amenaza”.

Desde Ética en los Bosques creen que existe la posibilidad de reducir los daños de un proyecto de esta magnitud, usando mecanismos más amigables con el medio ambiente al momento de construir y estableciendo limitaciones para los propietarios de las viviendas. La organización mostró interés en comunicarse con los dueños del proyecto para recomendar opciones que disminuyan el impacto.

Las autoras de este reportaje contactaron a quienes están a cargo de EntreParques para conocer su punto de vista frente a la preocupación por la conservación de la flora y fauna protegida de la zona. Sin embargo, hasta el día de hoy no han entregado respuesta a las preguntas.

¿Qué pasa a nivel país?

Frente a las falencias que existen en la fiscalización de proyectos inmobiliarios cercanos a áreas protegidas y del SEA, para los expertos entrevistados, la solución más viable es la aprobación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), proyecto de ley que se encuentra en trámite desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Según Martínez, este organismo busca unificar lo que hoy se distribuye en varias instituciones, permitiendo garantizar, resguardar y conservar las áreas protegidas, además de regular que haya un adecuado turismo y desarrollo.

Hoy el proyecto tiene suma urgencia para su discusión. Pero desde agosto del 2019 ha estado alternando entre la urgencia simple y la suma en la Cámara de Diputados (segundo trámite constitucional), retrasando aún más la adecuada gestión de las áreas protegidas del país.

“Este reportaje fue realizado por Sofía Roblero y Sofía Norman, estudiantes del curso Taller de Periodismo Avanzado, de la sección que conduce el profesor Pedro Ramírez, en la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile”

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