Los glaciares que aportan agua a Santiago se están derritiendo en forma adelantada, y para mediados y fines de este siglo su aporte al caudal del río Maipo en meses de primavera y verano habrá disminuido un 75%, acotando las posibilidades de la RM para abastecerse de agua en épocas secas. Así lo prevé un estudio encargado por Aguas Andinas y la Junta de Vigilancia del Río Maipo. El estudio no contempla la afectación directa de la actividad industrial en la zona y su afectación adicional a los glaciares, donde operan grandes faenas mineras y un mega proyecto hidroeléctrico, Alto Maipo, que está culminando su construcción en una cuenca ya presionada por la sequía.

Ante este escenario, gana terreno la iniciativa ciudadana de crear un Parque Nacional en el valle de los ríos Colorado y Olivares (afluentes del río Maipo), que alberga más de 300 glaciares y es el último gran territorio fiscal disponible en la zona central de Chile. La campaña Queremos Parque reúne a más de 150 organizaciones, 190.000 mil firmas, y cuenta con el respaldo de gran parte del Congreso. Sin embargo, el Ejecutivo todavía no se ha pronunciado al respecto. Mientras tanto, secciones del terreno se entregan en concesión a privados, generando preocupación de la comunidad.

Predio fiscal donde se propone el Parque Nacional. Fuente: Glaciares Chilenos.

Queremos parque

“Actualmente Bienes Nacionales está entregando partes del terreno al primer privado que llega, sin una planificación. No estamos de acuerdo con ese enfoque que fracciona el territorio y pierde la oportunidad con este gran espacio. Creemos en un gran parque público con un solo plan de manejo orientado a democratizar el acceso a la montaña, al turismo y a la conservación. Restaurar los ecosistemas y vegetación de la zona para mejorar la retención de agua puede ser un gran aporte para la seguridad hídrica”, reflexiona Pilar Valenzuela, coordinadora de la campaña.

La polémica se encendió la semana pasada cuando el medio Interferencia informó que la Asociación de Municipalidades Parque Cordillera (APC) ingresó una solicitud a Bienes Nacionales para hacerse con parte de este predio e implementar un parque natural (denominación que no corresponde a ninguna categoría oficial de protección), y con financiamiento de Anglo American, que cuenta con varias concesiones mineras en la zona. Cabe mencionar que dos de estos municipios son parte de quienes tienen que evaluar el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de ampliación de la faena Los Bronces.

En la solicitud de la APC a Bienes Nacionales, publicada por el mismo medio, se detalla que gran parte del financiamiento es por “aportes privados (convenio de colaboración Anglo American –APC) y otros aportes”. Desde Anglo American, sostienen que el convenio que menciona dicho documento no existe.  “Nuestra compañía no ha adquirido ningún compromiso ni acuerdo con la Asociación Parque Cordillera para financiar un parque en la zona del río Olivares, como erróneamente menciona el artículo. Anglo American solo participa del proyecto ‘Puesta en Valor Parques Cordillera’ que desarrolla la APC y cuyo objetivo es implementar iniciativas relacionadas con infraestructura, uso público, educación ambiental y seguridad. Con todo, es importante aclarar que la relación entre nuestra compañía y APC se encuentra pausada por mutuo acuerdo, desde inicios de este año”, manifiestan.

Con o sin financiamiento de Anglo American, desde la campaña rechazan que se entregue una parte del territorio para un parque sin protección oficial, administrado por una asociación municipal sin contraparte que se especialice en conservación. La intención de declarar un Parque Nacional, confiere al sector un grado de protección al ser parte de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado y aunque no prohíbe totalmente la actividad industrial, da ciertas herramientas legales para evitarla. Esto cobra relevancia ya que, según información de Sernageomin relevada por la fundación Plantae, Anglo American cuenta con al menos 75 concesiones mineras en las cuencas Olivares y Colorado, aún sin explotar. La propiedad pública en total suma más de 200 concesiones.

Concesiones mineras en el terreno fiscal. Fuente: fundación Plantae / Sernageomin.

¿Áreas protegidas?

Existen distintas legislaciones que se oponen a la hora de evaluar la procedencia de realizar una actividad extractiva en un área protegida. Por un lado está la ley 19.300 de bases del medio ambiente, que en su artículo 10, p) permite dichas actividades, siempre y cuando se sometan a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Por otra parte, está la Convención de Washington que no las permite. El Código Minero sí las permite cuando haya permiso de la o el intendente regional.

La inclinación de la balanza queda a la vista en un catastro realizado por la bióloga de Chile Sustentable Isabel Manzur, revelando que, de 173 áreas protegidas estudiadas, en 73 de ellas existen desarrollos o intenciones de desarrollar actividades industriales. “Por eso se está discutiendo un proyecto de ley sobre el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. El proyecto aún deja algunas puertas abiertas y estamos intentando cerrarlas”, comenta Manzur.

El proyecto, que cursa su segundo trámite legislativo, busca homologar las categorías de áreas protegidas que rigen en el país, con las establecidas por la Union Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) a efectos de ordenar la administración y poder comparar estándares internacionalmente. Además, crea un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que dependerá del Ministerio del Medio Ambiente, y que administrará todas las áreas protegidas del país, hoy en manos de distintos organismos sectoriales.

Glaciares desprotegidos

“El proceso principal que afecta a los glaciares es la subida de temperatura global, que hace que se derritan más en primavera y verano. Los glaciares crecen en invierno cuando cae nieve y retroceden en verano al derretirse, entonces se suma que hay menos precipitación por la sequía. Hay procesos secundarios que pueden afectar el glaciar cuando se desarrolla minería que genera mucho polvo y carbono negro cerca del glaciar”, resume Fabrice Lambert, glaciólogo del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2.

La afectación de las divisiones de Codelco, Anglo American y el mega proyecto Alto Maipo de Aes Gener a los glaciares que alimentan al Maipo y al Mapocho, ha sido documentada y denunciada por glaciólogos y ambientalistas, no solo por el impacto de emisiones contaminantes sino por las tronaduras, las excavaciones bajo los glaciares para construir túneles, y los depósitos de desechos industriales en las laderas. Sin embargo, existe una falta de información: “En Chile no se ha hecho un estudio particular para cada glaciar y cómo es afectado por los distintos procesos industriales. Los estudios particulares que hay son de las mismas empresas”, comenta Lambert.

Este vacío ha permitido varias irregularidades en las actividades que realizan en la zona. En el 2017, la Superintendencia de Medio Ambiente iniciaba un proceso sancionatorio contra Alto Maipo por graves incumplimientos como intervenir en áreas no autorizadas o realizar tronaduras sin un sistema de monitoreo. El pasado mes, DeSmog denunciaba un error en el Estudio de Impacto Ambiental de Anglo American para su expansión de Los Bronces, donde una medición con un estándar incorrecto subestimó la real afectación que tendría la actividad en los glaciares.

La normativa ambiental actual no ha sido capaz de evitar situaciones como estas, incluso en un escenario de escasez hídrica que ha suscitado anuncios, planes y campañas por parte del gobierno. En los últimos años se han presentado varios proyectos que apuntan a proteger los glaciares, con esfuerzos infructíferos. El que se discute actualmente se encuentra entrampado en el Senado desde enero, tras su paso por la Comisión de Minería y Energía.

Sin una legislación que permita proteger los glaciares, las organizaciones de la sociedad civil recurren a otras iniciativas. “La mayoría de las concesiones mineras en el país, sobre todo en la zona central se encuentran cercanas a glaciares. Y la mayoría de los glaciares que se encuentran protegidos dentro de Parques Nacionales están de Los Lagos hacia el sur. Que exista un Parque Nacional, como el de la campaña Queremos Parque que nuestra fundación apoya, podría ayudar a proteger algunos glaciares bajo la convención de Washington”, sostiene Felipe Espinosa, director ejecutivo de la fundación Glaciares Chilenos.

La iniciativa sigue a la espera de alguna señal por parte del Ejecutivo, donde la decisión debería pasar por el presidente y por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Hasta ahora, no ha habido respuestas esclarecedoras. El senador Alfonso de Urresti es uno de quienes apoyan el proyecto, y afirma que el ejecutivo no ha dado señales a favor, sino que se ve al contrario “una ofensiva de la industria minera con intereses en la zona, proponiendo otras figuras sin protección. Lo óptimo sería que el gobierno abra una mesa de diálogo donde participen privados y la ciudadanía, para ver qué hacer con este proyecto donde hay cascadas, cumbres y termas que ni los habitantes de la región ni los chilenos conocen, entre otras cosas, porque el único acceso está restringido por una empresa eléctrica”, reclama.

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