El acceso a información pública se da en un contexto global de escrutinio sobre las políticas de moderación y manejo de datos de Meta.
Facebook, Meta.
La organización Confianza Digital activó formalmente un requerimiento de acceso a información pública con el objetivo de transparentar los acuerdos, normativas y protocolos de trabajo conjunto que vinculan a Meta (matriz de Facebook e Instagram) con las instituciones de persecución penal en el país.
El requerimiento fue ingresado tanto a la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros de Chile y el Ministerio Público. La acción legal se fundamenta en la revelación de dos procesos judiciales que se abrieron a raíz de avisos emitidos por la tecnológica a la Policía de Investigaciones (PDI) debido a supuestas amenazas en Instagram.
En uno de los eventos, el aviso de la firma privada ocurrió escaso sesenta segundos después de realizarse la publicación, permitiendo a las autoridades dar rápidamente con la identidad del autor.
Ante este panorama, la ONG demandó a las instituciones detallar cuáles son las vías de contacto institucionales, qué tipos de datos y contenidos se comparten, cuál es el respaldo normativo que ampara estas gestiones y de qué manera se vigila y resguarda dicha información.
A su vez, el requerimiento contempla la entrega de cifras globales sobre investigaciones en curso, imputaciones, tipologías de delitos vinculados y resoluciones judiciales derivadas de estas alertas.
Esta ofensiva por la privacidad y los derechos digitales se da en medio de un complejo escenario global para el gigante tecnológico.
Meta ha bajado sus estándares de moderación —como la cancelación del monitoreo independiente en suelo estadounidense— al mismo tiempo que pactó un desembolso de hasta US$17.100 millones en los tribunales para frenar querellas por el impacto y diseño adictivo de sus plataformas en la población infantil y juvenil.
“No cuestionamos la actuación frente a amenazas graves. Buscamos conocer bajo qué rules una empresa privada puede detectar contenidos, entregar datos de sus usuarios y activar la intervención del Estado”, expresan.
Desde la entidad recalcaron que esta acción excluye cualquier antecedente de causas específicas o datos de carácter personal. Una vez recolectados los antecedentes oficiales, Confianza Digital procesará y difundirá el informe final para aportar al debate público sobre ciberseguridad, resguardo de la privacidad y fiscalización ciudadana.
