El estudio de Louis de Grange de 2023 que cuestiona la Ley Uber y fue financiado por la misma empresa

Estudio financiado por Uber

Sin embargo, esta férrea oposición podría levantar sospechas de un conflicto de interés. Según el medio LaBot, mientras ejercía como Decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Diego Portales (UDP), De Grange lideró en 2023 un estudio titulado "Impactos de Ley EAT en conductores, usuarios y nivel de emisiones".

En el documento, profundiza en la crítica hacia el reglamento, la exigencia de la Licencia Clase-A y la restricción mínima cilindrada para los vehículos, indicando que más de la mitad de los conductores de las aplicaciones de transporte quedarían excluidos, lo que impactaría en el mercado laboral y en la experiencia de los usuarios.

Lo que levanta las sospechas de un posible conflicto de interés es que el estudio fue financiado parcialmente por Uber, empresa que se vería afectada por el cuestionado reglamento.

En específico, en la página 6 del estudio, en el apartado inferior, se transparenta que "las labores técnicas, asociadas a la extracción, almacenamiento y procesamiento de los datos fueron parcialmente financiadas por Uber Chile".

Frente a un posible conflicto de interés, desde la empresa explicaron a LaBot que "la compañía aportó la información requerida, sin participación en su diseño ni metodología", más no aclararon detalles sobre el financiamiento.

Conductores excluidos y comunas sin servicios

El estudio concluye que casi la mitad de los conductores de aplicaciones quedarían excluidos para realizar servicios. Esta cifra aumentaría considerablemente gracias a la exigencia de la Licencia Clase-A, otro de los puntos en los que hace hincapié. En efecto, el estudio prevé que los conductores inhabilitados ascenderían a un 89%, y en consecuencia, impactando en el 89% de los viajes.

Sobre este mismo punto, también repercutiría en materia de género: un 95% de las conductoras no podrían ejercer el servicio.

Otra de las críticas apunta contra la contaminación y las restricciones por cilindradas: según el estudio, los vehículos bajo los 1.400 cm3 —restricción mínima propuesta en el actual reglamento— emiten entre 16% a 41% menos de emisiones de CO2 y NOx (óxidos de nitrógeno), que los autos que sí cumplirían con la norma.

Los coletazos del reglamento se traducirían, además, en menor oferta de vehículos en comunas rurales como San José de Maipo o Buin, que quedarían casi excluidas de este tipo de servicios. En tanto, los usuarios de las aplicaciones verían un aumento en la espera de los autos, y en algunos casos, quedarían obligados a usar el transporte público, aumentando en un 59% los tiempos de viaje.

La discusión reflota en un contexto en que el ministro De Grange ha sido cuestionado durante los últimos días por una supuesta disminución en la frecuencia de buses del transporte público.

Si bien desmintió la acusación, una minuta del Ministerio de Transportes obtenida por El Desconcierto, y fechada al 26 de marzo, dio a conocer con ocho lineamientos orientados a modificar la operación del sistema. Uno de los puntos apunta a eliminar los buses articulados durante los fines de semana, festivos y en horarios nocturnos. A ello se suma evaluar una reducción de este mismo tipo de buses en horarios valle, de lunes a viernes.