Universidad demoró meses en entregar a alumno certificado para jurar como abogado: Corte ordena emitir documento en 3 días
Todo comenzó cuando, tras terminar la carrera de Derecho en 2022 y finalizar su práctica en mayo de 2025, un egresado inició los trámites para poder jurar como abogado.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, para eso necesitaba, entre otros documentos, el Certificado de Conducta Universitaria, requisito obligatorio para abrir su expediente.
El 17 de noviembre de 2025 pidió formalmente el documento a la Universidad Santo Tomás.
Le informaron que demoraría cerca de un mes y que debía descargarlo desde la plataforma interna. Sin embargo, no pudo acceder, ya que el sistema no reconocía su contraseña y no le permitía recuperarla.
Ante esto, acudió presencialmente en diciembre y envió reiterados correos explicando la situación.
Incluso solicitó que el certificado se le enviara directamente por correo electrónico, pero la universidad insistió en que el trámite debía hacerse por la plataforma, pese a que él no podía usarla.
Con el paso de las semanas, no obtuvo una solución concreta. Según expuso, solo recibió respuestas evasivas y derivaciones entre distintas áreas, lo que terminó retrasando por meses la entrega del documento que necesitaba para titularse.
La universidad sostuvo que el certificado fue emitido el 6 de febrero de 2026 y enviado el 9 de ese mes, descartando que existiera una negativa.
Pero la Corte de Apelaciones de Antofagasta concluyó que no solo hubo retraso, sino que además el documento entregado no cumplía con lo exigido, ya que era un certificado genérico y no uno dirigido a la Corte Suprema, como se requiere para jurar como abogado.
El fallo fue categórico al señalar que la demora fue “abiertamente ilegal” y también arbitraria, al no existir una justificación razonable para la dilación ni para entregar un documento que no servía para el fin solicitado.
Además, el tribunal sostuvo que esta situación afectó su derecho a trabajar, al impedirle avanzar en el proceso de titulación, calificándolo como una “barrera burocrática injustificada”.
Por ello, se acogió el recurso de protección y se ordenó a la Universidad Santo Tomás emitir y entregar el certificado correcto, en un plazo de tres días hábiles, cumpliendo con todas las exigencias formales.
También se condenó a la institución al pago de las costas del proceso.
