Las universidades y sus comunidades bajo un Gobierno de ultraderecha
“Las Universidades son el bastión del conocimiento y son agentes transformadores de la sociedad”, manifiestan en declaraciones las Rectorías de las principales Universidades del Estado, en donde de forma transversal los Planes de Desarrollo Institucionales de estas instituciones, establecen lineamientos institucionales justamente para cumplir con ese propósito.
Sin embargo, el ataque que sufren estas Instituciones en un contexto de ataque al conocimiento, ataque a la ciencia, del cuestionamiento del pensamiento crítico, y por sobre todo, de ataque a la función pública y estatal, abren un camino sombrío respecto al destino de las Universidades bajo un (nuevo) gobierno de ultraderecha en Latinoamérica.
El ataque presupuestario a las Universidades Públicas de Argentina a través de las políticas del gobierno de Milei, acciones que estuvieron precedidas por ataques a carreras universitarias y cierre de instituciones en Universidades estaduales de Brasil por parte del ex presidente Bolsonaro, demuestran que la receta de la ultraderecha para las Universidades Públicas es transversal, hacerlas caer en el desfinanciamiento, focalizar fondos para “carreras rentables” e incluso el cierre de instituciones que no se “consideran estratégicas”. En este contexto, el temor respecto de lo que podría ocurrir en Chile resulta plenamente justificado.
En el caso chileno la Ley 21.094 de Universidades Estatales, que organiza el sistema de universidades, delimita las funciones y quehacer institucional de forma detallada y generalista. Sin embargo, tenemos realidades muy diversas en cuanto a realidad geográfica y territorial, como en niveles de complejidad institucional y administrativa. Esto dificulta establecer condiciones de igualdad frente a la creciente competencia con instituciones privadas de educación superior.
Lo que se proyecta para el período 2026-2030 es un escenario de importantes desequilibrios. En cuanto a la Acreditación, algunas universidades públicas y privadas cuentan con la máxima acreditación otorgada por la CNA, otras presentan resultados dispares que no logran sostenerse de manera uniforme, situación que afecta particularmente a diversas universidades regionales.
En el plano económico, hemos transitado desde discusiones estructurales sobre el modelo de financiamiento —impulsadas especialmente por las movilizaciones estudiantiles desde el 2011— hacia movilizaciones con demandas más específicas y localizadas. Estas buscan cambios particulares dentro de cada institución, pero sin lograr una articulación regional o nacional que permita abordar los problemas estructurales del sistema.
Dentro del mapa universitario, tenemos a Universidades estatales (CUECH), Universidades tradicionales (G9), Universidades privadas, institutos profesionales, entre otros actores. Se trata de un paisaje diverso, con distintos propósitos institucionales, pero con problemáticas comunes: financiamiento, regulación, democratización en la toma de decisiones y, sobre todo, la dificultad de sostener proyectos educativos viables en el largo plazo, debido a que seguimos operando bajo un contexto de competencia entre instituciones públicas y privadas.
Pero ¿qué ocurre dentro de las propias comunidades universitarias? ¿Existen espacios para la construcción colectiva? ¿Se discuten estas problemáticas de manera abierta? El escenario y las respuestas a estas preguntas no son taxativas. A fines del 2023, el saliente Presidente Gabriel Boric firmaba los nuevos estatutos orgánicos de las Universidades del estado, que avanzaron en espacios democráticos, trayendo consigo mayor participación y control interno de las comunidades.
Pero, no basta solo con un control administrativo, también se debe materializar en un control de las comunidades, que permita y produzca un entendimiento entre los actores de estas casas de estudios. Cuestión fundamental para mejorar el rendimiento y la eficiencia de las Instituciones de Educación Superior, algo que muchas veces cae en la intrascendencia, por situaciones internas y disputas entre grupos corporativistas que capturas instituciones públicas y privadas.
Pero volvamos, ya estamos en el 2026, donde la crisis de la Educación Superior Universitaria puede traer consigo el cierre de Universidades o caídas de proyectos regionales universitarios, algo que, ante los ojos de un gobierno de ultraderecha, o no los tiene preocupados, o consideran necesario e inevitable. Es por esto que las comunidades universitarias debemos activarnos, frente a la llegada de un “gobierno de emergencia” que poco, por no decir nada, ha relevado a la Educación Superior.
Entonces, ¿cuáles deben ser nuestras acciones en el corto plazo? Es complejo tener una receta para este mapa que se desarrolla, pero sin dudas, debemos avanzar en espacios de articulación transversales, en donde trabajadores de universidades públicas y privadas logremos instalar la problemática de un sistema que sigue mirando a las Universidades como espacios aislados del proyecto de desarrollo país.
Para nosotros y nosotras, las actorías de las Comunidades Universitarias, nos queda más que reunirnos de forma genuina, sin miramientos entre siglas o universidades de tal o cual origen, como también acercarnos y trabajar de la mano con las y los estudiantes y sus organizaciones federativas.
Es claro que, junto con el avance de los discursos de odio y anti derechos, esta situación no nos pilla en el mejor momento. Pero hay que saber levantarse, por los avances que hemos conseguido y que ha costado años de movilizaciones, pero por sobre todo debemos ser capaces de evidenciar la necesidad de una democracia real, un financiamiento en función del desarrollo institucional, con innovación y eficiencia, en el marco de la defensa de lo público como un “intransable”.
Como escribió el cantautor chileno Patricio Manns: “Nunca el hombre —y la mujer— está vencido; su derrota es siempre breve”. Seguiremos en esa senda: luchando, construyendo y defendiendo lo conquistado. Nuestras universidades, las universidades de nuestros pueblos.
