Inundar la zona: Los primeros 100 días de la ultraderecha

El 11 de marzo de 2026 con José Antonio Kast llega a la Moneda una corriente política que no es nueva en el mundo ni en la región: la ultraderecha contemporánea, aquella que comparte coordinación internacional y repertorio de acción con Trump, Milei y Bolsonaro. Comprenderla es una tarea urgente para quienes, desde la sociedad civil, los movimientos sociales y la política, tendremos que responder a lo que viene.

El primer patrón que emerge con claridad al observar estos gobiernos es la velocidad. No se trata de eficiencia administrativa ni de buena gestión, sino de una estrategia deliberada, teorizada y ejecutada con precisión.

Steve Bannon, el ideólogo del primer triunfo de Trump, la describió sin rodeos: "Los demócratas no existen. La verdadera oposición son los medios de comunicación. Y la forma de lidiar con ellos es inundar la zona de mierda". Hoy esta fórmula ya tiene nombre técnico: flood the zone, inundación de la zona. El propósito es el de un blitzkrieg: aplastar a la oposición antes de que pueda organizarse.

El caso más extremo en la región lo ofrece Milei. A diez días de asumir firmó el DNU 70/2023, un megadecreto de 83 páginas y 366 artículos que modificaba o derogaba centenares de leyes: la ley de alquileres, la ley de tierras, la ley de abastecimiento, el régimen laboral, el sistema de salud, el código civil y comercial. Declaró emergencia pública en ocho materias simultáneas.

Y lo hizo por decreto, evitando el Congreso, aprovechando que los mecanismos constitucionales argentinos exigen el rechazo de ambas cámaras para anularlo. Cuando el Senado lo rechazó meses después, ya era tarde: los despidos en organismos públicos habían ocurrido. La velocidad produce hechos consumados.

Trump, en su segundo mandato, firmó 143 órdenes ejecutivas en los primeros 100 días. Una de ellas instruyó a todas las agencias identificar al menos diez regulaciones a derogar por cada nueva norma que se agregara. Otra aplicó el proceso de revisión presidencial a las agencias independientes, vaciando de facto su autonomía. No eran medidas improvisadas: Stephen Miller, el arquitecto de la estrategia, pasó más de dos meses redactando esas órdenes. La velocidad de ejecución fue posible precisamente porque la preparación fue sistemática. No fue caos: fue diseño.

La saturación normativa cumple al menos cuatro funciones que conviene distinguir. La primera es la desorientación: el volumen hace imposible una respuesta organizada y consistente. La oposición legislativa, judicial y civil se ve obligada a elegir qué batallas dar, perdiendo las demás por agotamiento o abandono forzado. La segunda función es la del hecho consumado: muchas medidas generan consecuencias irreversibles —despidos, extinciones de organismos, derogaciones de protecciones— antes de que sean impugnadas judicialmente.

La tercera es la señalización a los actores económicos: el torrente de desregulaciones funciona como mensaje al empresariado y a los mercados de que el nuevo gobierno va “en serio" con su agenda pro-mercado, generando apoyo antes de que haya resultados tangibles. La cuarta, quizás la más insidiosa, es la normalización: después de cien decretos, el número ciento uno ya no parece excepcional.

Chile tiene una institucionalidad distinta a la argentina o la norteamericana. El presidente chileno no cuenta con un equivalente al DNU para modificar leyes ordinarias. Pero los instrumentos disponibles son significativos: decretos con fuerza de ley en materias delegadas, decretos supremos de amplio alcance, urgencias legislativas que comprimen el tiempo de deliberación parlamentaria —incluyendo la urgencia simple, la suma urgencia y la discusión inmediata—, y reorganizaciones administrativas que no requieren ley.

A eso se suma la posibilidad de aprovechar, en los primeros meses, una oposición que aún no madura como una coalición y un sistema político que tiende a otorgar un período de gracia a los gobiernos entrantes. Las semanas del traspaso y las primeras semanas de gobierno son el momento de mayor vulnerabilidad para quienes deben reaccionar, y de mayor oportunidad para quienes actúan.

La pregunta central, entonces, no es qué hará Kast. Es cómo responderá la sociedad civil y política. Y la respuesta honesta es que, hoy, no estamos preparados para responder a la velocidad que esta estrategia exige. Los movimientos sociales, las organizaciones de derechos humanos, los sindicatos, las organizaciones de pueblos indígenas, las agrupaciones feministas y medioambientales tienen capacidades valiosas y trayectorias relevantes. Pero operamos, en general, en forma sectorial y reactiva. Eso es exactamente lo que la estrategia de saturación normativa explota: la incapacidad de procesar muchos frentes simultáneos con una respuesta articulada.

Lo que viene exige construir, antes de que los decretos lleguen, una arquitectura de coordinación. No una coalición política —eso tiene sus propios tiempos y lógicas—, sino algo más parecido a lo que en teoría organizacional se llama una sala de situación: un espacio compartido de información, análisis y distribución de tareas.

Que cuando el gobierno anuncie una reorganización del Ministerio de Medio Ambiente el lunes, las organizaciones ambientalistas ya tengan el análisis listo el martes, los abogados el recurso preparado el miércoles y la movilización convocada el jueves. Que cuando llegue la urgencia legislativa sobre una ley de seguridad, los movimientos de derechos humanos, los académicos y los parlamentarios afines tengamos un protocolo de respuesta compartido, no improvisado.

Esta coordinación requiere, también, aprender a priorizar colectivamente. No todo decreto tiene el mismo impacto. No toda provocación merece la misma energía. La ultraderecha sabe que una oposición que responde a todo responde mal a todo.

La tarea es acordar qué líneas son irrenunciables —aquellas cuya derogación produciría daños irreversibles en derechos fundamentales, en instituciones de control o en la capacidad futura de organización— y concentrar ahí la fuerza disponible, dejando que otras batallas sean libradas por actores más específicos.

Los primeros 100 días de un gobierno de ultraderecha no son un período de adaptación. Son el período de máxima ofensiva. La experiencia comparada es inequívoca en ese punto. Prepararse para eso no es pesimismo: es realismo. Y organizarse antes de que llegue la primera oleada no es oposición por principio: es la condición mínima para que la respuesta sea efectiva. El 12 de marzo, el trabajo ya habrá comenzado. La pregunta es si estaremos listos.