Empresa estatal israelí Mekorot deja Biobío tras contrato hídrico por USD 329 mil sin informe final y denuncia ante Contraloría

Denuncia por irregularidades en el contrato

En marzo de 2024, la organización Abogados por Palestina presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República cuestionando la contratación.

Entre los argumentos se mencionó la ausencia de licitación pública, la existencia de cláusulas que limitaban la responsabilidad de la empresa y la aplicación de legislación extranjera en el acuerdo.

También se advirtió que el contrato fue suscrito mediante una corporación de derecho privado financiada con recursos públicos.

Según la respuesta entregada por la Corporación Regional de Desarrollo del Biobío a través de Ley de Transparencia, el contrato concluyó por cumplimiento del plazo pactado y la Contraloría Regional del Biobío desestimó la denuncia al no advertir ilegalidades en la contratación.

No obstante, el mismo documento indica que durante la ejecución del contrato solo se registró un pago parcial de $28.995.960 en julio de 2023 y que la consultoría no alcanzó la etapa de entrega de productos finales, por lo que la entidad no dispone del informe final comprometido.

Pese a que la Contraloría Regional no declaró ilegal el contrato, este fue incorporado dentro de su plan anual de auditoría para revisar la forma en que se ejecutaron los recursos públicos asociados al acuerdo.

Cuestionamientos por su rol en territorios palestinos

El caso también ha sido objeto de críticas por el rol que Mekorot desempeña en los Territorios Palestinos Ocupados.

Informes de organismos internacionales de derechos humanos acusan a la empresa de participar en un sistema de expropiación que beneficia a asentamientos israelíes ilegales, mientras restringe el acceso al agua de comunidades palestinas.

Según Abogados por Palestina, la empresa figura en el listado de Naciones Unidas de compañías vinculadas a la ocupación ilegal de Palestina, por lo que sostienen que los Estados deberían evitar contratar con empresas involucradas en esas actividades.

Aunque la Corporación Regional de Desarrollo del Biobío afirmó que la salida de la empresa se debió al cumplimiento del plazo del contrato, desde la organización sostienen que la no renovación del acuerdo responde a la denuncia presentada ante Contraloría y a la presión de organizaciones sociales y medioambientales.

Abogados por Palestina indicó que continuará monitoreando posibles acuerdos similares en el país y reiteró el llamado a reforzar los estándares de transparencia, probidad administrativa y respeto al derecho internacional en la contratación pública.