La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a sala la reforma al sistema político impulsada por el Ejecutivo, uno de los proyectos que el gobierno buscaba avanzar antes del término del actual ciclo parlamentario.
La iniciativa apunta a reducir la fragmentación partidaria y fortalecer la gobernabilidad, incorporando nuevas exigencias para la constitución de partidos y reglas sobre financiamiento y disciplina interna.
La ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, sostuvo que existía un diagnóstico compartido respecto de la necesidad de minimizar la fragmentación sin afectar la representatividad.
En esa línea, destacó las adecuaciones realizadas por el Ejecutivo a indicaciones que venían del Senado. Entre ellas, la rebaja del umbral para constituir partidos: en vez del 0,5% del padrón electoral, se fijó en 0,3%, lo que equivale a 46 mil firmas.
Actualmente, la legislación exige el 0,25% del total de votos emitidos en la última elección de diputados en cada región.
La ministra también lamentó que durante la tramitación surgieran debates vinculados a la aplicación de la ley vigente en materia de disolución de partidos, materias que, según indicó, no estaban en la base original del proyecto.
En respuesta a esas inquietudes, el Ejecutivo presentó una propuesta calificada como “excepcionalísima”, que permitiría a partidos en causal de disolución fusionarse con otra colectividad que haya obtenido al menos el 5% de la votación nacional, siempre que cuenten con un parlamentario electo en los últimos comicios.
La misma alternativa se contempló para colectividades con cuatro parlamentarios electos. Esta indicación, sin embargo, no alcanzó a ser votada.
Sí fue aprobada una indicación presentada por la diputada Joanna Pérez, que permite la fusión de partidos que no alcanzaron el umbral en la última elección.
La medida generó críticas. El diputado Daniel Manouchehri cuestionó la excepción aplicada a la elección de 2025, señalando que favorece a partidos que obtuvieron al menos un diputado en dichos comicios.
Durante el debate, distintos parlamentarios destacaron la relevancia de avanzar en una reforma estructural al sistema político, mientras otros advirtieron sobre eventuales efectos en la equidad de la competencia partidaria.
El proyecto también introduce cambios en el financiamiento estatal. Lobos explicó que los partidos sin representación parlamentaria no podrán acceder a recursos públicos.
Asimismo, si un parlamentario abandona su colectividad, el financiamiento correspondiente no se trasladará al nuevo partido, sino que permanecerá íntegramente en la colectividad de origen. Lo mismo ocurrirá con las asignaciones asociadas a los comités parlamentarios.
En cuanto a la disciplina partidaria, la ministra señaló que la eventual pérdida del escaño como sanción avanzará de manera paralela y complementaria a esta reforma.
El presidente de la comisión, Rubén Oyarzo, valoró el acuerdo alcanzado y destacó la rebaja al 0,3% como uno de los puntos centrales. También manifestó su intención de que en la Sala se pueda discutir la indicación relativa al “discolaje”.
Con el despacho a sala, la reforma entra ahora en una nueva etapa de tramitación, donde se definirá si los cambios propuestos logran el respaldo necesario para continuar su avance legislativo.
