Los tiempos que corren parecen los de una Argentina que no se reconoce a sí misma. Todo indica que esta será una semana favorable para el gobierno libertario en la que buscará terminar de definir la reforma en la Ley de Glaciares, un intento para el que el Gobierno de Javier Milei parece contar con los votos necesarios a pesar de las resistencias que surgen día a día. Por otra parte, los cálculos indican que muy probablemente convertirá en ley la Reforma Laboral que ya obtuvo media sanción en ambas Cámaras y que también tiene el terreno a favor para avanzar en la sanción definitiva de la baja en la edad de imputabilidad hasta los 14 años.
El paquete de normas impulsadas por el oficialismo, y que incluyen también la aprobación del acuerdo Mercosur-Unión Europea serán abordados a partir del jueves 26, en una doble jornada clave que marcará el tramo final de las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo.
A mediados de diciembre el Gobierno anunció el envío al Congreso el proyecto de reforma de la ley “con el objetivo de ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”, según señaló un comunicado de la Oficina del Presidente.
Ahora, la estrategia libertaria es avanzar con esta iniciativa antes de la apertura de las sesiones ordinarias a inicios de marzo, en un cronograma de tratamiento express contra derechos sociales y ambientales conquistados por años.
La Ley Nacional 26.639, sancionada en el año 2010, protege a los glaciares y al ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce, y prohíbe expresamente actividades como la exploración y explotación minera e hidrocarburífera en esas zonas.
El proyecto que esta semana será sometido a aprobación en el Senado introduce cambios profundos en la norma, varios de ellos polémicos, como el que busca que no todas las formaciones con hielo perenne cuenten automáticamente con la misma protección, sino que sea cada provincia la que defina con criterios propios, cuáles son las zonas que eventualmente presentan una “función hídrica relevante” que amerite su protección.
Sin embargo, a pesar de la fortaleza legislativa mostrada en las últimas semanas por el gobierno libertario, la semana pasada la Comisión Episcopal de Pastoral Social, organismo de la Conferencia Episcopal Argentina, publicó una carta abierta dirigida a diputados y senadores nacionales en la que expresó su “profunda preocupación” por el tema y exhortó a “anteponer el bien común a los intereses particulares”, recordando además que la normativa vigente es "fruto del consenso político, social y científico".
El texto pastoral recordó que la actual Ley de Glaciares “establece un piso de protección que no puede ser relativizado en favor de intereses sectoriales o de corto plazo” y subrayó que la norma representa “un hito fundamental en la protección de reservas estratégicas de agua dulce, ecosistemas únicos y un patrimonio natural de valor incalculable para las generaciones presentes y futuras”.
El documento recordó asimismo que los glaciares “no son simples recursos económicos”, sino “fuentes de agua y de vida, reguladores del clima y del ciclo hídrico”, verdaderas “catedrales de agua” que sustentan a las poblaciones, las actividades productivas y la biodiversidad de vastas regiones de nuestro país.
Del agua de los glaciares de Argentina dependen 1800 localidades y más de siete millones de personas. No se trata de "adecuación de la ley", es un retroceso absoluto en los cuanto a la protección del ambiente y los derechos humanos, señaló en el portal Tierra Viva el abogado especialista en Derecho Ambiental, Darío Ávila.
Baja en la edad de imputabilidad
Por otra parte, un nuevo régimen penal juvenil también avanza a toda velocidad en el Congreso argentino. El aspecto más controversial de la norma es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, en línea con la consigna libertaria “el que las hace las paga”, con la que el oficialismo defiende un esquema que eleva los costos penales para desalentar la reincidencia.
La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el pasado 12 de febrero de 2026 la media sanción este nuevo régimen penal juvenil, considerado por sus detractores como un norma que, aunque se sostiene una demanda social legítima de seguridad, combina populismo punitivo con un alto impacto simbólico, mientras su eficacia estructural es nula.
Se trata de una decisión que sin duda es electoralmente rentable, pero centra la búsqueda de solución sobre el castigo. La experiencia en otras latitudes indica que los sistemas juveniles centrados en el encierro sin dispositivos educativos y terapéuticos sólidos tienden a registrar mayores niveles de reincidencia.
Aún así, la norma parece encaminarse con el viento a favor y todo parece indicar que se convertirá en ley y le otorgará un nuevo triunfo legislativo a Milei.
En las últimas semanas, las principales consultoras tantearon el apoyo ciudadano y se encontraron con un sólido que incluso se registra de modo transversal y a lo largo de todo el arco político.
Según el instituto demoscópico Opinaia, el 81% de los argentinos está de acuerdo con la iniciativa de reducir la edad de imputabilidad penal. De ellos un 67% se declaró “muy de acuerdo” y otro 14% “bastante de acuerdo” con la medida, mientras el rechazo sólo llegó al 15% .
El apoyo abarca votantes de distintos espacios políticos y se eleva hasta el 95% entre quienes votaron a La Libertad Avanza (LLA). Incluso en sectores donde el respaldo al gobierno es menor, como votantes de Fuerza Patria (peronista) o del Frente de Izquierda, el apoyo se mantiene mayoritario.
Derechos laborales en retirada
Por último, para el viernes quedó reservada la sanción definitiva de la reforma laboral, tras la eliminación del controvertido artículo 44° que había desatado crecientes resistencias entre propios y ajenos.
La Reforma constituye un objetivo clave de la segunda mitad del mandato de Milei y sufrió leves modificaciones durante su tránsito legislativo por lo que deberá volver a la cámara alta para su sanción definitiva, que el gobierno espera obtener antes de marzo.
Durante el plenario de comisiones, el bloque libertario defendió el proyecto al sostener que “no fue un proceso cerrado” y que se escuchó a “más de 1.500 organizaciones”.
El pasado miércoles, durante su tratamiento en diputados la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó un paro general y movilizaciones que terminaron con una feroz represión policial.
Sus detractores cuestionan el alcance de los cambios y anticipan que la batalla continuará en el plano judicial y sindical en caso de que la iniciativa obtenga luz verde, lo que se vislumbra como muy probable.
Si bien se tenía planeado un nuevo paro de 24 horas con movilización incluida, en horas de la mañana la CGT descartó esta opción. Sin embargo, solo convocó a dirigentes y delegados a una marcha para día lunes 2 de marzo camino al Palacio de Tribunales.
“La gente empezó a leer la reforma y se dio cuenta de que le están quitando derechos”, declaró a los medios durante una entrevista en la que acusó a los gobernadores peronistas que dieron su voto favorable a la norma de “traición”.-
La CGT anunció además que acudirá a la justicia para frenar la reforma que consideran inconstitucional y violatoria del artículo 14 bis que garantiza los derechos fundamentales del trabajo, los gremios y protege la jornada limitada, salario digno, estabilidad.
“La vamos a judicializar”, anticipó.
