Otro garrotazo libertario al medioambiente: Javier Milei quiere reformar la ley que protege los glaciares en Argentina
La Ley argentina N° 26.639, conocida como Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, es una norma ambiental vigente en el país trasandino, sancionada el 30 de septiembre de 2010 y promulgada el 28 de octubre de ese mismo año, y que abruptamente regresó al centro de la agenda política luego que el Gobierno libertario de Javier Milei expresara la intención de avanzar en su modificación.
El Gobierno nacional oficializó mediante el Decreto 24/2026 la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso entre el 2 y el 27 de febrero, donde se debatirá la modificación de esta ley. El proyecto ya obtuvo dictamen en el Senado tras un plenario de comisiones realizado el 19 de diciembre, y está previsto que sea tratado en recinto el próximo 10 de febrero.
Esta modificación, impulsada por el Gobierno nacional en el marco de su agenda de desregulación, ya tuvo su primer capítulo con su inclusión en el temario de las sesiones extraordinarias enviado al Congreso nacional, lo que generó preocupación en sectores científicos, ambientales y localidades que advierten sobre el impacto de una eventual flexibilización de las restricciones.
Qué establece la Ley de Glaciares
La norma tiene por objetivo proteger los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos, fundamentales para el consumo humano, la producción agrícola, la recarga de cuencas hidrográficas y la preservación de la biodiversidad, además de reconocer su valor como fuente de información científica y atractivo turístico.
En su artículo 3° el texto ordena la creación de un Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que permite identificar, registrar y monitorear el estado de los glaciares en todo el país.
En principio, este organismo estuvo bajo la coordinación del entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, ahora degradado a una Subsecretaría dentro del Ministerio del Interior como parte de una reestructuración gubernamental más amplia del gobierno, que buscó reducir ministerios y redefinir competencias.
Además, la ley ordena al IANIGLA presentar un cronograma de acción y definir la metodología técnica necesaria que garantice información precisa sobre el estado de los glaciares y del ambiente periglacial, tal como fue reglamentado por el Decreto 207/11.
En su artículo 6° fija una serie de prohibiciones estrictas sobre los glaciares y el ambiente periglacial, como la prohibición de liberar sustancias contaminantes, la construcción de obras de infraestructura (salvo aquellas destinadas a la investigación científica o a la prevención de riesgos) y, de manera explícita, la exploración y explotación minera e hidrocarburífera.
También, se prohíbe la instalación de industrias o el desarrollo de actividades industriales que puedan alterar o dañar estos ecosistemas.
El lunes 15 de diciembre, el Gobierno anunció el envío al Congreso el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, “con el objetivo de ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”, señaló un comunicado de la Oficina del Presidente.
Previamente, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había anunciado que la modificación a la Ley de Glaciares sería uno de los temas a tratar en las sesiones ordinarias del Congreso que se extendieron hasta el 30 de diciembre.
Quienes impulsan las modificaciones insisten en la necesidad de revisar el concepto de “ambiente periglacial” incluido en la norma, que son áreas donde no necesariamente hay glaciares y que se caracterizan por la presencia de suelo congelado y ciclos de congelación y descongelación del terreno.
Por ahora, la iniciativa cuenta con el apoyo de los otros 3 gobernadores que forman parte de la llamada Mesa del Cobre, integrada por las provincoas mineras, Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy).
Reclamos
De aprobarse las modificaciones que busca el Ejecutivo, cada gobierno provincial decidirá qué reservorio de agua se puede usar para beneficiar al extractivismo, es decir qué ambientes se consideran periglaciares y cumplen la función de "reservas estratégicas de recursos hídricos" como para ser protegidos.
En consecuencia habilita a eliminarlos del Inventario Nacional de Glaciares y deja al IANIGLA como un organismo condicionado a las decisiones de los gobernadores.
Especialistas aseguran que la eventual nueva norma será inconstitucional y amenazan con llevar a los Tribunales de Justicia cualquier modificación que apunte en ese sentido.
También hay un rechazo unánime de organizaciones socioambientales, movimientos campesinos, pueblos indígenas y académicos que defienden el agua.
La semana antepasada, 25 organizaciones emitieron un comunicado titulado “Sin agua no hay desarrollo posible: razones por las cuales la Ley de Glaciares no debe modificarse”.
El texto plantea que “cualquier intento de retroceder en la protección y conservación del ambiente debe ser considerado ilegal e inconstitucional”.
Con el dictamen aprobado, el proyecto está listo para ser discutido en el recinto. La sesión clave tendrá lugar el próximo 10 de febrero, marcando un hito para el futuro del desarrollo minero y la protección ambiental en Argentina.
Los Glaciares
Entre 2010 y 2019, los glaciares en el mundo perdieron más masa que en cualquier otra década, producto del calentamiento global. Argentina es uno de los países con mayor cantidad y diversidad de glaciares en el mundo.
De acuerdo a datos del Atlas de Glaciares, en el país vecino existen 16.968 cuerpos de hielo que ocupan una superficie de 8.484 km2 a lo largo de más de 5.000 km de extensión, desde Jujuy a Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
En 36 cuencas hay presencia de glaciares, agrupadas en 5 regiones: Andes desérticos, Andes centrales, Andes del norte de la Patagonia, Andes del sur de la Patagonia y Andes de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur6.
Las doce provincias argentinas que contienen glaciares en su territorio son: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
