Querella por presunto fraude inmobiliario involucra a empresario que integra el directorio de Transbank

En un principio, la operación fue presentada como un leaseback —mecanismo financiero en el cual el propietario del inmueble vende temporalmente su propiedad para obtener liquidez y luego lo arrienda con opción de volver a comprarlo— por un monto de $399 millones.

Según el escrito, aquí se habría identificado la primera alerta. La querella sostiene que el negocio se dividió en dos contratos distintivos —compraventa y arrendamiento— lo que, según argumenta la defensa, permitió ocultar la verdadera naturaleza de la operación.

Uno de los antecedentes relevados por el escrito es que el contrato de arrendamiento fue firmado el 11 de septiembre de 2020, cuatro días antes de la compraventa, cuando la empresa aún no tenía el dominio legal del inmueble.

Asimismo, desde la parte querellante sostienen que la empresa no contaba con los permisos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para ejecutar este tipo de negociaciones.

El arriendo de la propiedad se fijó en 2.257 UF, algo así como $89,7 millones actuales, con opción de recompra por aproximadamente $399 millones. El querellante afirma que estaba en condiciones de pagar esa cifra.

El rol del “operador” y las presiones para firmar nuevos contratos

Otro de los protagonistas del caso sería Marcelo Nallar, a quien la querella identifica como el principal interlocutor entre las empresas financieras y el empresario querellante.

El líbelo describe que Nallar intervino activamente persuadiendo a Zúñiga de no ejercer su derecho de recompra, argumentando que estaban gestionando nuevos inversionistas que ofrecerían mejores condiciones. Por su parte, la defensa sostiene que esas conversaciones nunca existieron.

De la misma forma, la acción judicial describe que, mediante excusas, dilaciones y presiones psicológicas, se habría convencido a Zúñiga de resciliar —lo que significó abandonar la opción de compraventa— el primer contrato y firmar una nueva operación en 2022. Sin embargo, la operación no habría finalizado ahí.

Ese mismo día, el inmueble fue vendido a Inversiones Puente SpA, representada por Alejandro Valenzuela Diez y Nicolás Sorensen Feliú. Según registros públicos del Servicio de Impuestos Internos (SII), la firma figura en la nómina de contribuyentes de difícil fiscalización —categoría administrativa que no implica sanción ni la comisión de ilícitos— y, de acuerdo con antecedentes societarios revisados por este medio, mantiene vínculos con Quest Capital, empresa constituida en 2017 dedicada a la asesoría financiera.

En cuanto a la relación con Transbank, uno de sus mayores accionistas es Banco Santander, con un 25%, según consignó La Tercera. En 2025, dicha entidad bancaria cambió su administrador fiduciario por Quest Capital. De acuerdo con antecedentes públicos, el arribo de Valenzuela al directorio de Transbank se produjo en ese mismo período, sin que exista relación formal acreditada entre dicho cargo y los hechos descritos en la querella.

Finalmente, la venta a Inversiones Puente SpA se concretó por 24.007 UF ($760 millones), es decir, casi el doble del monto por el que Zúñiga la vendió en primera instancia. Según la querella, la diferencia de $360 millones nunca fue entregada al querellante.

Recomprar su casa al doble de precio

Según la querella, parte del presunto ilícito se habría producido al momento de firmar el segundo contrato. El arriendo mensual se estableció en 193 UF, con una opción de recompra de hasta $953 millones, es decir, más del doble que el primer contrato.

En ese contexto, la presunta víctima hizo entrega de 6.151 UF como “fondo de opción de compra” en caso de efectuar la recompra. Sin embargo, la parte querellante acusa que dicha cifra tampoco fue devuelta a Zúñiga.

Los querellantes afirman que, contabilizando la ganancia presuntamente usurpada de la segunda venta, el fondo de opción de compra apropiado y otros dineros entregados a Nallar, el monto asciende a $604 millones, por lo que el inmueble estaría “completamente pagado”.

No obstante, el documento recalca que los denunciados se niegan a entregar el inmueble y que la finalidad de la operación sería utilizar rentas abusivas e impagables para demandar a Zúñiga por el no pago de arriendo y quitarle el inmueble.

La falsa gestión para el remate de la propiedad

Una vez concretado el segundo contrato, Zúñiga habría agotado todas las posibilidades para obtener liquidez. Bajo esa lógica, según el líbelo, el empresario pidió a los querellados apoyo para rematar la propiedad a través de la empresa MACAL.

Nallar le habría dicho, falsamente, a Zúñiga que MACAL rechazó el negocio debido a que no aceptó el piso mínimo de 9.000 UF, arruinando la posibilidad de pago al contado. Ante la duda, describe el documento, el empresario tomó contacto con el gerente general de la firma, Sebastián Calvo, quien le habría comentado que la gestión nunca se realizó y que la empresa no fija precios mínimos, sino que es el propietario quien lo hace.

Eso no fue todo: Nallar habría solicitado el pago de $24 millones, según la querella, con la falsa excusa de dejarlo “salir a rematar el inmueble”. El episodio terminó por frustrar la estrategia que permitiría recomprar el inmueble dentro de los plazos contractuales establecidos.

La acción judicial describe un patrón de sucesivas renovaciones de arriendo firmadas bajo presión, con aumentos de rentas, multas e intereses considerados abusivos. De la misma forma, sostiene que las víctimas eran citadas a firmar modificaciones contractuales con escaso tiempo para revisar las cláusulas.

La parte querellante solicita a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI que llame a declarar a los imputados y víctimas, sumado a una medida cautelar que prohíba celebrar actos de venta o gravamen del inmueble durante el transcurso de la investigación.

Asimismo, se solicita que la causa sea anexada a otro proceso previo relacionado con los mismos hechos. La querella fue admitida el pasado 16 de febrero.

Tras la publicación del reportaje, Marcelo Samur Fajuri se contactó con esta redacción solicitando ejercer formalmente su derecho a rectificación por los hechos descritos anteriormente.

En esa línea, Samur Fajuri afirma que "los hechos descritos en el artículo corresponden exclusivamente a afirmaciones contenidas en una querella presentada por un particular, las cuales se encuentran en etapa inicial de tramitación judicial".

A lo mismo, Fajuri añadió que "a la fecha, no existe formalización, acusación, ni resolución judicial alguna que establezca responsabilidad penal o civil respecto de don Marcelo Samur Fajuri en relación con los hechos mencionados".

Sobre la situación descrita en la querella, Samur Fajuri "niega categóricamente la existencia de fraude, simulación contractual o cualquier conducta ilícita, señalando que las operaciones cuestionadas corresponden a contratos reales, válidamente celebrados, debidamente escriturados y ejecutados conforme a derecho".

En virtud de aquello, manifiesta "su plena disposición a colaborar con las autoridades competentes y ejercerá todas las acciones legales necesarias para resguardar su honra y derechos".

(LA DECLARACIÓN ÍNTEGRA Y COMPLETA DE MARCELO SAMUR FAJURI AQUÍ)