San Nicolás SpA, empresa cuyo dueño es Tomás Avilés Tillería, de 20 años, recibió $6.725 millones en contratos adjudicados por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso tras el megaincendio de 2024, contrato cuestionado por la Contraloría General de la República (CGR), que detectó eventuales sobreprecios.
Avilés firmó su primer contrato millonario con apenas 19 años, junto a su socia Catalina Jara Briones, de 25, según reveló una investigación de Interferencia. La negociación pactaba arriendos de maquinarias, servicios de despeje de escombros y demolición de viviendas afectadas.
Lo anterior se realizó a través de cuatro contratos por trato directo sin licitación pública y otros dos con licitaciones, equivalentes a la suma de $6.725 millones.
La idoneidad de la empresa es cuestionada por la CGR ya que dudan si contaban con la experiencia o capacidad técnica suficiente y advierten sobreprecios que superan los $3.700 millones, comparando los pagos con los realizados por otras municipalidades por servicios similares.
En concreto, un sobreprecio de $2.725.987.740 por arriendo de camiones de tolva, minicargadores, retroexcavadoras, conductor y combustible. En paralelo, se detectó otro sobreprecio por el mismo servicio por un monto de $1.036.336.252.
Además, se detectaron irregularidades en la subcontratación, con camioneros que denunciaron no haber recibido su pago, evidenciando irregularidades laborales y de gestión.
Aunque los jóvenes figuran como accionistas, en los contratos iniciales aparece como gerente general Pedro Briones González, padre de Jara, con historial de participación en las empresas subcontratadas, lo que plantea dudas sobre quién controlaba realmente la operación.
El primer contrato de Avilés fue firmado en 2024 cuando tenía 19 años por un monto de $465,9 millones. Posteriormente se firmaron 5 contratos más que contaron con la firma de la entonces Delegada Presidencial Regional de Valparaíso, Sofía González.
Aunque los contratos de San Nicolás SpA aparecen a nombre de los jóvenes Tomás Avilés y Catalina Jara, la gestión real de la empresa parece estar a cargo de Pedro Briones González, padre de Catalina y gerente general según las cotizaciones presentadas a la delegación.
La empresa fue fundada en 2021 por María Briones González, hermana de Pedro, pasó en 2022 a otro empresario y finalmente en 2023 figura a nombre de la hija de Briones y Avilés, sin información clara sobre el traspaso.
La CGR dio a conocer cinco irregularidades cometidas por la Delegación Presidencial Regional, la Municipalidad de Quilpué y la Municipalidad de Viña del Mar en la gestión de recursos público en el marco de los incendios.
En el caso de la primera, la delegación registró pagos no acreditados y posibles sobreprecios por más de $586 millones, con uso injustificado del trato directo. Se inició un sumario administrativo y se remitieron antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
En paralelo, la Municipalidad de Quilpué presentó gastos improcedentes, extravío de bienes donados y falencias en la entrega de ayudas y gestión de personal. La CGR ordenó procedimientos disciplinarios y medidas correctivas.
Respecto a la Municipalidad de Viña del Mar, se revelaron problemas en la rendición de ingresos, gastos, donaciones y ayudas a damnificados, con falta de trazabilidad y vulneraciones a la normativa de compras públicas. Se instruyó un sumario y la regularización de los procesos.
En tanto, la Dirección Regional de Arquitectura realizó pagos indebidos superiores a $434 millones por demoliciones no ejecutadas o parcialmente realizadas, junto con graves deficiencias en contratación y control interno. Se inició un sumario administrativo.
Finalmente, en el sector El Olivar, se detectaron pagos no acreditados por más de $782 millones, con irregularidades en adjudicaciones, sobreprecios y falta de respaldo documental. La CGR ordenó sumario y solicitó los antecedentes al MOP para continuar la investigación.
