Estamos ad portas del cierre del gobierno del Presidente Gabriel Boric, que asumió la descentralización como una promesa relevante de su proyecto político. Sin embargo, se ha instalado la percepción de que estamos ante un proceso de descentralización que se encuentra estancado, o incluso -para algunos- derechamente fallido.
Las expectativas de una mayor autonomía territorial eran amplias, los resultados, en cambio, han sido más acotados. Si bien ha habido avances, como la formulación de la Política Nacional de Descentralización, progresos en el proceso de transferencia de competencias, así como intentos de avance legislativo –con el Proyecto de Ley Regiones Más Fuertes que quedó congelado en el Congreso tras la irrupción del Caso Convenios, y que se intentó reactivar mediante indicaciones presentadas en diciembre del año recién pasado–, estos no lograron resolver uno de los nudos centrales del diseño institucional: la mantención de la figura del delegado presidencial regional.
Este punto no es menor. El delegado presidencial concentra hoy funciones clave heredadas del antiguo intendente, lo que tensiona el rol del gobernador regional, quien debiese ser la principal autoridad política del territorio. La coexistencia de ambas figuras sigue expresando una distribución ambigua del poder en el nivel regional, más cercana a una lógica de control central que a una de autonomía territorial.
A ello se suma que el caso de corrupción antes mencionado derivó no solo en un mayor control desde el nivel central, sobre el uso de los recursos de los gobiernos regionales, sino también en mayores restricciones a su capacidad de decisión sobre el gasto, junto con un aumento de la desconfianza hacia la institucionalidad territorial.
Más allá de las responsabilidades individuales, este episodio tuvo como efecto práctico tensionar -o incluso neutralizar- la agenda descentralizadora, sin que desde el Poder Legislativo se hayan observado señales claras de reimpulso.
La literatura académica reciente sostiene que la nueva “fase” de la descentralización -entendida como un periodo de ajuste posterior a las reformas iniciales- tiende a expresarse como un proceso de re-centralización, también denominado neocentralización. Este fenómeno se manifiesta en una mayor influencia del nivel central sobre los territorios y el accionar de los gobiernos subnacionales, o bien, derechamente, en la reconcentración de capacidades y recursos en el nivel central.
Chile, que históricamente ha sido uno de los países más centralizados de América Latina, ha registrado en la última década un cambio relevante en su proceso de descentralización: la elección democrática, en 2021, de las autoridades del nivel intermedio, los gobernadores regionales. Recordemos que este es recién el segundo período de gobernadores regionales electos, en el marco de una estructura institucional todavía en ajuste, y con reglas que pareciera aún no terminan de estabilizarse.
En este contexto, la pregunta ya no es solo si Chile enfrenta un proceso de descentralización estancado, sino si estamos observando los primeros indicios de una trayectoria marcada por dinámicas de recentralización que, bajo el argumento del control y la probidad, podrían estar redefiniendo el equilibrio de poder entre el nivel central y los gobiernos subnacionales.
Tal vez aún sea temprano para afirmarlo con certeza. Pero vale la pena interrogar el horizonte. La pregunta de fondo no es técnica, sino política: ¿Como país estamos dispuestos a asumir los costos que implica distribuir poder hacia los territorios? ¿Existe una voluntad de avanzar en esa dirección? Si ese sigue siendo el norte, entonces será posible distinguir con mayor claridad los tropiezos propios de un proceso en construcción de aquellos cambios que, más que corregir, podrían estar reorientando el sentido mismo de la descentralización.
