El Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia —una de las políticas más emblemáticas del gobierno del Presidente Gabriel Boric— fue uno de los ejes centrales de la reunión sostenida este jueves entre el ministro de Justicia saliente, Jaime Gajardo, y quien asumirá la cartera en la administración de José Antonio Kast, el abogado Fernando Rabat.
El encuentro tuvo como propósito formalizar el traspaso de información entre ambas autoridades, en una instancia orientada a entregar antecedentes pormenorizados sobre el estado actual del Ministerio de Justicia y las principales políticas que se encuentran en desarrollo. Entre ellas, el Plan Nacional de Búsqueda ocupó un lugar relevante, aunque sin definiciones claras sobre su proyección futura.
De acuerdo con lo revelado por La Tercera, la conversación en torno a esta iniciativa se limitó a revisar su nivel de avance y los compromisos ya establecidos para el año 2026. En ese marco, Rabat se habría restringido a realizar consultas de carácter operativo, enfocadas en aspectos como los equipos responsables del plan y los lugares donde estos desempeñan sus funciones, evitando pronunciarse sobre su continuidad o eventuales modificaciones.
La falta de señales claras respecto del futuro del Plan de Búsqueda ha generado inquietud en distintos sectores, particularmente considerando la trayectoria del futuro ministro. Rabat formó parte del equipo jurídico que defendió al dictador Augusto Pinochet en el denominado Caso Riggs, investigación que indagó el ocultamiento de más de US$21 millones de su patrimonio en cuentas del Riggs Bank de Estados Unidos, fondos provenientes de la malversación de recursos públicos en dictadura y depositados bajo identidades falsas.
Si bien la postura del presidente electo José Antonio Kast frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura —a los que evita calificar como tales— es ampliamente conocida, la designación de Rabat al frente del Ministerio de Justicia refuerza las aprensiones sobre el rumbo que podría adoptar la cartera en materias de memoria, verdad y derechos humanos durante los próximos cuatro años.
Tras la reunión, Rabat valoró el contenido de la exposición realizada por Gajardo y sostuvo que se abordaron “la gran mayoría de los temas que quiere desarrollar con posterioridad el presidente electo José Antonio Kast”, lo que sugiere ciertos puntos de continuidad entre la gestión saliente y la entrante.
No obstante, al ser consultado específicamente por el futuro del Plan Nacional de Búsqueda, el próximo ministro evitó confirmar si la iniciativa será mantenida, reformulada o eventualmente descontinuada, profundizando así un escenario de incertidumbre.
“Todas las medidas que vamos a implementar y que hemos conversado con la oficina del presidente electo, lo vamos a hacer a partir del 11 de marzo”, señaló Rabat, argumentando que su silencio responde a la intención de no “interrumpir el trabajo que está desarrollando actualmente el ministro”.
En esa misma línea, añadió: “a partir del 11 de marzo vamos a responderle concretamente con todas las medidas que nosotros vamos a llegar a implementar y que estamos trabajando en ellas con bastante fuerza”.
Finalmente, el abogado recalcó que el próximo gobierno busca instalar una lógica de unidad nacional, afirmando que “ha dado señales evidentes” en esa dirección. En consecuencia, aseguró que su gestión estará abierta al diálogo y que se reunirá “con todas las personas que se estimen necesario”, con el objetivo de avanzar “en muchos de los planes que ha ejecutado también este Ministerio”.
El Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia fue presentado por el Presidente Gabriel Boric como una política de Estado destinada a esclarecer el destino y las circunstancias de desaparición de las personas detenidas desaparecidas durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.
La iniciativa contempla una estrategia integral que incluye la coordinación entre distintas instituciones del Estado, la sistematización y apertura de archivos, el fortalecimiento de las labores de búsqueda en terreno, y el acompañamiento permanente a las familias de las víctimas. Todo ello, con el objetivo de avanzar en verdad, justicia y reparación, saldando una deuda histórica del Estado de Chile en materia de derechos humanos.
