Hoja de ruta hacia la resiliencia: Desafíos pendientes en la interfaz urbano-rural en Chile
Chile es el país más expuesto a amenazas socionaturales de la OCDE según la Comisión Nacional para la Resiliencia frente a Desastres de Origen Natural (CREDEN). Necesitamos una hoja de ruta clara para alcanzar la resiliencia de ciudades y territorios rurales que trascienda gobiernos. Pero, ¿por qué esta discusión se desvanece al finalizar el verano y seguimos al debe con una legislación sobre desastres socionaturales y megaincendios?
La construcción de ciudades resilientes, capaces de resistir, adaptarse y reconstruirse frente a la adversidad requiere superar una gestión territorial de mercado y exclusión social asumiendo, de manera decidida, la complejidad de la interfaz urbano-rural, donde se concentran gran parte de los riesgos y que, paradójicamente, se encuentra en manos de privados y de poblaciones informales que viven continuas olas de desplazamientos y exclusión territorial. Esta condición incide en el alto desconocimiento de la historia, memoria y paisaje de los desastres socionaturales del territorio habitado.
Para la iniciativa Desarrollando Ciudades Resilientes 2030 (MCR2030), la hoja de ruta hacia la resiliencia contempla:
Etapa A: mejorar la comprensión que las ciudades tienen acerca de la reducción de riesgos y la resiliencia mediante educación y localización de iniciativas y políticas en el marco de la agenda global del objetivo de desarrollo sostenible de ciudades y comunidades sostenibles
Etapa B: mejorar las capacidades de las ciudades para la reducción estratégica de riesgos y la planificación para la resiliencia. El análisis del riesgo, las habilidades de evaluación y diagnóstico fuertes son claves para un enfoque preventivo y coherente con estrategias, planes y políticas urbanas y climáticas.
Etapa C: brindar apoyo a las ciudades para implementar acciones de reducción de riesgos y resiliencia con pertinencia territorial en los diferentes niveles de la estructura de gobierno, en términos de mayor acceso a financiamiento, construcción de infraestructura resiliente y adaptación de soluciones con enfoque ecosistémico e inclusivo, tales como áreas verdes estructurantes como áreas seguras, capaces de limitar la propagación del fuego y proteger a las comunidades mediante la retención del agua en el suelo y disminución de la erosión, franjas de amortiguación y anillos permeables; y la incorporación de datos locales históricos para el mejoramiento de estrategias y planes considerando parámetros y modelos científicos de proyecciones de riesgo climático en los procesos de reducción del riesgo de desastres y en el desarrollo de estrategias de resiliencia.
Nuestro país avanza de manera dispar en las etapas de la hoja de ruta hacia la resiliencia. Si bien existe un Plan Estratégico Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastre, su implementación adolece de sensibilización, seguimiento y fiscalización ciudadana continua, así como de una bajada con pertinencia territorial concreta en instrumentos de planes sectoriales, de planificación y ordenamiento territorial; como planes regionales de desarrollo urbano, planes reguladores comunales e intercomunales, y planes de acción climática regionales y comunales.
Una excepción es el Plan Intercomunal La Campana, en la Región de Valparaíso, que incorpora áreas verdes como protección ambiental de la Reserva de la Biosfera y franjas de contención que restringen el crecimiento urbano. Estas franjas cumplen un rol relevante cuando son pensadas estratégicamente e integradas de manera explícita en los instrumentos de planificación, incluso con anchos acotados del orden de 10 a 15 metros.
Esta propuesta se aproxima, en términos conceptuales, a lo que plantea la Ley de Incendios en relación con la necesidad de establecer zonas de amortiguación para prevenir la propagación de incendios forestales y rurales. En la práctica, y mientras la ley no sea aprobada, lo definido por el plan intercomunal continúa operando como una declaración de intenciones. Ejemplo de ello es el reciente informe de la Contraloría que detectó más de 400 construcciones irregulares cercanas al Parque Nacional La Campana, en las comunas de Olmué e Hijuelas.
La efectividad del plan intercomunal depende de una actualización sustantiva de la normativa, que incorpore herramientas de incidencia, comunicación estratégica y educación sobre riesgos y desastres socionaturales para generar conciencia y un entendimiento común sobre la resiliencia en la interfaz urbano-rural con actores públicos, privados y comunitarios; sanciones, administrativas y penales contundentes, de prohibición de construcción en áreas de riesgo y protección ambiental; y estándares de construcción en áreas permitidas basados en experiencias comparadas, como las desarrolladas en Australia, especialmente para viviendas emplazadas en zonas de riesgo.
Por estas razones, para que la discusión sobre la resiliencia ante los desastres socionaturales continúe después del verano, saldemos nuestra deuda legislativa y logremos políticas de Estado. Debemos visualizar que la redacción de instrumentos de planificación en papel no es suficiente. El cumplimiento de todas las etapas de la hoja de ruta hacia la resiliencia es clave para tomar decisiones político-técnicas que pueden marcar la diferencia entre la prevención y la tragedia.
Promover una ciudadanía activa, educada, consciente y comprometida con la resiliencia de su territorio actualizar los planes reguladores comunales, normar explícitamente la interfaz urbano-rural y planificar las ciudades desde el riesgo no son ejercicios abstractos, son decisiones que, cuando se toman en serio, ordena el territorio y pueden, literalmente, salvar vidas.
