En los últimos días, Chile volvió a una polémica conocida: la indignación moral convertida en agenda política. El detonante fue “Excéntrico – Muestra Internacional de Cine y Placeres Críticos”, un evento para público adulto cuya eventual adjudicación de fondos concursables del Ministerio de las Culturas abrió críticas, anuncios de oficios a Contraloría y una ola de comentarios en prensa y redes.
El debate partió cuestionando el uso de recursos fiscales y escaló a lo institucional: mientras el Ministerio defiende un proceso de selección neutral que no implica respaldar contenidos; la organización, en tanto, defendió su carácter cultural y recordó que la pornografía -incomode o no- también es un campo legítimo de análisis donde se cruzan estética, mercado, trabajo, normas, desigualdad y deseo.
Aquí es donde vale la pena salir del reflejo automático (censurar / ridiculizar / prohibir/defender) y entrar en una conversación racional: ¿por qué la pornografía puede ser un campo de estudio relevante para la libertad cultural y de pensamiento?
La pornografía no desaparece por decreto. Circula en internet, se filtra en la cultura popular, moldea imaginarios y guiones sexuales. Precisamente por eso existe -desde hace décadas- un campo interdisciplinario conocido como Porn Studies (Estudios del Porno), asociado a editoras universitarias y debates académicos que analizan pornografía como fenómeno cultural, histórico, estético y político, sin reducirlo a caricaturas morales.
Estudiar pornografía no significa celebrarla ni promover consumo (menos aún entre menores); significa mirar de frente un artefacto cultural que produce efectos: sobre género, consentimiento, representación del placer, desigualdades, racismo, precarización laboral, y, clausura miradas sobre lo sexual. Querer discutir sexualidad sin discutir pornografía es como querer discutir política sin hablar de medios: una negación cómoda, pero ineficaz.
Hay un principio que conviene recordar cuando la indignación pide tijera: la libertad cultural no es un premio a lo que nos deja tranquilos, es un derecho. Incluso la UNESCO defiende la libertad artística para imaginar, crear y difundir expresiones culturales sin censura ni interferencias, y como condición para una vida cultural plural.
Eso no implica ausencia de límites. Los límites existen -y deben existir- cuando están en juego derechos de terceros/as, especialmente la protección de niñas, niños y adolescentes frente a material ilegal o dañino. En el marco internacional, por ejemplo, se reconoce que material de abuso sexual infantil constituye una excepción clara donde el bloqueo puede justificarse bajo debidas garantías. Pero pasar de esa protección necesaria a una moralización amplia (“esto no es cultura”, “esto no debería existir”) es otra cosa: es volver a un Estado o a una presión social que decide qué puede pensarse, investigarse o mostrarse.
Si el punto es el uso de recursos públicos, discutámoslo bien. En la controversia se mencionan montos, líneas concursables y criterios de evaluación; y el propio Ministerio ha señalado que la adjudicación se ajusta a bases y procedimientos, sin “aprobación” de contenidos. Esa respuesta puede (y debe) someterse a escrutinio: transparencia y coherencia de criterios. Pero una cosa es fiscalización y otra es convertir el tabú sexual en un atajo para deslegitimar políticas culturales completas.
Más aún: según lo reportado, se trata de un evento para mayores de 18 años, con mediaciones y conversatorios, es decir, una propuesta que se sitúa -explícitamente- en un marco de reflexión cultural para personas adultas. Llamarlo “festival porno” como sinónimo de “desperdicio” no es un argumento: es un rótulo que busca clausurar la conversación.
El estudio de la pornografía es, sin duda, un aporte a nuestra cultura. Nos permite, entre otras cosas, diversificar miradas sobre lo sexual, reconociendo que la sexualidad es un campo social atravesado por relaciones de poder; construir herramientas críticas, que permitan analizar representaciones, estigmas, roles de género y normalizaciones que impactan en la vida cotidiana; mejorar las políticas públicas en educación sexual, alfabetización mediática y prevención de violencias.
La pregunta no es si a usted le gusta “Excéntrico” o si le incomoda que exista. La pregunta democrática es otra: ¿vamos a permitir que la incomodidad moral defina los bordes de la cultura financiable, investigable y debatible? Cuando la respuesta es sí, no solo se censura pornografía: se empobrece el espacio público, se castiga la investigación crítica y se refuerza una pedagogía social del silencio.
Defender la libertad cultural y de pensamiento no es defender contenidos específicos; es defender el derecho a abrir campos de discusión -sobre todo cuando son difíciles-, con reglas claras para proteger derechos, sin caer en la tentación de la prohibición por pudor, religión o ideología. En tiempos de polarización, la cultura no necesita comisarios: necesita criterios transparentes, debate informado y pluralismo. Y, querámoslo o no, una parte de ese pluralismo pasa por estudiar aquello que la sociedad consume, discute y teme: la pornografía.
