Más de medio millón de personas con discapacidad viven en pobreza multidimensional en Chile

Los resultados de la Encuesta Casen 2024 confirman una tendencia buena y otra preocupante. El porcentaje de personas que viven en pobreza multidimensional disminuyó del 20,5 a 17,2% en dos años, luego de realizar modificaciones posteriores a la medición en la Encuesta Casen 2022.

Sin embargo, a nivel país y basándose en la misma corrección realizada por el ejecutivo, el académico del Departamento de Economía de la Universidad de Santiago, Orlando Balboa, explica que “el porcentaje de personas con discapacidad aumentó de 13,6%- lo que correspondía a 531.962 personas- a 16,5%, correspondiente a 572.923 personas en 2024.

Es decir, 40.961 más de personas en pobreza viven con alguna discapacidad, lo que estadísticamente no es relevante, pero muestra que se mantiene". Este porcentaje no se condice a la evolución que ha vivido la población sin discapacidad, donde según el Ministerio de Desarrollo Social hay 600.000 pobres menos que hace dos años.

Balboa explica que “la pobreza multidimensional no se mide solo por ingresos. Considera carencias simultáneas en áreas clave para una vida digna, como educación, trabajo, salud, vivienda, seguridad social y redes de apoyo. En el caso de las personas con discapacidad, estos déficits se acumulan con mayor fuerza: menor escolaridad promedio, más dificultades para acceder a empleo formal, mayores tasas de desocupación, trayectorias laborales más inestables, entre otras”.

Sin excusas

“Estos resultados no tienen excusa: No existe razón para que las personas con discapacidad sigan siendo igual de pobres que hace dos años cuando en el resto del país esto no sucede. El 2017 se creó la ley de inclusión precisamente para esto, pero menos del 40% de las organizaciones la cumple y el Estado no se hace cargo: no cumple y no fiscaliza”, señala Andrea Zondek, presidenta de Fundación Tacal.

Para ella, “la pobreza multidimensional crece cuando el trabajo no llega, y en Chile las personas con discapacidad siguen estando fuera del mercado laboral, mientras no exista acceso real a empleo formal, la pobreza no se reduce, se profundiza”.

Según los datos de Casen, las personas en pobreza multidimensional presentan, además, mayores niveles de rezago educativo y menor participación laboral. En el caso de las personas con discapacidad, la exclusión del empleo sigue siendo uno de los factores más determinantes de su situación de vulnerabilidad.

“Sin trabajo no hay autonomía, no hay independencia económica ni posibilidad de salir de la pobreza. El empleo no es solo un ingreso mensual, es dignidad y participación social”, afirma Zondek.

El académico del Departamento de Economía de la Universidad de Santiago concuerda con esta afirmación, “la contratación de personas con discapacidad no corresponde solo a razones económicas, sino también culturales. Falta fiscalización, sí, pero también formación a los ejecutivos, jefes de división del Estado y también incentivos. Para muchas empresas sale más conveniente pagar la deuda por incumplimiento o donar a una organización para cumplir con la ley, en vez de invertir en las modificaciones que muchas veces son necesarias para contratar a personas que viven en esta condición, como construcción de ramplas para silla de ruedas, equipos computacionales con relieve o sistema Braille para personas ciegas, entre otras”.

Capacitación real

Entre las posibles razones de este aumento, desde Fundación Tacal apuntan a esta combinación de factores estructurales. La baja contratación de personas con discapacidad, el incumplimiento de la Ley 21.015, la falta de fiscalización efectiva, la menor capacitación de mujeres con discapacidad y modelos de formación que no dialogan con las necesidades reales del mercado laboral siguen limitando las oportunidades de este grupo.

“Durante años se formó a personas con discapacidad en oficios que no tenían demanda. Vender artesanías de papel maché u otros trabajos sin salida laboral real no saca a nadie de la pobreza, aunque haya buena intención”, advierte la presidenta de Tacal. “Eso también es exclusión”.

Para Zondek, el desafío hoy es cambiar el enfoque y avanzar hacia una formación pertinente. “Tenemos que preparar a las personas en competencias que las empresas realmente necesitan. Desde trabajos operativos como embolsado, logística o preparación de alimentos, hasta formación técnica y profesional, incluyendo ingeniería, habilidades digitales y el uso adecuado de la inteligencia artificial”.

Cumplir la Ley de Inclusión

La presidenta de Fundación Tacal subraya que la responsabilidad es compartida. “Las organizaciones tenemos que formar con pertinencia laboral. Las empresas deben contratar y generar empleo real. Y el Estado tiene que cumplir la ley, fiscalizar y, sobre todo, liderar con el ejemplo. Hoy el sector público sigue siendo uno de los que menos cumple”.

La Ley 21.015 promulgada en 2017 establece que las organizaciones con más de 100 empleados deben tener desde un 1% de su dotación laboral a personas con discapacidad. Para los que no cumplan con la contratación, existen medidas alternativas como donar a organizaciones que están reconocidas por el Ministerio de Desarrollo Social. La donación consiste en pagar 24 sueldos mínimos por cupo faltante y el plazo para hacerlo vence el 31 de enero.