En Chile, el principal obstáculo para acceder a menores precios de la electricidad ya no es técnico. Es político y regulatorio. Nuestro mercado eléctrico sigue estructurado para proteger a los grandes generadores, no para beneficiar al consumidor ni para aprovechar plenamente una transformación energética que ya es irreversible.
El ineficiente mercado eléctrico chileno: Capturado por el lobby y la corrupción
Durante décadas, el sistema ha estado de facto capturado por tres grandes actores de la generación: ENEL, Colbún y AES Andes. Estas empresas dominaron la generación convencional con tecnologías altamente contaminantes y frenaron por años la entrada masiva de las energías renovables no convencionales, advirtiendo supuestos riesgos para la seguridad del sistema que la evidencia internacional terminó desmintiendo.
Hoy, cuando la solar y la eólica son las fuentes más baratas de generación y Chile posee condiciones excepcionales, esos mismos actores se oponen a abrir el mercado eléctrico al consumidor final. El libreto es el mismo: antes era “peligroso” incorporar renovables; ahora es “riesgoso” permitir la competencia. Las consecuencias, dicen, afectarían el empleo y no permitirían recuperar inversiones. En rigor, lo que está en juego es la pérdida de rentas protegidas.
El cierre progresivo de las centrales a carbón —finalmente inevitable por razones ambientales, económicas y sanitarias— marca el fin de una era. A ello se suma que las centrales a gas, que durante años fueron presentadas como “energía limpia” o “de transición”, comienzan también a perder sentido económico y ambiental frente a renovables más baratas y a sistemas de almacenamiento cada vez más competitivos.
Incluso las grandes centrales hidroeléctricas, históricamente el pilar del sistema, han ido perdiendo vigencia: su alto impacto ambiental, los largos plazos de construcción y la creciente incertidumbre climática las vuelven menos atractivas frente a soluciones modulares, distribuidas y flexibles. El abandono de grandes proyectos hidroeléctricos es prueba palpable de ese cambio de paradigma.
Pese a esta transformación estructural, el consumidor chileno sigue siendo un rehén. No puede elegir quién genera la electricidad que consume, no puede optar por energía 100 % renovable ni cambiar de proveedor por precio o calidad. Está atrapado en un esquema heredado del siglo pasado, cuando la concentración parecía sinónimo de estabilidad.
En contraste, en países como Australia y en otros mercados desarrollados, los hogares eligen su proveedor eléctrico del mismo modo que hoy eligen una compañía telefónica. La competencia redujo precios, aceleró la innovación y multiplicó las ofertas de energía limpia.
Australia ofrece además una señal reveladora del futuro: en horas de alta radiación solar, algunas comercializadoras entregan electricidad gratuita para maximizar el uso de la generación renovable y evitar vertimientos. Cuando la energía sobra y su costo marginal se acerca a cero, el sistema eficiente no la restringe: la usa. En Chile, en cambio, seguimos discutiendo cómo “contener” a las renovables cuando producen demasiado, protegiendo contratos rígidos y estructuras diseñadas para otro tiempo.
Desde la teoría económica y la experiencia comparada, solo hay dos segmentos donde el monopolio se justifica: transmisión y distribución. Son monopolios naturales, intensivos en infraestructura. La generación ya no lo es. Hoy es diversa, descentralizada y competitiva. Protegerla como si fuera un monopolio natural no garantiza seguridad: garantiza concentración.
Un mercado eléctrico abierto y competitivo traería más innovación, presionaría a la baja las tarifas y permitiría a Chile atraer inversiones intensivas en uso de electricidad: data centers, hidrógeno verde, electromovilidad e industria digital. La energía barata y limpia puede ser una ventaja estratégica, pero solo si dejamos de administrarla como un privilegio de pocos.
La disyuntiva es clara: seguir protegiendo a las generadoras tradicionales o habilitar un futuro centrado en el consumidor. Para quienes decimos creer en el mercado, el desafío es evidente: enfrentar el lobby regulatorio, reducir la captura, enfrentar la corrupción y devolverles a las personas el poder de elegir.