Aumento de la explotación sexual infantil y adolescente en Chile: Del estupor a la acción
Como nunca antes en Chile, contamos con cifras que permiten comparar la realidad de la explotación sexual infantil de los últimos años. Tal como ha diagnosticado la Defensoría de la Niñez, en 2024 se registró un aumento del 69.5% de este delito (presencial), lo que se suma al incremento por medios digitales en los últimos cuatro años. La tasa de este tipo de delitos por cada 100.000 habitantes sigue aumentando sostenidamente.
Estos datos concretos nos compelen a implementar de manera urgente acciones para avanzar desde el estupor hacia la acción. Así también lo ha señalado la Corporación Opción en sus informes y contribuciones ante diversos órganos del Sistema de Naciones Unidas.
En efecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha recomendado este año (2025) que se intensifiquen los esfuerzos para erradicar la explotación sexual infantil y se garantice su investigación y sanción efectiva, así como la reparación integral a las víctimas.
Por tanto, se requieren acciones coordinadas, efectivas y oportunas, que a su vez consideren las complejidades de la explotación sexual infantil en los diversos territorios y localidades.
Las entidades públicas y privadas, en especial aquellas que abordan la protección judicial, son esenciales para la interrupción de esta grave vulneración de derechos. Se requiere trabajar colaborativamente y seguir robusteciendo su conocimiento especializado que les permita detectar tempranamente este tipo de situaciones, que afectan en especial a mujeres adolescentes y que con frecuencia se naturalizan. Los sectores productivos y turísticos de nuestra sociedad también son actores importantes en estos esfuerzos de prevención y erradicación.
Se necesita que cada organismo persista en los esfuerzos de actuar con claridad tanto en su rol como en su participación dentro de un circuito que proporcione efectiva seguridad a las víctimas, que las mire sin prejuicios y con perspectiva de género.
De este modo, constituye un desafío convocar no sólo a los servicios públicos o al sistema de justicia, sino también a las comunidades y a los sectores empresariales de los diversos territorios para un abordaje articulado y conjunto. El estupor no puede inmovilizarnos.
