Minera Tres Valles: la empresa acusada por la SMA por infracciones que podrían costarle más de $10 mil millones y su nexo con Procultura
En octubre de 2021, vecinos del Valle de Chalinga, en la comuna de Salamanca, comenzaron a presentar denuncias contra Minera Tres Valles por altos niveles de polución atribuidos al tránsito constante de camiones de la faena. Acusaban problemas respiratorios en personas y animales, junto con fuertes estruendos provocados por el uso de explosivos que, según ellos, alteraban su vida cotidiana.
Ante el malestar de la comunidad, el Municipio de Salamanca pidió a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) realizar una fiscalización. El requerimiento advertía que las situaciones denunciadas estaban afectando “directamente la biodiversidad” del santuario de la naturaleza Raja de Manquehua–Poza Azul.
Minera Tres Valles es titular del proyecto homónimo ubicado entre Illapel y Salamanca. El complejo incluye los yacimientos Don Gabriel y Cumbres, ambos a tajo abierto, además de la mina subterránea Papomono. Estas operaciones se complementan con una planta de chancado —proceso de trituración de roca— y una de lixiviación —lavado del mineral con soluciones químicas para extraer cobre en forma líquida— en la localidad de Chuchiñí.
Tras diversas solicitudes de información realizadas por la SMA, el conflicto escaló en 2024. A las dos de la madrugada del 24 de junio, vecinos de Chuchiñí reportaron un desplazamiento de material en la pila de lixiviación de la minera. Aunque parte de la solución contaminante alcanzó las piscinas de emergencia, otra fracción terminó en el Río Chopa, del cual diversas comunidades extraen agua.
Uno de los principales cuestionamientos de los vecinos fue que la empresa no activó un protocolo de emergencia ni advirtió a la población, pese al riesgo asociado al derrame.
“Nunca activaron protocolo de emergencias, no avisaron a los canales para cerrar las compuertas, no avisaron al comité de Aguas Potables Rurales de Chuchiñí para tener cuidado ante cualquier eventualidad”, señala parte de una denuncia a la que accedió este medio.
Los cargos de la SMA
El 28 de noviembre de 2024, la SMA inició un procedimiento sancionatorio contra Minera Tres Valles. En 2019 la compañía había enfrentado un proceso similar, pero logró evitar sanciones tras presentar un Plan de Cumplimiento. En ese entonces, la mayoría de los cargos eran calificados como “leves”.
Esta vez, la situación es distinta. La SMA formuló ocho cargos basados en denuncias y antecedentes recopilados entre 2021 y 2024. Los principales apuntan a:
Modificar sin autorización el método de lixiviación, pasando del sistema por goteo a uno por inundación.
Operar con piscinas de emergencia llenas, lo que facilitó el derrame al Río Chopa y sus afluentes.
No investigar las constantes superaciones de Material Particulado Sedimentable que afectaban a vecinos del Valle de Chalinga.
Estos tres incumplimientos fueron catalogados como “graves”, y las sanciones pueden llegar hasta 5.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA) —más de $4 mil millones—, además de la eventual revocación de su Resolución de Calificación Ambiental.
Sin embargo, el cargo más severo apunta a que la minera incumplió el Plan de Seguimiento al no reportar los monitoreos de calidad del aire de 2023, 2024 y primer semestre de 2025. Según la SMA, esta omisión “impidió deliberadamente la fiscalización” y dificultó el ejercicio de sus atribuciones.
El organismo calificó esta falta como “gravísima”, cuya sanción puede llegar a 10.000 UTA, es decir, cerca de $8 mil millones. Con ello, Minera Tres Valles enfrenta potenciales multas por cerca de $10 mil millones.
¿Quiénes están detrás de Minera Tres Valles?
La compañía pertenece al grupo extranjero Niu Mining Financing Ltd., un holding europeo que se define como un inversionista especializado en minería. En Chile, sus representantes legales son los abogados Luis Aninat Urrejola y María Eugenia Sabbagh, esta última actualmente en medio de la trama por el caso Procultura.
Sabbagh formó parte del directorio de la fundación, donde ejercía como secretaria. Su nombre tomó relevancia luego de aparecer en un chat del directorio y de que su teléfono fuese uno de los 26 interceptados por la policía.
En junio, Ex-Ante publicó un intercambio entre Alberto Larraín, director ejecutivo de Procultura, y Sabbagh. En él, la abogada le solicitaba una reunión con antecedentes de un proyecto por $500 millones expuesto por Meganoticias: “Ojo con lo que dices (…) Lo ideal es hablar antes de que se junten con cualquier periodista. Después del comunicado no hay que salir hablando más”.
En el mismo contexto, el director ejecutivo de la fundación propuso revisar junto al estudio jurídico Aninat Abogados —oficina a la que pertenece Sabbagh y Luis Aninat Urrejola—“la activación de una arista legal”.
Pero el acercamiento de Procultura con Aninat Abogados no era nuevo. En 2022, la cúpula de Procultura les encargó una auditoría. El informe recomendó ordenar la gestión interna y mejorar la transparencia, incluyendo que Larraín pasara de honorarios a contrato —algo que él evitó sistemáticamente.
Según declaraciones de miembros de la fundación y reportes de prensa, el directorio operaba como un “directorio de papel”, sin injerencia real. La investigación busca ahora establecer “la ruta del dinero”: revisar contratos, montos ejecutados, pagos de honorarios y determinar si hubo beneficios personales.
La otra tensión: la disputa por el control de la minera
Paralelamente, Minera Tres Valles enfrenta una compleja disputa judicial. En mayo de 2024, el Diario Financiero reveló que el fondo inglés Kimura presentó una querella para anular la venta de la minera a NIU Invest. Acusó un supuesto esquema fraudulento entre los compradores y el entonces liquidador, Tomás Andrews.
Los representantes de NIU respondieron que más del 94% de los acreedores, incluido el propio Kimura, aprobaron los términos de la compraventa. Añadieron que el fondo inglés ya había recibido el reembolso correspondiente al préstamo “Debtor in Possession” (DIP), mecanismo utilizado en EE.UU. para empresas en reorganización financiera.
Además, sostuvieron que tras el ingreso de NIU, una entidad extranjera llamada Thompson & French Finance Group Ltd. (T&F) comenzó a coordinarse con Kimura, Yieldpoint y el exgerente general de la minera, Luis Vega, con el objetivo de revertir la operación y extorsionar a la compañía en busca de recursos adicionales.
En octubre, Compañía Minera Tres Valles (CMTV) presentó una contrademanda, insistiendo en que las acusaciones de Kimura se basan en una “condición esencial” inventada por el abogado del fondo, Francisco Allendes, e incluida de manera ilegal en el acta de la Junta de Acreedores.
Kimura, por su parte, sostiene que Andrews recibió $544 millones provenientes de CMTV como parte de un pago que permitió incumplir la supuesta condición. También acusa que el exliquidador ignoró una oferta de T&F por US$75 millones, seis veces superior a la de CMTV.
CMTV, en cambio, argumenta que esa condición nunca existió y acusa al actual liquidador, Eduardo Godoy, de actuar como un “instrumento” del fondo inglés.
Mientras la disputa por el control de la minera recién comienza su recorrido en tribunales, Minera Tres Valles enfrenta simultáneamente el proceso sancionatorio más severo en su historia, con cargos que podrían derivar en el fin de su autorización ambiental y multas multimillonarias.
