Más de 25 organizaciones feministas rechazan indicación que recopila datos sensibles de mujeres por Ley IVE
Un amplio grupo de organizaciones feministas y de derechos humanos expresó su rechazo frente a la Indicación N° 347 del proyecto de Presupuesto 2026, la cual obliga al Ministerio de Salud a entregar información altamente sensible sobre quienes acceden a la interrupción voluntaria del embarazo bajo la Ley 21.030.
La medida fue aprobada durante la discusión de la glosa informativa en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y, posteriormente, revisada por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
El texto exige detallar el sexo de los fetos o recién nacidos, el destino de los restos fetales, la cantidad de nacidos vivos tras intentos de interrupción y el tipo de atención en salud mental que reciben las usuarias, información que además deberá ser desagregada por mes, año y establecimiento desde la entrada en vigencia de la ley hasta diciembre de 2025.
La Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, junto a otras 24 organizaciones como la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, Corporación Humanas, MIRA Observatorio Legislativo Feminista, Corporación Miles, Amnistía Internacional Chile, ABOFEM y el MEMCH, cuestionaron duramente la pertinencia de esta obligación.
A través de un comunicado conjunto, advirtieron que "los datos solicitados en la glosa informativa no guardan relación con una mejora en la gestión ni el presupuesto de la salud pública".
Según explican, los requerimientos no aportan a la planificación financiera del sistema: el insumo realmente útil para estos fines se relaciona con el uso de días/cama y el nivel de complejidad de dichas camas, parámetros que ya están registrados por los servicios de salud.
En este sentido, el documento subraya que pedir información como el sexo de fetos o recién nacidos "no tiene impacto alguno en la determinación del método de inducción al aborto ni modifica los cuidados paliativos neonatales".
La crítica también apunta al área psicosocial: las organizaciones indican que, para fines presupuestarios, lo relevante no es el número de mujeres atendidas, sino las horas efectivas de trabajo profesional requeridas por psicólogas y trabajadoras sociales en un período determinado.
Las agrupaciones alertan además sobre los riesgos de esta glosa, afirmando que "vulnera la confidencialidad y privacidad de las pacientes, contradiciendo estándares éticos y legales para la atención médica".
A su juicio, la disposición no busca mejorar la política de salud sexual y reproductiva, sino que abre la puerta a "generar riesgos de empadronamiento, persecución y estigmatización de las mujeres que ejercen su derecho según la Ley 21.030".
En conjunto, las más de 25 organizaciones coinciden en que esta exigencia presupuestaria "viola derechos fundamentales de privacidad y confidencialidad, y sólo contribuye a estigmatizar y fiscalizar injustamente a las mujeres", por lo que llamaron al Congreso a retirar la indicación y resguardar los estándares de privacidad que rigen en la atención sanitaria.
