Sin presupuesto no hay salud para atender a la población
Como todos los años, el último trimestre está marcado por la discusión presupuestaria. Proceso durante el cual se define y despacha finalmente la ley que -acorde al mensaje presidencial del 30 de septiembre pasado-, tendrá sus prioridades en temas de derechos humanos fundamentales, entre ellos el derecho a la Salud, pilar fundamental de la seguridad social de la población.
Prioridades que como gremio siempre hemos defendido con convicción, pero que más allá del discurso, no hemos visto reflejadas en hechos concretos por parte de los gobiernos de turno, incluyendo el actual que va de salida, durante cuya administración estas prioridades fueron cambiadas a mitad de camino, pese a los compromisos existentes con los trabajadores y las trabajadoras de la Salud Pública de Chile.
Con estos antecedentes de incumplimientos y considerando, además, el escenario de restricciones presupuestarias impulsadas tanto por el propio Gobierno como por comisiones de expertos que han propuesto más de 30 medias de ajuste y responsabilidad fiscal, junto con la presión del Consejo Fiscal Autónomo para un mayor control del gasto público y los anuncios de distintos candidatos presidenciales que advierten recortes sociales y despidos de trabajadores públicos.
Lo cierto es que como gremio de la Salud Pública que representa a miles de trabajadores y trabajadoras del sector esta situación nos resulta altamente preocupante, especialmente dentro del contexto de la grave crisis hospitalaria existente en el país, debido a la falta de presupuesto e ingresos de los establecimientos y la utilización de índices por debajo de la inflación proyectada por la Dirección de Presupuestos (DIPRES) en la elaboración de la partida de Salud, afectando también las remuneraciones, asignaciones del personal y la adquisición de bienes y servicios esenciales para el funcionamiento del sistema.
Por ello, como organización comprometida con la defensa del derecho a la Salud como un derecho humano inalienable, y junto con reafirmar nuestra preocupación, reiteramos también nuestra postura de fortalecer la Salud Pública estatal y no continuar precarizándola bajo la excusa del control del gasto, frenando así la creciente fuga de recursos hacia el sector privado a través de la compra de servicios que -además de reducir la eficiencia- triplican el gasto en comparación con la inversión directa en el sistema público.
Para esto se debe poner fin al modelo de concesiones hospitalarias y fortalecer la red pública, partiendo por otorgar condiciones de trabajo decente a quienes la integran en temas pendientes como Carrera Funcionaria, modificación del DFL N°31 de CENABAST, traspaso de honorarios a contrata, avanzar en el cierre de brechas de asignaciones, seguridad laboral, corrección de infractores presupuestarios, reconocimiento de la deuda hospitalaria, eliminar las restricciones que limitan la contratación de personal, reemplazos y horas extras en los establecimientos de salud y entregar mayores recursos para la continuidad de atención y proyectos de infraestructura, como condiciones mínimas para discutir con seriedad el presupuesto 2026.
Es por tal razón que como CONFEDEPRUS hacemos el llamado al gobierno a aumentar significativamente el presupuesto para Salud, asegurando una distribución eficiente y directa de recursos hacia los establecimientos públicos, junto con el reconocimiento de la deuda hospitalaria y una inyección de recursos suficientes para cerrar adecuadamente el año 2025, así como también solicitamos a las y los parlamentarios su compromiso con la ciudadanía y con el equipo de Salud, asegurando que el presupuesto 2026 otorgue los recursos financieros necesarios para garantizar el derecho a la Salud, la continuidad de la atención y condiciones laborales dignas.
Un equipo de Salud fortalecido y con trabajo decente es la base para resguardar la vida y salud de toda la población, para lo cual se necesitan recursos, porque como venimos repitiendo desde hace tiempo, sin presupuesto no hay Salud.
