Cuando la prioridad no somos nosotros
Las elecciones presidenciales son uno de los hitos más importantes para la democracia y para la sociedad en general. En Chile, este domingo 16 de noviembre se llevarán a cabo los comicios para definir quién será el próximo presidente de nuestro país.
Sin embargo, para las instituciones que trabajamos en la inclusión de las personas con discapacidad estas elecciones no solo definirán al próximo mandatario, sino que, tendrán un impacto en lo que serán las políticas públicas, oportunidades laborales, educativas y las garantías de los derechos de las personas con discapacidad.
Surgen las primeras inquietudes sobre el porvenir de las personas con discapacidad en el siguiente Gobierno, al constatar que los programas de los distintos candidatos carecen de información accesible, por ejemplo, para la comunidad de personas ciegas y baja visión. Eso no es todo, si revisamos las propuestas políticas, la discapacidad está mencionada casi por un sentido de “obligación” y con una falta de enfoque integral.
Una de las preocupaciones de las personas que trabajamos en organismos inclusivos es en materia laboral, principalmente con la Ley 21.690. Esta norma introduce modificaciones para fortalecer la Ley 21.015 de inclusión laboral. Sus principales disposiciones incluyen el aumento progresivo de la cuota de contratación del 1% al 2% para empresas con 100 o más trabajadores. Lamentablemente la realidad no es así debido a que apenas alcanzamos el 1%, incluso solo uno de los 8 candidatos incluye este ítem en su programa político.
Asimismo, la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia 2022 (ENDIDE) reveló que el 17,6% de las personas adultas del país presenta algún grado de discapacidad, lo que equivale a 2.703.893 personas. De ese grupo, existe un gran número que no terminó su etapa escolar.
Desde la Biblioteca Central para Ciegos creemos que una de las bases para construir un Chile más justo para la comunidad de personas ciegas parte por la creación de material en sistema braille o audio para promover una educación accesible para todas y todos.
El futuro mandatario de nuestro país debe tener una visión de gobernabilidad inclusiva y accesible para las personas en situación de discapacidad. Esto implica garantizar necesariamente áreas de la sociedad como el transporte, el sistema de salud, acceso a la cultura y a la información. Todo lo anterior, desde la participación concreta de personas con discapacidad en el diseño de las políticas públicas y no con medidas parche.
Las elecciones no solo definen a un presidente, también reflejan que tipo de país queremos ser. Si aspiramos a una sociedad verdaderamente democrática debemos asegurar que todas las personas puedan participar y desarrollarse en igualdad de condiciones.
La inclusión no puede seguir siendo un tema secundario ni un compromiso que se renueva cada cuatro años, tiene que ser una convicción permanente para construir un Chile más justo. Requiere más que buenas intenciones: exige voluntad política, un compromiso transversal del Estado y la sociedad.
