Pago de contribuciones con tope máximo: Proyecto de ley cambia reglas del juego a adultos mayores
El Gobierno presentó en la Cámara de Diputadas y Diputados un proyecto de ley clave para las personas mayores propietarias de viviendas, que busca poner un límite al pago de contribuciones estableciendo que este no supere el 5% de sus ingresos anuales.
La iniciativa fue separada del proyecto “ProClase media y pymes” con el fin de agilizar su tramitación y responder rápidamente a una demanda ciudadana ampliamente sentida.
“Es importante que las contribuciones que pagan estas personas sean equilibradas y acordes a sus ingresos”, señaló el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, respecto al proyecto ingresado con discusión inmediata al Congreso.
La iniciativa se sustenta en la cantidad de adultos mayores que actualmente están obligados a pagar contribuciones en Chile.
Si bien el 74% de los 1,5 millones de adultos mayores propietarios está exento del pago; existen casi 400 mil personas que aún deben cumplir con este impuesto.
Actualmente existe una rebaja especial vigente. Sin embargo, si el avalúo fiscal de la vivienda aumenta significativamente, el beneficiario puede perder la exención, incluso si sus ingresos no cambian.
¿Qué propone el proyecto?
Personas mayores de bajos ingresos (hasta $11,1 millones anuales):
Si su vivienda supera el avalúo máximo para estar exenta, su contribución anual no podrá exceder el 5% de sus ingresos.Personas mayores de ingresos medios (entre $11,1 millones y $24,7 millones anuales)
Pagarán el monto que sea menor entre:El 50% de lo que correspondería según la ley actual, o
El 5% de sus ingresos anuales.
Esta medida beneficiará directamente a 75.851 adultos mayores, lo que representa un 67% de quienes actualmente pagan contribuciones.
Además, el proyecto incorpora una modificación administrativa relevante: la postergación del proceso de reavalúo de bienes raíces, originalmente programado para 2026, hasta el año 2027.
El objetivo de esta decisión es entregar mayor certeza a los contribuyentes y permitir que un panel de expertos, convocado por el Gobierno, revise el sistema de avalúos para fortalecer su transparencia y eficiencia.
