Red de favores entre exfiscal Manuel Guerra y Luis Hermosilla marca la querella presentada por la Fiscalía
Una relación sostenida de favores, filtraciones y gestiones personales entre el exfiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, y el abogado Luis Hermosilla es el eje central de la querella de capítulos presentada por el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
Entre los temas tratados en sus conversaciones figuraban denuncias de Carabineros, investigaciones de la PDI y estrategias judiciales, siempre con Hermosilla como intermediario o receptor de información confidencial.
En este contexto, Guerra compartió información estratégica sobre la teoría de los casos, incluyendo asuntos vinculados al estallido social y la imputación de responsabilidades a altos mandos de Carabineros.
El documento de 71 páginas obtenido por La Tercera —basado en los chats extraídos de los teléfonos de ambos— describe cómo, durante años, Guerra habría entregado información reservada, influido en decisiones judiciales y solicitado beneficios personales a cambio de apoyo o contactos gestionados por Hermosilla, hoy imputado en el Caso Audio.
Según la investigación, la relación entre ambos estaba cimentada en un intercambio constante de favores mutuos.
Red de favores
Hermosilla le pregunta a Guerra si le llegó la denuncia de Carabineros relacionada con Andrés Chadwick. Guerra confirma que sí, y aclara que Felipe Sepúlveda se hará cargo con el OS-7, un equipo especializado de Carabineros.
Hermosilla luego sugiere involucrar también a la PDI y menciona a una persona llamada Héctor, que está disponible para colaborar.
Guerra advierte que involucrar a la policía puede ser complicado y que Héctor, aunque bien intencionado, no siempre cumple con lo que promete. Finalmente, Hermosilla propone que conversen en persona.
A juicio del fiscal Mario Carrera, estos intercambios son una muestra de cómo las decisiones investigativas de Guerra se veían influenciadas por los intereses de Hermosilla, quien habría recibido información “estratégica sobre la teoría del caso que adoptaría el Ministerio Público”, incluso en temas vinculados al estallido social y a las imputaciones contra altos mandos de Carabineros.
En otro chat, Guerra expresa a Hermosilla su interés en nuevos cargos y oportunidades fuera de la Fiscalía, preguntando específicamente por un puesto en el CDE y por integrarse a la red laboral que Hermosilla tenía con el exministro Andrés Chadwick.
“¿Sabes si el gobierno tiene resuelto el nombre del consejero que ocupará el cupo de María Eugenia Manaud en el CDE?”, le escribió a Hermosilla.
En otro caso, Guerra le solicita a Hermosilla ayuda para Tufit Bufadel, un fiscal investigado por delitos sexuales, para que su apelación resulte en sobreseimiento. Hermosilla acepta ayudar y pregunta qué quiere Tufit, a lo que Guerra responde: “Que lo sobresean”.
Fundamentos de la querella
El fiscal Carrera sostiene que estos hechos constituyen delitos de cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación administrativa, todos con el objetivo de “favorecer indebidamente los intereses del imputado Hermosilla y su red de contactos”.
Para el persecutor, la actuación de Guerra alcanzó su punto más crítico en 2017, cuando habría ejecutado “maniobras engañosas en el contexto del Caso Penta para excluir a los querellantes y eliminar imputaciones por delitos de corrupción”.
Carrera resume: “Los actos irregulares desplegados por el imputado Guerra derivaron en infracción de los deberes que tenía como fiscal regional, tendientes a favorecer indebidamente los intereses de Hermosilla y su entorno.”