El despojo de US$6 mil millones de Kast contra el pueblo de Chile: Análisis y funestas consecuencias de su propuesta

1.    Fundamento ideológico

Según la visión de Kast, alineada con el neoliberalismo ortodoxo de la Escuela de Chicago, el Estado debe ser más pequeño y eficiente, lo que implica: reducir subsidios, personal público, programas sociales y fondos regionales, es decir, que los servicios públicos se subordinen a la lógica del mercado.

2.    Impacto económico

• Efecto contractivo: Disminuir el gasto público reduce la demanda agregada, afectando el crecimiento económico, el empleo y los ingresos de los hogares, especialmente en regiones dependientes de la inversión estatal. Economistas como Joseph Stiglitz han advertido que los recortes drásticos enfrían la economía y erosionan la cohesión social.

• Reducción de inversión pública: Gran parte de esos US$6.000 millones provienen de áreas como infraestructura, educación y salud, sectores donde el Estado es el principal inversor. Si se recortan, se resentirán proyectos viales, hospitales, universidades regionales y programas de vivienda. Esto afectará tanto al empleo directo (obreros, profesores, médicos) como al indirecto (proveedores, constructoras, pequeñas empresas).

• Aumento de la desigualdad: El gasto social cumple una función redistributiva. Reducirlo implica transferir costos al ciudadano, aumentando la brecha entre quienes pueden pagar servicios privados y quienes no. En palabras de Thomas Piketty, “toda política fiscal es una política de distribución: cuando se reduce el Estado, se refuerzan las desigualdades” (El capital en el siglo XXI).

3.    Impacto social 

• Salud y educación: En salud, los recortes afectarían el presupuesto de hospitales públicos, los programas de atención primaria y la compra de medicamentos. Esto empujaría a miles de personas, que cuenten con cierto poder adquisitivo, hacia el sistema privado. Asimismo, significaría menos recursos para la educación pública, becas y gratuidad universitaria, beneficiando indirectamente al negocio de la educación privada. En Desarrollo y Libertad, Amartya Sen advertía: “La privación económica no solo limita la libertad, sino que también empobrece la capacidad de las personas para ser agentes de su propio destino”.

• Seguridad y programas sociales: Paradójicamente, mientras Kast promete “más seguridad”, un ajuste fiscal de esta magnitud podría restringir la contratación de personal policial, la modernización tecnológica y la infraestructura penitenciaria. Asimismo, se verían afectados programas de asistencia social (Subsidio Familiar, Pensión Garantizada Universal, transferencias a municipios, etc.), profundizando la vulnerabilidad de los sectores más pobres.

• Descentralización y regiones: Los recortes suelen impactar con mayor dureza a las regiones, donde la inversión pública es motor del desarrollo. Las municipalidades verían reducidas sus transferencias, afectando obras locales, salud primaria y educación municipal.

4.    Impacto político e institucional

• Deslegitimación del Estado: El discurso de Kast refuerza la idea de que el Estado es ineficiente y que el mercado puede reemplazarlo. Este enfoque puede erosionar la legitimidad de las instituciones públicas, reduciendo su capacidad de mediación social.

• Conflictos sociales: En un país marcado por la revuelta popular de 2019, una política de austeridad tan agresiva podría reactivar tensiones. Si el Estado vuelve a desentenderse de su rol redistributivo, se agrandará la brecha entre las élites económicas y la ciudadanía precarizada.

La historia chilena reciente muestra que los recortes sociales -aplicados en dictadura y los primeros años de la transición- generan resentimiento y conflictividad.

5.    Impacto macrofiscal

• Posible mejora contable temporal: A corto plazo, el recorte podría mejorar el balance fiscal, reduciendo el déficit o evitando endeudamiento. Sin embargo, la evidencia internacional muestra que los ajustes indiscriminados generan ahorros ilusorios: la pérdida de crecimiento y de recaudación futura termina anulando el beneficio inicial.

• Riesgo de desinversión estructural: Chile presenta un bajo gasto público social (19.6 % del PIB). Un recorte adicional podría consolidar una estructura estatal subfinanciada e incapaz de sostener políticas modernas en diversas áreas.

6.    Conclusión

El recorte de US$6.000 millones no es una medida técnica, sino una decisión ideológica que redefine el contrato social. Bajo el discurso de “eficiencia”, se instala una política de austeridad que recuerda los dogmas del neoliberalismo autoritario: reducir derechos bajo la excusa del orden fiscal.