Elecciones 2025: Oficialismo en desventaja ante la ofensiva de la derecha
En un escenario tensionado por los casos de corrupción asociados al caso fundaciones, la crisis migratoria, una permanente percepción de inseguridad y la baja aprobación hacia el gobierno de parte de la ciudadanía, se llevarán a cabo en noviembre las elecciones presidenciales y parlamentarias.
Según diversas encuestas, este contexto abre una oportunidad para que la derecha y, en particular la ultraderecha, encabezada por José Antonio Kast, consolide una hegemonía en el próximo ciclo político.
América Latina y el mundo viven un escenario similar, en el cual fuerzas de ultraderecha han capitalizado el malestar social, la crisis económica y la inseguridad para posicionarse como alternativas políticas. Lo hemos visto en Argentina, Brasil y Europa, con liderazgos que prometen soluciones rápidas y populistas pero que, en los hechos, profundizan la desigualdad, restringen derechos y debilitan la democracia.
Los resultados de las proyecciones electorales elaboradas a partir de la última elección muestran un escenario inquietante: la oposición podría alcanzar 84 escaños en la Cámara de Diputados y 27 en el Senado, alcanzando así la mayoría en ambas cámaras y, eventualmente, acompañada de un triunfo presidencial. De darse este escenario, el país se enfrentaría a una correlación de fuerzas donde la agenda de avances y cambios sociales quedaría profundamente limitada por un Congreso controlado por la derecha y la ultraderecha.
El oficialismo, dividido en dos listas, enfrenta un escenario con muchas complejidades. En las proyecciones teóricas óptimas podría obtener 71 escaños en la Cámara Baja y 22 en la Cámara Alta; no obstante, la realidad probablemente será mucho más acotada.
Particularidades distritales, la sobrerrepresentación de los resultados municipales y la fuerte competencia entre las distintas listas hacen muy difícil que se alcance ese nivel de representación parlamentaria. A esto se suma la irrupción de nuevos actores en la derecha, como el Partido Nacional Libertario o el Partido de la Gente, que pueden captar votación de sectores descontentos y reforzar el peso de la oposición en la próxima configuración parlamentaria.
De consolidarse este escenario adverso, los principales avances con políticas sociales que van en directo beneficio de la ciudadanía correrían peligro. El fortalecimiento de la educación pública, la salud universal, la agenda de cuidados, los avances en materia de pensiones y el respeto a los derechos laborales son áreas que podrían ser frenadas o incluso revertidas por una mayoría parlamentaria de derecha. En este sentido, lo que está en disputa trasciende los nombres y candidaturas: es el proyecto de país el que se encuentra en juego.
No obstante, el panorama no se encuentra cerrado. Un elemento decisivo en este formato de elecciones es el desempeño de la candidatura presidencial, en este caso de Jeannette Jara. Su candidatura aún tiene margen de crecimiento y, en caso de lograrlo, podría tener un efecto significativo en la elección de parlamentarios en distritos competitivos y en aumentar las posibilidades de aquellos candidatos más débiles, fortaleciendo de esta manera al PC y al bloque oficialista en su conjunto.
En definitiva, lo que está en juego en las elecciones de noviembre no es solo la Presidencia de la República, sino también la correlación de fuerzas en el Parlamento. Ello implica decidir si Chile avanzará hacia un equilibrio político que permita sostener una agenda de derechos sociales frente al riesgo de un retroceso democrático.
Defender los avances conquistados, resistir la ofensiva conservadora y abrir caminos de unidad y participación ciudadana son tareas que exceden a los partidos y convocan a la sociedad en su conjunto. Solo de esa manera será posible enfrentar un ciclo político que amenaza con consolidar un rumbo excluyente y regresivo para Chile.
