Carlos Margotta, Comisión Chilena de DDHH: "Se pretende reinstalar la narrativa negacionista que se ocupó durante la dictadura"

La revelación de un audio en donde el empresario forestal Juan Carlos Morstadt confesó que Julia Chuñil fue quemada ha reavivado el debate sobre la protección de defensores ambientales en Chile y la efectividad de las instituciones del Estado en casos de desaparición.

A esto se suma la polémica generada por un reportaje de Chilevisión que mostró a Bernarda Vera, inscrita en el Informe Rettig como detenida desaparecida durante la dictadura, viviendo en Argentina. Ambos casos han puesto en el centro de la discusión pública el rol de los medios de comunicación, la memoria histórica y las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.

Para Carlos Margotta, director de Relaciones Internacionales de la Comisión Chilena de Derechos Humanos y expresidente del mismo organismo defensor, estos acontecimientos no son aislados, y es que de acuerdo al abogado hay un patrón preocupante que atraviesa distintos poderes del Estado.

Se trataría de una ofensiva expresada en distintas instituciones -desde proyectos legislativos que buscan beneficiar a condenados por crímenes de lesa humanidad, hasta fallos de la Corte Suprema que sustituyen penas de cárcel por reclusión domiciliaria para torturadores- para revertir los avances civilizatorios en DDHH.

En esta entrevista con El Desconcierto, Margotta advirtió sobre lo que considera una estrategia coordinada para reinstalar la narrativa negacionista que imperó durante los 17 años de dictadura con el propósito de consolidar la impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad.

El caso Julia Chuñil: un audio que exige reactivar la investigación

—¿Qué le parece la revelación del audio en donde se decía que habrían quemado a Julia Chuñil?

Nos parece tremendamente grave y obliga a reactivar la investigación que está desarrollando el Ministerio Público, que hasta ahora ha resultado bastante ineficaz.

Ha sido muy cuestionada por las propias familias, por los abogados querellantes e incluso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el pasado 14 de julio instó al Estado chileno a redoblar los esfuerzos para aclarar el paradero de Julia Chuñil y calificó la situación de grave y urgente.

Advirtió que la falta de resultados concretos representaba una amenaza directa a los derechos a la vida e integridad personal de Julia Chuñil. No solo los familiares y los abogados querellantes, sino también los organismos internacionales han advertido la falta de diligencia del Ministerio Público en la investigación de un hecho tan grave.

Con esto ratifican lo que ha sido la posición permanente de la familia, que es tener como principal sospechoso a este empresario forestal, el dueño del fundo, Juan Carlos Morstadt, que producto de una disputa territorial con Julia Chuñil aparecía como el principal sospechoso de su desaparición. Lo que urge hoy es que el Estado, a través de su organismo competente, cumpla con su deber, investigue sin sesgo y esclarezca la verdad lo antes posible.

—¿Cómo debería proceder la justicia y las instituciones del Estado a raíz de todo esto último que se ha conocido?

Nosotros tenemos un juicio bastante crítico de lo que está pasando en general en materia de respeto de los derechos humanos en nuestro país y, particularmente, por la posición que han asumido los diversos órganos del Estado en los últimos meses.

Hay varias señales que son muy complicadas, que son muy atentatorias a los avances que se han obtenido durante todos estos años de lucha por parte de las organizaciones de derechos humanos y sus familiares.

Impunidad y señales preocupantes desde distintos poderes del Estado

Estas señales provienen de distintos órganos del Estado. En primer lugar, nosotros tenemos que recordar lo que ha sido la conducta del Ministerio Público en la investigación de los más de 10.146 casos de violación a los derechos humanos ocurridos durante el estallido social.

Hasta diciembre del año pasado, de acuerdo al informe de Amnistía Internacional, había solo 44 condenas, es decir, no alcanzaba ni al 1% de los casos resueltos. Es una total y completa impunidad.

Por otro lado, nos parece muy preocupante lo que está ocurriendo en materia de algunas iniciativas que se han desarrollado en el poder legislativo. Hay un proyecto de ley en curso, que ya fue aprobado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que busca que las personas condenadas mayores de 80 años cumplan sus penas en sus domicilios.

Obviamente esto está dirigido fundamentalmente en forma encubierta a liberar a los condenados en Punta Peuco por los graves crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura.

Hay otra posición de la Corte Suprema muy preocupante también respecto de promover la impunidad de los criminales de lesa humanidad. Hoy se está aplicando por parte de la sala penal de la Corte Suprema la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en forma errónea de sus normas.

Lo que está haciendo a través de sus fallos, en los últimos 30 fallos relativos principalmente a torturas, cuando vienen condenados agentes estatales, se les aplica esta convención y sustituye la pena privativa de libertad con la cual vienen condenados por reclusión domiciliaria.

Tenemos más de 30 casos y todas las semanas estamos conociendo nuevos fallos de la sala penal de la Corte Suprema. Lo que más nos preocupa es que se está malinterpretando esta convención sobre personas mayores, porque prima la convención interamericana sobre prevención y sanción de la tortura.

Hay un conjunto de señales que hoy estamos viendo que van en una dirección que para nosotros podría resumirse de la siguiente manera: se pretende reinstalar la narrativa negacionista que se ocupó durante la dictadura.

El caso Bernarda Vera y la narrativa negacionista

—¿Cómo se relaciona esto con el reportaje de Chilevisión sobre Bernarda Vera?

Todo está unido. Hay que recordar algo sobre el caso Bernarda Vera: el embajador de la dictadura, el embajador de (Augusto) Pinochet en Naciones Unidas, Sergio Diez, hacía discursos en Naciones Unidas negando la existencia de los detenidos desaparecidos.

Hay que recordar también que en esta negación de los detenidos desaparecidos tuvieron una actitud muy activa y de manera cómplice los medios de comunicación, que no solamente negaron los detenidos desaparecidos, sino que negaron los graves crímenes y asesinatos cometidos durante la dictadura.

Recordemos, solo a título ejemplar, que La Segunda, bajo un famoso titular de "Exterminados como ratones", pretendió encubrir una operación de inteligencia de servicios de seguridad de distintos países latinoamericanos para asesinar y eliminar a opositores políticos, que fue conocida como la operación Colombo.

Hay un cuadro más general que pretende que avance esta narrativa que se impuso en la dictadura y que hoy nuevamente se pretende, a través de ella, reescribir la historia, consolidando consecuencialmente la impunidad. Eso es lo más grave, lo que está de fondo.

Si usted une todos estos casos que yo le estoy señalando, hay una ofensiva que se expresa a través de los distintos órganos del Estado, poder legislativo, poder judicial, pero además donde los medios de comunicación vuelven a jugar un rol muy relevante en la consolidación de la impunidad y la imposición de una narrativa negacionista. Esa es la preocupación central que nosotros tenemos.

—¿No cree que la aparición de Bernarda Vera puede abrir el espacio para que se ponga en cuestión la cantidad de detenidos desaparecidos que figura en los documentos públicos?

Por supuesto, lo que se pretende, tal como lo dijo un diputado de la UDI que forma parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, haciéndose una pregunta: ¿cuántos casos más habrá y, por lo tanto, serán ciertos finalmente la existencia de detenidos desaparecidos? Efectivamente, lo que se busca es relativizar y reescribir la historia, porque hay cuestiones que ya fueron parte de la historia oficial de nuestro país.

Alguien podría decir que no hubo detenidos desaparecidos después de 35 años de transición y después de los informes Rettig y las distintas evidencias que han podido constatar los propios tribunales de justicia a cargo de la investigación que han tenido algunos ministros que se han atrevido a investigar rigurosamente.

Pero esto les sirve para tratar de relativizar la violación de derechos humanos, poner en duda la existencia de la política de terrorismo de Estado.

Ellos pretenden blanquear su participación y su complicidad con los crímenes poniendo en duda hoy los crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado durante los 17 años de dictadura.

—Hay organizaciones de derechos humanos que dicen que ese reportaje de Chilevisión estaba sesgado. ¿Usted comparte esa visión?

Efectivamente, ese reportaje deja entrever que hay que poner en duda al conjunto de los detenidos desaparecidos que aparecen consignados en el informe Rettig.

Entonces contribuye de una manera solapada a establecer la duda, y eso nos parece que es una actitud miserable que revictimiza a los familiares y que pretende desconocer además las obligaciones internacionales sobre derechos humanos que tiene el Estado chileno para establecer la verdad, hacer justicia y reparar a las víctimas.

El tema de fondo es ese: hay un mar de fondo, esta ofensiva de la derecha, la derecha toda, que ven en esto una oportunidad para blanquear su complicidad con los crímenes cometidos durante la dictadura a través de su silencio cómplice. Por otro lado, instalar una narrativa que permita que los criminales que han sido condenados y que hoy están cumpliendo sus penas privativas de libertad salgan en libertad. Es el sentido último.

Por lo demás, usted sabe que, por ejemplo, José Antonio Kast ha dicho que él quiere indultar a los condenados en Punta Peuco. Él ha abrazado la obra, entre comillas, de la dictadura de Pinochet. Él ha relativizado las violaciones a los derechos humanos.

En ese marco es donde se tienen que explicar todas estas situaciones que están ocurriendo: el caso de Julia Chuñil, el caso de Bernarda Vera, lo que está ocurriendo en materia legislativa con proyectos de ley que buscan sacar de la cárcel y mandar a sus casas a los condenados, contrariando la obligación internacional en derechos humanos, porque eso está prohibido por el derecho internacional. O promoviendo que los mayores de 80 años se vayan para la casa también, los que están ya condenados.

Llamado a los medios y la sociedad civil

—¿Cómo cree que la sociedad debería reaccionar ante este tipo de noticias, tanto sobre Julia Chuñil como sobre Bernarda Vera? ¿Cómo cree que los medios de comunicación deberían proceder con estas informaciones?

De los medios hegemónicos, la verdad, nosotros no esperamos mucho. Pero sí de los medios alternativos, obviamente esperamos que se les dé mucha voz a los familiares de las víctimas, mucha voz a las organizaciones de derechos humanos, para efecto de contrarrestar este discurso hegemónico que se pretende imponer.

Reitero, tratando de restablecer la narrativa que tuvo la dictadura durante los 17 años de aplicación de una política de exterminio, donde se negaba la violación de los derechos humanos, a pesar del reclamo y exigencia de los familiares que se agruparon prontamente y se organizaron prontamente para denunciar lo que estaba ocurriendo en nuestro país.

Lo fundamental aquí es lo que te señalo: hay un intento de reescribir la historia sobre la base de la negación y reinstalar la narrativa de la dictadura. Porque si uno analiza solo los casos en forma aislada, puede tener muchas opiniones, pero uno tiene que tratar de mirar cuál es el cuadro general.