El peso del silencio escolar
En 2024, Chile registró más de 39.000 niños, niñas y adolescentes ingresados como víctimas de delitos sexuales en todo el país, según datos oficiales de la Defensoría de la Niñez y el Ministerio Público.
Esta cifra representa el total nacional y abarca todos los contextos en que ocurren estos delitos, no exclusivamente los casos que suceden en el entorno escolar. Sin embargo, aún dentro de este último, el abuso sexual entre pares y con agresores inimputables exige atención urgente, aunque muchas veces los colegios optan por la omisión para preservar su reputación institucional.
La Ley 20.084 establece que los menores de 14 años son penalmente inimputables, es decir, no pueden ser sujetos a responsabilidad penal por sus actos, incluidos los delitos de connotación sexual. Si bien el espíritu de la norma busca proteger a niños y niñas de la estigmatización del sistema penal, la realidad es que una zona gris normativa surge en el seno escolar.
¿Qué hacer ante hechos graves protagonizados por estudiantes inimputables? El vacío legal en la tipificación de ciertas conductas y la falta de rutas claras para la protección efectiva de las víctimas terminan por colocar la carga de la respuesta sobre directivos escolares, quienes a menudo optan por la pasividad para no perjudicar la imagen de la institución.
El daño, sin embargo, es real y cuantificable. Un reciente estudio global publicado en The Lancet sitúa a Chile entre los países con mayor prevalencia de violencia sexual en niñas, llegando a un 31%, superando ampliamente el promedio internacional.
Aunque este dato destaca la prevalencia en niñas, también es importante reconocer que existen casos graves de agresiones sexuales contra niños, lo que no solo interpela la política pública, sino que exige urgencia y transparencia en el actuar de los colegios, donde la tendencia al silencio resulta devastadora para las víctimas, perpetuando circuitos de impunidad y revictimización.
En ese sentido, el propio Ministerio de Educación ha enfatizado, a través de circulares y protocolos oficiales, la obligación de denunciar cualquier indicio de abuso ante las autoridades competentes, sin excusas ni dilaciones.
Paradójicamente, el temor a dañar la reputación lleva a muchos establecimientos a privilegiar acuerdos informales con las familias, cambios de sala o traslados de los presuntos responsables, en vez de accionar los mecanismos legales. Esta práctica no solo es ilegal, sino que contradice el interés superior de la niñez consagrado en tratados internacionales suscritos por Chile y en la Ley de Garantías de la Niñez.
La protección integral de niños, niñas y adolescentes (sin distinción de género y considerando que los varones también son víctimas), no es compatible con un espíritu corporativo que antepone el branding educativo por sobre la verdad y la reparación.
El desafío, entonces, es colectivo. Si los colegios no instalan una cultura de prevención, detección y real acompañamiento, con apego estricto a protocolos oficiales y rutas de denuncia, el sistema continúa fallando a quienes más protección necesita. Es hora de asumir que el daño institucional de ocultar estos hechos siempre será menor que el daño irreparable de silenciar a una víctima. Chile no puede naturalizar que la protección de la imagen escolar pese más que el derecho de los niños y niñas a vivir y aprender libres de violencia sexual.
