Defensoría de la Niñez plantea desafíos urgentes a candidatos presidenciales tras 105% aumento en homicidios de menores

Cumpliendo con su mandato de recomendaciones orientadas a la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la Defensoría de la Niñez elaboró un informe que reúne antecedentes, problemáticas y análisis clave.

Con esto, la organización busca plantear los principales desafíos de la institución a los ocho candidatos presidenciales, con el fin de reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes, sobre todo en estado de vulnerabilidad.

El documento, titulado “Agenda País para la Niñez y Adolescencia: desafíos y recomendaciones 2025-2030” tiene por objetivo entregar a cada candidatura presidencial un mapeo sobre los temas más urgentes y relevantes en materia de derechos de la niñez y adolescencia.

Defensor se reunirá con candidatos

Para darle un especial simbolismo al documento, el defensor de la niñez, Anuar Quesille, se reunirá personalmente con cada uno de los ocho candidatos, para explicar sus principales puntos y plantearles todos los desafíos.

La ronda de encuentros comenzó con Marco Enríquez-Ominami, y se espera que en los próximos días continúe con el resto de los postulantes a la Presidencia de la República.

“En un contexto en que nuestro último Estudio de Opinión, 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes respondió que no han tenido oportunidad de ejercer sus derechos o que han sido vulnerados de alguna forma, es absolutamente necesario ofrecer a Chile una visión a largo plazo y poner realmente en el centro de la discusión los factores más determinantes, y frecuentemente evadidos, que afectan a la niñez y adolescencia”, comenzó Quesille.

“Tenemos el desafío de afrontar diversos riesgos medioambientales, digitales, geopolíticos, económicos y sociales, que significan una policrisis global de las infancias”, añadió.

Principales desafíos para la Defensoría

Anuar Quesille explicó que, en este proceso de seguimiento de la Defensoría de la Niñez, se han visto reflejadas diversas temáticas como cuidados, política social, salud mental, desarrollo de la adolescencia, violencia, capacidad de respuesta de los programas sociales y en la percepción de los garantes sobre los derechos de la niñez y adolescencia.

Con esto, se definieron una serie de objetivos, medidas específicas, metas e indicadores, que construyeron como un marco y guía para abordar los temas más urgentes para los próximos años, y en los que resulta clave que el próximo gobierno considere en su agenda, pero que también son importantes de abordar por parte de los poderes Legislativo y Judicial, dice la institución.

Niños, niñas y adolescentes expuestos

En un dato revelador de este informe, se constató que en siete años (2018-2024) aumentó en un 105% la cantidad de niños, niñas y adolescentes víctimas de homicidio consumado, y entre 2022 y agosto de 2025 un total de 162 niños, niñas y adolescentes han fallecido producto del uso de armas de fuego. 

También incluye la crisis en salud mental, cuando 12,9% de los adolescentes entre 15 y 17 años afirma que ha sentido “más de la mitad” o “casi todos” los días ganas de terminar con su vida, o el 33,1% de los niños, niñas y adolescentes desde primero básico no sabe o no cree que cumplirá sus sueños y el 52% afirma que “nunca” o “algunas veces” le gusta como es.

En ese sentido, la Defensoría de la Niñez plantea desafíos a los candidatos con recomendaciones para incluir políticas públicas que permitan enfrentar los temas con prioridad:

• Consolidar un piso de protección social universal, con enfoque de ciclo de vida y adaptativo para niños, niñas y adolescentes

• Fortalecer la distribución de los roles de cuidado de niños, niñas y adolescentes

• Fortalecer el goce y el uso de espacios públicos amigables por parte de niños, niñas y adolescentes

• Mejorar la calidad del sistema educativo, adaptándolo a las nuevas necesidades y desafíos.

• Prevenir y actuar a tiempo frente a la violencia

Finalmente, los desafíos terminan planteando “lograr una cultura favorable a los derechos de participación de niños, niñas y adolescentes”, e “incorporar el enfoque de derechos de la niñez y adolescencia en todo el quehacer estatal de forma transversal”.