Pescadores artesanales exigen al ministro García liderar aprobación de Plataforma Social financiada con licitaciones
A través de una carta formal, la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal solicitó una reunión urgente con el ministro de Economía, Álvaro García, con el objetivo de consolidar un acuerdo que permita avanzar en una demanda histórica del sector: la creación de una Plataforma Social.
Esta demanda apunta a garantizar la protección de los trabajadores y trabajadoras de la pesca artesanal.
En el documento, los dirigentes reconocen la disposición al diálogo demostrada por la cartera económica y la Subsecretaría de Pesca, pero recalcan que el proceso debe traducirse en medidas concretas.
Todo esto en un contexto en que se discute en el Congreso el Título III de la nueva Ley de Pesca, que aborda las garantías sociales y las licitaciones de licencias industriales.
"La Plataforma Social no puede seguir esperando. Necesitamos asegurar un financiamiento estable y eso pasa necesariamente por licitar las licencias industriales”, afirmó Hernán Cortés, presidente de CONDEPP y vocero de la Alianza.
Los representantes de la Alianza hicieron un llamado directo al ministro García para que dé un giro decisivo a la discusión y encabece el proceso de transformación.
“Estamos felices y con esperanza, porque el Presidente Gabriel Boric ya reafirmó que la Plataforma Social será una realidad. Ahora necesitamos que el ministro García encabece este proceso y dé la señal política clara de que el mar no se regala más”, dijo Cortés.
¿Cómo financiar la plataforma social?
Uno de los puntos centrales de la propuesta es que los recursos para esta plataforma provengan de las licitaciones de licencias tipo B (LTP-B), lo que implicaría modificar el actual modelo de asignación directa, altamente cuestionado por su falta de transparencia y baja rentabilidad para el Estado.
Desde la Región de Coquimbo, Pascual Aguilera, presidente de CORANOR, apuntó precisamente a esa brecha.
“Hoy el Estado está dejando de recaudar millones porque mantiene un sistema de licencias entregadas a dedo. Mientras una LTP-A se paga a $17 por kilo, en subastas el mismo recurso llega a $115. No se trata solo de proteger a la pesca artesanal, sino de terminar con una distorsión económica que beneficia a unos pocos industriales a costa del país entero”, criticó.
Protección ante accidentes
Sara Garrido, presidenta de la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal, subrayó el impacto social de esta deuda histórica.
“Cada vez que ocurre una tragedia, como el caso Bruma, queda en evidencia la desprotección total en la que vivimos los pescadores artesanales y sus familias", expresó.
En ese sentido, se refiere al impacto para las familias, como "viudas sin pensión, hijos sin sustento y comunidades enteras golpeadas por la incertidumbre".
Por esta razón, "la Plataforma Social es un acto mínimo de justicia y dignidad, algo que incluso ya fue planteado por la Comisión Investigadora del caso, en el Congreso”.
