Catalina Pérez arriesga 10 años de cárcel e inhabilitación perpetua de cargos públicos por Caso Democracia Viva
La Fiscalía Regional de Antofagasta decidió presentar una acusación contra los imputados por el Caso Democracia Viva, entre ellos la desaforada diputada Catalina Pérez, y solicitará la pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, entre otros castigos, para todos ellos.
Aparte de la exmilitante del Frente Amplio están su expareja Daniel Andrade, el exseremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras, la exconcejala Paz Fuica y otras tres personas, según informó La Tercera.
Catalina Pérez arriesga cárcel
Fiscalía detalló en su acusación los cuatro hechos y los tres delitos por los que llevará a un juicio a los imputados antes mencionados, debido a desvíos de fondos en convenios con el Estado de las fundaciones Democracia Viva, Fibra, Fusupo y Tomarte.
Son tres delitos graves de fraude al Fisco por los cuales Catalina Pérez arriesga, de acuerdo al diario antes mencionado:
Pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo.
Multa de la mitad del perjuicio causado.
Inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos.
Inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.
Inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que éste tenga una participación mayoritaria o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado.
En tanto, la exconcejala Paz Fuica y el otrora seremi de Vivienda antofagastino Carlos Contreras, Sumarían en total 35 años de cárcel efectiva si se comprueba su participación en los delitos imputados.
El rol de Catalina Pérez en Democracia Viva
De acuerdo a la investigación de Fiscalía, Catalina Pérez está imputada como coautora de fraude al Fisco tras el convenio celebrado entre la fundación Democracia Viva -de su expareja, Daniel Andrade-, y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, en 2022.
Se sostiene que, con fines políticos y mediante la fundación, Pérez y el resto de imputados idearon un plan para obtener recursos del Estado del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda. En total, se pactaron tres convenios por un monto total de $426 millones, dinero que debía ser destinado a financiar proyectos en campamentos de dicha región.
La diputada habría tenido un rol activo en la adjudicación de los fondos mediante la facilitación de la firma de los tres convenios. Sin embargo, la fundación no contaba con los requisitos correspondientes para pactar el acuerdo y acceder a recursos públicos.
Defensa sostiene inocencia y celebra flexibilización de medidas
Tras la acusación del Ministerio Público, el abogado defensor de Catalina Pérez, Gonzalo Medina, calificó la decisión como "un paso lógico después del cierre de la investigación" y anticipó que en el juicio podrán "acreditar la total inocencia de la diputada".
"Lo relevante es que nos acercamos al juicio donde podremos demostrar que las múltiples pruebas descartan cualquier participación suya en la gestión y firma de los convenios", sostuvo el representante legal.
Además, Medina también destacó la decisión del tribunal de revocar la medida cautelar de arresto domiciliario total y la sustitución por arresto domiciliario nocturno: "esa medida es suficiente para los fines de este proceso".
El abogado concluyó reafirmando su compromiso procesal: "Como ha sido desde el inicio, seguiremos colaborando plenamente con la justicia en todo lo que sea necesario".
