Ministra Toro indica que es inconstitucional intento de modificar Ley Lafkenche sin consulta indígena
En la cámara del Senado se aprobó en general un proyecto impulsado por el senador Fidel Espinoza (PS) y patrocinada por senadores del PS, UDI y Renovación Nacional, para modificar la Ley Lafkenche, que permite a comunidades indígenas administrar y conservar zonas costeras de las que sus pueblos hayan hecho uso ancestral, creando Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO).
Ahora, desde el Ministerio de Desarrollo Social ingresaron una reserva de constitucionalidad para alertar que, en visón del Ejecutivo, esta iniciativa es inconstitucional por no haberse sometido a consulta indígena. De aprobarse el proyecto de ley, se presentaría un requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Sin consulta indígena
Según declaran desde la cartera de la ministra Javiera Toro, el proyecto de ley vulnera el artículo 5 de la Constitución, que obliga no solo a respetar los derechos establecidos en ella sino también los que provienen de tratados internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile.
“En este caso, se está incumpliendo el Convenio 169 de la OIT, que exige que el Estado consulte de forma previa, libre e informada a los pueblos indígenas cuando una medida legislativa o administrativa pueda afectarlos directamente. Esta consulta debe ser realizada de buena fe, mediante procedimientos adecuados y a través de las instituciones representativas de los pueblos indígenas”, declaran desde el ministerio.
“Como el proyecto afecta derechos reconocidos a los pueblos originarios y no existe consulta, el Ejecutivo cumple con advertir este vicio constitucional. Si la iniciativa llega a convertirse en ley, se ha cumplido el requisito exigido para la presentación de un requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional”, concluyen.
Violencia y ley Lafkenche
Parlamentarios, dirigentes y pescadores han alertado por una arremetida contra la ley Lafkenche así como campañas de desinformación impulsadas por la industria salmonera y por congresistas, denunciando que este debate público está alimentando la discriminación y generando divisiones entre comunidades indígenas y organizaciones de pescadores artesanales, que históricamente han trabajado en conjunto para crear ECMPO que beneficien a ambos.
A fines de julio, un dirigente huilliche que lleva adelante la solicitud de un ECMPO en una isla de Chiloé fue amenazado de muerte, ilustrando que la creciente violencia en el discurso permea en el territorio.
Este hecho tiene un antecedente grave: en febrero de 2024 desconocidos entraron forzadamente a la casa de Daniel Caniullán, dirigente de la comunidad indígena Pu Wapi que solicita un ECMPO en Aysén, y destruyeron muebles sin robarle nada. Luego recibió audios amenazándolo de interponer acciones legales contra él si no retiraba la solicitud.
Así se denuncia también en el podcast Mar Abierto, donde incluso pescadores artesanales critican la división que se está generando en las comunidades costeras a raíz de este discurso. Entre los testimonios, un ex trabajador de salmoneras y actual buzo mariscador relata que la llegada de la ECMPO a su territorio mejoró las condiciones para los pescadores artesanales de la zona que participaron junto a las comunidades indígenas en la administración del espacio.
