Los narcoabogados que trabajan para Carabineros: Defensa penal con fondos del Estado

En mayo de 2025, de acuerdo a Radio Biobío, la Dirección de Bienestar de Carabineros de Chile realizó pagos por $2,5 millones cada uno a los exfiscales Alejandro Peña Ceballos y José Villalobos Gómez, bajo la glosa de “pago único que corresponde al 50% del total de los honorarios”.

La cifra, aunque significativa, es apenas la punta visible de una red más amplia pues ambos juristas forman parte del llamado “bufete verde oliva”, un listado de al menos 15 penalistas contratados por Carabineros para defender a sus funcionarios imputados por delitos penales, muchos de ellos ligados al narcotráfico, lavado de activos y posesión de armas. 

Pero el escándalo no termina allí. Tanto Peña como Villalobos figuran en la nómina negra de la Contraloría General de la República, que identifica a abogados inhabilitados por la Ley 20.000 para ejercer funciones públicas debido a su vínculo directo con imputados por narcotráfico. Sin embargo, la policía uniformada -desoyendo el espíritu de la ley- se ampara en un tecnicismo: como se trata de asesorías externas y no contratos permanentes, las inhabilidades no se aplicarían.

Parafraseando al abogado Carlos Peña, una institución pierde su brújula moral cuando ya no distingue entre lo que le conviene y lo que es correcto. Carabineros, al contratar a estos juristas, confirma que su brújula moral está rota.

Jürgen Habermas, en Facticidad y validez, ha insistido en que la legitimidad del poder solo puede sostenerse en la transparencia, la deliberación pública y el respeto a normas válidas universalmente. Lo ocurrido aquí -el ocultamiento de vínculos con redes criminales, el uso opaco de recursos públicos y la instrumentalización del derecho penal- es exactamente lo contrario, un retroceso hacia formas premodernas de administración cerrada, elitista y autorreferente del poder.

Los antecedentes son demoledores. Villalobos, tras abandonar el Ministerio Público en 2017, ha representado reiteradamente a imputados por delitos de la Ley de Drogas, principalmente en la jurisdicción de San Miguel, actuando junto a sus socios Alejandro Peña y Vinko Fodich. En tanto, Peña -exjefe de la Unidad Especializada de Tráfico Ilícito de Drogas- ha defendido a narcotraficantes en casos de alta complejidad:

• En abril de 2025, presentó un recurso de amparo a favor de un imputado por tráfico de drogas y porte ilegal de armas recluido en Santiago Uno.

• Defendió exitosamente a Jianfei Shan, ciudadano chino que financió con más de $70 millones en efectivo una operación de exportación de 100 kilos de cocaína desde el Puerto de San Antonio a Róterdam.

• En esa misma causa, Villalobos representó a Xuepeng Du, condenado como cómplice de la organización.

• En febrero de 2025, dos clientes de Peña fueron condenados por tráfico de drogas en Petorca, con penas de tres años y un día de presidio y una multa de 10 UTM.

• Ambos abogados asumieron en noviembre de 2024 la defensa de Marcelo Mella Hernández, líder de un clan familiar de narcotráfico, acusado además de lavado de activos y posesión ilegal de armas y municiones.

Que la policía contrate a quienes defienden a sujetos con estos perfiles no es una mera casualidad, sino la expresión de una desviación ética profunda que erosiona la confianza pública en las fuerzas del orden.

Carabineros alegó que, al no tratarse de empleos públicos formales, no se transgrede la Ley 20.000 y que, asimismo, no podían revisar el trabajo desarrollado en el ámbito privado de ambos abogados.

En How democracies die, Steven Levitsky señaló: “la democracia muere lentamente cuando el poder se reserva el derecho de elegir a quiénes deben cumplir la ley y a quiénes no”. Lo que vemos aquí es la concreción de un aparato policial que actúa como un ente soberano dentro del Estado. La defensa de Carabineros se desmorona aún más cuando se descubre que las causas defendidas por Peña y Villalobos están disponibles en el sistema público del Poder Judicial.

Quizás el aspecto más ofensivo de este caso es que estos contratos se pagan con una “mixtura” de fondos públicos y aportes de los propios funcionarios, es decir, dineros del Estado son usados para financiar la defensa de miembros acusados de delitos graves, muchos de ellos relacionados con organizaciones criminales.

Esto instala una grave sospecha, ¿hasta qué punto el aparato policial se encuentra infiltrado por intereses criminales?

El filósofo del derecho Norberto Bobbio advirtió, en Democracia y secreto, que la legalidad sin transparencia es solo una herramienta de dominación. En este caso, la ley ya no es un límite al poder, sino un escudo para sus privilegios.

Finalmente, Carabineros actúa como una corporación blindada, decidida a protegerse a sí misma incluso a costa de la ley, la ética y los fondos públicos. La contratación de abogados ligados a redes de narcotráfico, por más externa que se presente, es una afrenta al espíritu de la ley y revela que esta organización ha perdido la vergüenza, la dignidad y la brújula moral.