Los tiburones dentro del acuario del litio
La principal recomendación de la instancia parlamentaria, que no tiene carácter vinculante, es la anulación misma del negocio, que es la piedra angular de la Política Nacional del Litio presentada por el Gobierno en 2023.
Diversos sondeos, tanto regionales como nacionales, a cargo de Cadem, la Universidad del Desarrollo, la Universidad Católica del Norte y Feedback, han evidenciado que la mayoría de la ciudadanía no tiene objeciones al acuerdo ni lo ubica entre sus preocupaciones principales, algo que suele pesar en un año electoral.
Sin embargo, con un empeño que ha llamado la atención en el propio Congreso Nacional, un reducido grupo de diputados propició la constitución de la Comisión Especial Investigadora con el fin de indagar en un acuerdo que califica de “opaco” y perjudicial para los intereses del Estado.
En los pasillos de la sede legislativa de Valparaíso se señala privadamente que detrás de la acción parlamentaria hay dos intereses que confluyeron en su propósito por desacreditar el acuerdo entre Codelco y SQM: China y el Grupo Errázuriz.
“Al principio, la mano china incidió en la conformación de la comisión para obtener las firmas suficientes y luego el Grupo Errázuriz movió los hilos en las citaciones y en los temas tratados, de una manera que te diría que fue bien impúdica, sin que nadie dijera nada”, comenta un asesor parlamentario que sigue las discusiones mineras.
En la primera fase se le adjudica un rol protagónico al diputado Miguel Ángel Calisto, recientemente afectado por una demanda presentada en su contra por el Consejo de Defensa del Estado a raíz del mal uso de asignaciones parlamentarias para su trabajo distrital en la Región de Aysén, por un monto cercano a los 100 millones de pesos. Calisto, identificado por sus propios pares como parte de la llamada “bancada china”, habría empujado personalmente la obtención de firmas.
El interés de China está en la participación que Tianqi tiene en la propiedad de SQM. La firma china ha insistido en que el acuerdo con Codelco debería haber pasado por junta de accionistas y no sólo por el directorio, donde fue aprobado unánimemente, incluyendo los votos de los representantes de Tianqi. La compañía asiática ha recurrido sin éxito a varias instancias, tanto regulatorias como judiciales.
“Da la impresión que a los chinos no les parece un mal acuerdo, sino que quieren tener más incidencia en el negocio, que es el problema que han tenido siempre los socios minoritarios de SQM”, dice un analista financiero que sigue el desempeño de la minera no metálica.
Ese punto marca una diferencia, dicen en el Congreso Nacional, con la postura que el Grupo Errázuriz inoculó posteriormente al interior de la Comisión Investigadora.
“No sólo asistió el mismo Francisco Javier Errázuriz a la comisión. Su abogado, Mauricio Daza, lo hizo dos veces consecutivas repitiendo con calco los mismos argumentos, sin reconocer el vínculo que existe entre ellos y que incluye un largo historial de demandas contra SQM. La apuesta de Errázuriz es dinamitar el acuerdo, mientras que a los chinos les basta con ser más incluidos”, asegura un abogado que conoce de cerca la historia que distancia a los Errázuriz de Julio Ponce Lerou, controlador de SQM.
El acuario del litio tiene estos poderosos tiburones en su interior, lo que, a juicio de un conocedor del negocio, “hace que eso de calificar de 'opaco' el acuerdo en la Cámara sea algo casi surrealista y no creo que pase colado, tarde o temprano”.
Hoy, por la tarde, basta con mayoría simple en la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas para aprobar el informe de la Comisión Especial Investigadora.
