"Están utilizando todo su poder": Pescadores piden a Boric firmeza por intento de saboteo a Ley de Fraccionamiento
A pocas horas de que el Presidente Gabriel Boric entregue su última Cuenta Pública, la Confederación Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero A.G. (CONDEPP) exigió al Mandatario honrar su compromiso de campaña con el mundo pesquero artesanal al solicitarle derogar la polémica Ley Longueira.
Esta normativa es responsable de la actual desigualdad en la distribución de las cuotas pesqueras entre el rubro artesanal e industrial.
A su vez, los dirigentes le piden al jefe de Estado una plataforma social que brinde seguridad y apoyo real a los pescadores y sus familias.
Desde la organización recordaron que el propio presidente, durante su candidatura, calificó la actual ley como “hecha a medida de las pesqueras” y elaborada con la intervención directa de ejecutivos como Francisco Mujica, exgerente general de Corpesca.
“Presidente, usted fue claro, en orden a que había que terminar con la ley hecha a medida de las pesqueras, redactada con las indicaciones de ejecutivos como Francisco Mujica de Corpesca”, afirmó Hernán Cortés, presidente de CONDEPP.
En ese sentido, le piden mantener toda su firmeza en un periodo en el que "los grandes intereses de la pesca industrial están utilizando todo su poder para torpedear el fraccionamiento, las licitaciones y la plataforma social para la pesca artesanal”.
Los ejes de discusión
Si bien la organización valoró los avances legislativos en torno al nuevo sistema de fraccionamiento pesquero, los dirigentes expresaron su descontento por el rechazo del Senado a la fórmula de financiamiento propuesta por el Ejecutivo.
Esta última consistía en licitar el 15% del aumento de la cuota de jurel otorgada a Chile por la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS).
“Financiar una ley justa con licitaciones es una señal mínima de reparación. No podemos seguir premiando con recursos públicos a las mismas empresas que se beneficiaron del soborno y de un regalo regulatorio”, enfatizó Hernán Machuca, vocero de la confederación.
Y es a través de los recursos obtenidos mediante la licitación del jurel se podría destinar dinero para financiar la demandada plataforma social, que permitirá garantizar condiciones mínimas de seguridad y bienestar a quienes arriesgan su vida en el mar.
Sara Garrido, presidenta de la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal, destacó la vulnerabilidad del sector, especialmente tras tragedias como la del caso Bruma.
La tragedia de Coronel dejó a siete pescadores desaparecidos luego de que la lancha en la que navegaban fuera colisionada por un buque industrial.
“Los pescadores y sus familias enfrentan riesgos permanentes en el mar, sin un mínimo de protección. El caso Bruma es la prueba más dura de esa indefensión. Necesitamos seguridad, dignidad y justicia social, especialmente para las mujeres de mar”, expresó.
Finalmente, la confederación exigió que la plataforma social sea incorporada como prioridad legislativa, que se retomen las licitaciones como herramienta de financiamiento y que se mantenga la urgencia en la tramitación de la nueva ley de pesca.
“Los pescadores artesanales no pedimos privilegios. Pedimos justicia y protección. Y que, esta vez, la ley se escriba sin las manos de la industria sobre el Congreso”, concluyó Cortés.
