Despenalización del aborto: Déjennos hablar

Esta semana, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, anunció que el Gobierno del presidente Gabriel Boric presentará un proyecto de ley para despenalizar el aborto.

Esta noticia no solo vuelve a poner sobre la mesa un tema complejo y muchas veces silenciado, sino que también nos permite reabrir una puerta: la del debate, la de la realidad, la del derecho a hablar. Porque eso es lo primero, que nos dejen hablar.

Hablar de aborto en Chile nunca ha sido fácil. Durante décadas, la penalización absoluta impuso el silencio como única opción. No hubo matices, no hubo excepciones. Desde 1989, cuando la dictadura eliminó las causales terapéuticas que habían existido desde 1931, hasta el año 2017, Chile fue uno de los pocos países del mundo donde interrumpir un embarazo era delito en cualquier circunstancia. Ni la violación, ni el riesgo de muerte de la madre, ni la inviabilidad fetal eran razones suficientes para permitir la decisión de una mujer sobre su cuerpo.

En 2017, tras años de discusión, se aprobó la ley de aborto en tres causales. Fue un avance, sí, pero también una concesión mínima. Porque esa ley, pensada como piso, fue usada por muchos como techo. Y porque, incluso en sus limitados márgenes, ha estado constantemente amenazada por objeciones de conciencia institucionales, falta de acceso real y el juicio social que no ha desaparecido.

Muchas niñas y adolescentes violadas han sido obligadas a continuar con embarazos no deseados, mientras sus historias eran borradas de los medios o tratadas como excepciones incómodas.

Necesitamos que nos dejen hablar sobre lo que ha pasado en silencio, lo que muchos no conocen o se niegan a conocer. Que se revele la realidad de quienes vivieron en la clandestinidad, de quienes se enfrentaron a la culpa, al miedo, a la soledad, por no poder hablar en voz alta. Que se reconozca que esas mujeres no son un mito, pero tampoco una amenaza futura, sino un clamor por dignidad.

Hablar de aborto sin hablar de cifras, contextos y cuerpos concretos es mantener el debate en el plano cómodo de la teoría. Pero la realidad no es cómoda. En el 2024, se estimaba que en Chile ocurrían más de 30.000 abortos al año sin supervisión médica alguna por parte de mujeres que recurrían al mercado negro, carentes de todo tipo de protección, pero esperanzadas y apoyadas en que alguna amiga o conocida que las pudiera ayudar.

Despojadas de lo básico, nos aferramos a la desesperación y humillación, haciendo lo prohibido, pero lo que todos murmullan. Dejar de murmurar no significa promover, significa reconocer. Y despenalizarlo es, sin duda, dar un paso hacia una sociedad que acompaña, que comprende, que no abandona.

Estas cifras se construyen desde el silencio, porque el aborto clandestino no deja registros oficiales, no aparece en las estadísticas públicas, no se denuncia ni se cuenta. Algunas mujeres logran abortar sin complicaciones, otras terminan en urgencias, con hemorragias, infecciones o secuelas físicas y emocionales difíciles de nombrar. Y aun así, muchas de ellas mienten en los hospitales, ocultan lo que pasó, por miedo a ser denunciadas o juzgadas, porque es un delito.

Pero debemos estar preparadas, porque ya lo vimos en el año 2017, cuando la discusión se limitó a tres causales e intentaron decir que no a las más de miles de niñas que solicitaron la interrupción del embarazo fundado en la causal de violación. Ya intentaron hacer prevalecer sus credos por sobre nuestros derechos. Ya intentaron

A quienes están en el Congreso, a quienes tienen voz, les pedimos algo simple, pero urgente, déjennos hablar.