A una semana del caso licencias médicas: 1.102 renunciados, 131 servicios con sumarios y nuevo foco en viajes nacionales

El 20 de mayo se destapó un nuevo escándalo vinculado a la probidad en nuestro país. En esta oportunidad fue Contraloría, organismo liderado por su titular Dorothy Pérez, la encargada de oficializar un masivo uso indebido de licencias médicas en Chile, generado un gran impacto tanto en los funcionarios públicos como a nivel ciudadano.

Ya que, según las cifras emanadas de esta entidad, entre 2023 y 2024, 25.078 funcionarios viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica, lo que equivale a aproximadamente 10% de los empleados públicos activos en ese período.

Lo que tiene un alcance significativo, ya que estos funcionarios pertenecen a 777 instituciones incluyendo ministerios, subsecretarías, servicios y municipios.

Transcurridos los días, y en medio del revuelo generado por el caso y algunas medidas adoptadas por el gobierno central y varias entidades involucradas, desde La Moneda, este martes 27 de mayo, se informó que 1.102 funcionarios dejaron de trabajar en la administración central.

Mientras, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que existen 131 servicios públicos donde ya se han iniciado sumarios administrativos, a lo que se suman 6.592 que se abrieron en el gobierno central.

El alcalde republicano de Macul, también involucrado

Entre los implicados se encuentran figuras de alto perfil, como el alcalde de Macul, Eduardo Espinoza, a quien el Partido Republicano le suspendió su militancia tras constatarse esta situación. Habría estado en Tacna, Perú cuando era funcionario del municipio, previo a asumir como jefe comunal, el año pasado.

En el mismo viaje, en marzo del 2024, ofició como director técnico en un homenaje a Francisco “Chamaco” Valdés en Arica, en un partido de Colo-Colo.

Otro de los nombres que ha destapado este escándalo, apunta a la alta administración del tren subterráneo de Santiago.

De hecho, también este vertiginoso martes, el gerente corporativo de personas del Metro de Santiago, Patricio Baronti, renunció tras admitir que viajó al extranjero estando con licencia médica.

Autoridades vinculadas al Presidente Gabriel Boric, no están ajenas a este escándalo. Porque un amigo suyo del Colegio Británico The British School de Punta Arenas, también es parte de él. Contexto en el que la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), notificó el viernes de la semana pasada, que aceptó la renuncia del jefe de división de políticas regulatorias y estudios, Raúl Domínguez.

Pero además, se detectó que 250 médicos atendieron partos en clínicas privadas mientras estaban con licencia. Entramado en el que el hasta hace unos días vicepresidente del Colegio Médico, Iván Mendoza, quien a comienzos de esta semana renunció a su cargo en la entidad gremial, también se vio involucrado.

Ello, tras detectarse que efectuó un viaje, en octubre del 2023, en medio de la presentación de una licencia médica.

Lo que, sin embargo, él desestimó a pesar de dejar esta directiva. "He tomado la decisión de renunciar voluntariamente a la vicepresidencia del Colegio Médico de Chile, a raíz de las recientes informaciones vinculadas al informe de Contraloría sobre el uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos, y ante la eventual inclusión de mi caso por un cruce de fechas entre un feriado legal y el inicio de una licencia médica", dijo intentando descartarse del escandaloso caso.

La molestia del Presidente Boric

Boric, en tanto, apeló a su cuenta de X para manifestarse al respecto. “Todos quienes hayan hecho mal uso de licencias (o exista una sospecha fundada de ello) en el gobierno central, deberán enfrentar un sumario. Sin excepciones”, dijo.

Mientras, el uso indebido de licencias ha generado una crisis de confianza institucional, que desde la presidencia de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), intentan superar.

“Nos meten a todos en un (mismo) saco. Y nosotros, los que queremos al Estado, y queremos la función pública, queremos atender mejor”, recalca José Pérez en diálogo con El Desconcierto, apuntando al mecanismo que se instaló este martes, y que responde a una iniciativa del sector al que pertenece propuesta el año pasado al gobierno, consistente en la implementación de un Comité Nacional de Ausentismo Laboral.

“Va a ayudar, también a darse cuenta a quienes ocupen la licencia médica para lo que no es protección laboral, para que la ocupen realmente para lo que es, para protección laboral y no para hacer uso de feriado legal, que es otra cosa", dice esperanzado en que tras la materialización de esta instancia, que incluso considera la restitución de los dineros defraudados, de ser así, “exista un antes y un después”.

Por su parte, el alcalde Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AMUCH), sostuvo en Cooperativa, que la situación detectada "demuestra el Estado precario que tenemos y lo fácil que es vulnerarlo".

Obedece a un "problema cultural profundo"

Desde el PS, en tanto, el senador Tomás de Rementería, aseguró que estamos frente a “un problema cultural profundo con el tema de las licencias, creo que esto nos da una razón sobre eso”.

“Es súper común que uno escuche a alguien, ‘me voy a tomar licencia, estoy mal en mi pega’, ‘me voy a tomar licencia, estoy cansado’. Y acá hay que perseguir a los médicos, porque si bien hay personas que, espero que las que hicieron uso de licencia médica le devuelvan su dinero a Fonasa o a los servidores previsionales… pero también aquí lo principal es que decían que 11 médicos tienen 5.500 licencias en un año. Es una cantidad excesiva (...) esperemos ver cuáles son las medidas”, dijo.

Paralelamente, el senador del mismo partido, Juan Luis Castro, aludió a otro tipo de situaciones que se pudieron producir en medio de este entramado.

“Hay una cantidad, que no se sabe, no se ha investigado, que pudo haber abusado de la licencia quedándose perfectamente en el país y desplazándose a otras partes del territorio. Es la punta del iceberg, pero es escandaloso”, comentó a Radio Universidad de Chile.

Contralora Pérez va por más

Una línea en la que ya puso acento la contralora Pérez, quien durante su visita al Congreso esta semana, para abordar este tema, dejó claro que busca trabajar en esta dirección. Contexto en el que anunció que ampliará la fiscalización a los viajeros con licencias médicas dentro de Chile.

 “Quisiera señalar que nosotros estamos, a pesar de todas las dificultades que tenemos, revisando mecanismos para poder controlar las licencias médicas que se pudieran haber otorgado y que hayan significado viajes dentro del país”, dijo.

Una labor que no debiera ser muy fácil, agregó, “porque a diferencia del registro de salidas internacionales, en los movimientos nacionales hay dificultades mayores”.

Pero, relevó, “algún porcentaje vamos a poder detectar”.

Y además, notificó de la fiscalización que se está haciendo con las Fuerzas Armadas y Carabineros.

“Estamos revisando también la situación de Capredena y Dipreca, de las licencias médicas del ámbito de las Fuerzas Armadas y de las policías”, aseveró en medio del escándalo que ha generado el tema del mal uso de estos permisos que, al parecer, recién comienza.

Huenchumilla cuestiona falta de ética en el sector público

Desde la DC, en tanto, el senador Francisco Huenchumilla cuestionó estas prácticas, apuntado al problema ético que hay detrás. “Quiero ser muy enfático en que este tipo de acciones son profundamente reñidas con un enfoque ético del servicio público, que a mi entender es lo que debe primar cuando una persona trabaja para el Estado en cualquiera de sus reparticiones”, dijo.

En opinión del parlamentario, “todo funcionario público debe comprender que su trabajo incide y repercute en el bienestar de la población, de manera muy directa o muy indirecta, según el caso, la posición del trabajador y la repartición para la cual trabaja”.

En este sentido, aseguró que “la naturaleza de estas maniobras, el grado de mayor o menor justificación que cada funcionario tenga para haberlas realizado, y todos los detalles en el caso a caso, es algo que los actos sumarios deben investigar para sancionar oportunamente; y en el caso de que se constituyan delitos, la Fiscalía debe investigar y dilucidar aquello”.

Porque, agregó, “no me cabe duda que, de llegar estas situaciones a la justicia, tanto Fiscalía como el Poder Judicial realizarán debidamente su trabajo”.

Comisión de Salud cita a Seguridad Social

En tanto, el presidente de la comisión de Salud, senador Iván Flores, adelantó que para el próximo miércoles se ha convocado a la Superintendencia de Seguridad Social, SUSESO; “y tal como lo hicimos en esta instancia con la Contralora, escucharemos su informe y preguntaremos, porque aquí hay un convenio firmado hace 14 años con la PDI y obviamente queremos saber por qué no se ha ejecutado".

"Tal como lo he dicho este ha sido un robo al descampado, un portonazo de la peor forma y no hay espacio para detenernos", complementó.

De hecho, así como se acordó en la comisión, "ya estamos trabajando en el aumento de atribuciones para la Contraloría y en otras iniciativas que impidan, por ejemplo, las licencias desde el exterior en esta verdadera maquinaria para defraudar”, concluyó.