#UNAMÁS en las cifras de femicidios en Chile
Es evidente que estamos perdiendo la capacidad de asombro cuando se trata de violencia de género, lo cual resulta preocupante. Nos remece solo cuando se acerca a nuestra puerta, al círculo más cercano.
hace poco días las alertas llegaron temprano, advirtiéndonos, con dolor, que una de nuestras estudiantes de AIEP San Antonio había sido víctima de femicidio. Otra más a la lista. #NiUnaMás ya no fue, al menos en nuestra comunidad.
A nivel mundial, se estima que cada 10 minutos una mujer es asesinada por su pareja o por un familiar –es decir– cerca de 140 mujeres y niñas al día, y más de 50 mil al año.
Si bien en Chile el tema de violencia contra la mujer ha estado en el tapete durante ya unos años –y que hay quienes dicen que ha sido “demasiado” el foco en este aspecto– tenemos indicadores que están lejos de hacernos sentir orgullosos.
Según un estudio presentado por The Lancet el 7 de mayo recién pasado, nuestro país se sitúa en el tercer lugar entre las naciones con prevalencia estandarizada de violencia sexual hacia la mujer, una de la más alta entre los 204 países analizados, estando al nivel de Costa Marfil y las Islas Salomón (países que han atravesado guerras civiles y donde las niñas no terminan su escolaridad y en el caso del segundo se “justifica” por hombres y mujeres, al ser estas últimas “desobedientes”). En el segmento de niñas de 20 años y más, esta prevalencia alcanza el 31.4% en Chile.
La violencia hacia las mujeres y niñas es un problema estructural y transversal, que afecta sin distinción de origen, ingresos, edad, religión, orientación sexual o identidad de género, que se manifiesta en diferentes contextos sociales, culturales, territoriales y espaciales. Lo crítico es el continuo de violencia en el que viven las mujeres a lo largo de la vida y en los distintos espacios en que habitan.
Solemos oír hablar del continuo de violencia cuando hablamos que la violencia estructural se refleja o evidencia en escenarios de guerra y conflicto, pero la verdad es que no es algo que solo pase en situaciones extremas. El continuo de violencia incluye femicidios, así como agresiones físicas, psicológicas y sexuales, manipulación económica, misoginia pública, impunidad de las y los agresores, etc., lo cual también afecta a familiares y grupos cercanos de las víctimas.
La violencia femicida es la expresión más extrema de la desigualdad social entre hombres y mujeres. La Ley Gabriela (21.212) de 2020 amplió la figura legal del femicidio (Ley 20.480) más allá del ámbito familiar y de pareja que consideraba la legislación anterior. La Ley Antonia, de 2022, por otro lado, tipifica el suicidio femicida, que abre una puerta de reconocimiento del impacto de la violencia de género, aunque su aplicación y reconocimiento judicial ha sido hasta ahora limitado.
Según la Red Chilena contra la Violencia, en Chile se registraron más de 50 femicidios consumados en 2024, mientras otras cifras estiman más de 280 femicidios frustrados en el mismo periodo. Si incorporamos en el análisis datos informados por SERNAMEG, entre femicidio consumado, frustrado (la víctima no fallece por intervención médica, ayuda de terceros, o porque el ataque no logró causar la muerte, a pesar de haber sido ejecutado) y tentado (intervención de terceros o la resistencia de la víctima) el año 2023 se registraron 348 actos, aumentando a 422 en el año 2024 (alza de un 21,3%). Asimismo, y en una micromirada positiva, en el caso de los femicidios tentados hubo un aumento de casi 6% de intervención de terceros enfrentando a los agresores.
El 27 de octubre de 2020, el Congreso en Chile aprobó de forma unánime el proyecto de ley que instauró el 19 de diciembre como el Día Nacional Contra el Femicidio. Es consternante que hayamos tenido que instaurar una conmemoración como esta para relevar un problema de base que tenemos que abordar desde todos los frentes.
Las expresiones de violencia, como la económica, se revelan en las estadísticas. Datos de los últimos cuatro años de la Subsecretaría del Trabajo señalan que aproximadamente el 70% de los hombres en edad laboral integran la fuerza laboral de nuestro país, mientras solo el 51% de las mujeres lo hace. La pandemia tuvo un impacto fuerte en estas cifras. 9 de cada 10 personas que se dedican a labores domésticas y de cuidados son mujeres. Estos datos nos hablan evidentemente de un mayor riesgo de dependencia y violencia económica.
El rol de la educación superior no es solo procurar espacios de confianza para el desarrollo académico, sino la formación de generaciones de profesionales que entiendan su rol en quebrar los continuos de violencia. La educación técnico profesional, adicionalmente, entrega herramientas rápidas de inserción laboral que dan autonomía financiera y posibilidades de desarrollo a mujeres que necesitan esa llave para alejarse de sus círculos de violencia.
Al mirar cada cifra y cada vida truncada, como la de nuestra estudiante, sentimos el peso de una injusticia que se perpetúa en silencio y en la indiferencia. Este dolor, que se encarna en cada femicidio y en cada forma insidiosa de violencia, nos convoca a no conformarnos ni a aceptar excusas. La educación, las políticas y la comunidad deben converger para desmantelar los viejos esquemas que han permitido la impunidad y la desigualdad.
Que la memoria de quienes han sido arrebatadas se transforme en una determinación implacable: construir un futuro en el que el asombro se redireccione hacia la resiliencia y la dignidad de todas las mujeres, y en el que cada acción se convierta en un escudo de justicia y esperanza.
