
"Su cuenta pública es la última oportunidad": Pescadores artesanales piden a presidente Boric fin a Ley Longueira
En la antesala de la última Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal reiteró su demanda para que el Ejecutivo cumpla su compromiso de terminar con la actual Ley de Pesca, conocida como Ley Longueira.
Y es que esta normativa ha sido duramente cuestionada por su origen ligado a casos de corrupción y su sesgo en favor de la gran industria pesquera.
Las principales organizaciones del rubro a nivel nacional de la pesca recalcaron la necesidad de avanzar hacia una nueva legislación con justicia social, transparencia y responsabilidad fiscal.
En esa línea, Hernán Cortés, presidente de CONDEPP y vocero de la Alianza, fue enfático.
“Presidente Boric, usted prometió terminar en su gobierno con la Ley Longueira. La ley de fraccionamiento es un golpe al corazón de la normativa vigente, pero no es su fin", expresaron.
En ese sentido, "su cuenta pública es la última oportunidad que tiene de demostrar que está con quienes viven del mar y no con quienes lucraron a costa de él”, indicaron.
Por lo tanto, piden que en su discurso del 1 de junio, el Presidente ratifique su compromiso con la tramitación de una nueva Ley de Pesca, cuyo avance en el Congreso ha sido lento.
“Esperamos que el Presidente mantenga la urgencia legislativa. Chile no puede seguir con una ley manchada por la corrupción y diseñada para unos pocos”, cerró Cortés.
Los 2 ejes de la ley de fraccionamiento
Tal como señalaba uno de los dirigentes, esta nueva normativa golpea fuertemente a la ley de pesca actúa, pero no determina su fin.
Uno de los puntos más debatidos en el actual proyecto de Ley de Fraccionamiento es la redistribución de la cuota de merluza común, donde los pescadores exigen que el 70% sea devuelto al sector artesanal, frente al 30% que quedaría en manos de la industria.
“La merluza debe volver a ser la pesca del pueblo. Cada vez es más cara y escasa. Se requiere una política que piense en las ferias, en los hogares y en las mujeres que trabajan en el rubro artesanal”, señaló Sara Garrido, presidenta de la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal.
Otro eje clave es el financiamiento de la plataforma social para el sector artesanal, que depende de las licitaciones del 15% de la cuota adicional de jurel asignada a Chile.
Estas licitaciones, sin embargo, han sido bloqueadas en el Congreso, incluso por parlamentarios oficialistas como el senador Fidel Espinoza.
“Sin licitaciones, no hay financiamiento responsable. Si el Gobierno habla de responsabilidad fiscal, debe defender este mecanismo que no sólo sostiene el proyecto, sino que asegura dignidad para miles de pescadores”, afirmó Pascual Aguilera, presidente de CORANOR.
En medio del debate por el cierre de plantas industriales como PacificBlu, los pescadores también exigen mayor transparencia en la generación de empleo en el sector industrial y un reconocimiento explícito al rol económico y social de la pesca artesanal, que, según argumentan, genera más empleos por tonelada que la gran industria.
“Hablan de empleo femenino, pero ocultan los contratos por temporada, el subcontrato. ¿Y las miles de mujeres que filetean, encarnan y limpian pescado en las caletas? También merecen protección”, denunció Miguel Ángel Hernández, de la Federación Nuevo Amanecer.