Empresariado chileno y derechos humanos: ¿Ignorancia o negacionismo?

Bajo el título de “Crónica para el Futuro”, el diario El Mercurio publicó el 16 de mayo pasado una extensa sección especial destinada a cuestionar el trabajo de organizaciones de derechos humanos y medioambientales y a promover reformas legales que faciliten las inversiones empresariales en el país, las que consideran obstaculizadas por dichas organizaciones.

A través de distintos artículos que abordan desde la historia de la cuestionada aprobación central Ralco, hasta el debate actual en torno al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, pasando por los proyectos de ley sobre la mal llamada “permisiología”, la reforma de la ley Lafkenche y el proyecto de ley sobre el financiamiento de las ONGs en discusión en el Congreso Nacional, se sostiene que dichas organizaciones, entre las cuales se encuentra el Observatorio Ciudadano del que soy co-fundador, abusando de la legalidad vigente, y con financiamientos poco trasparentes, utilizaríamos distintos mecanismos para entorpecer la iniciativa privada e impedir el “desarrollo” y el “crecimiento” del país.

En una agresiva editorial bajo el título de “Una sociedad civil capturada” se señala: “Es una gran paradoja el modo en que el concepto de “sociedad civil” -en cuya esencia están las ideas de pluralismo y libertad-, ha sido deformado por grupos de interés y organizaciones ideologizadas que pretenden monopolizar su representación”.

En la editorial mercurial, claramente promovida desde el sector empresarial, se llama a “cerrar los abusos que hoy permite la legislación” y a introducir de manera urgente “reformas que acoten los tiempos para presentar reclamaciones y que aseguren su pertinencia, desincentivando la lucrativa industria del litigio que hoy opera en torno a las iniciativas de inversión”.

Llama la atención la visión la anacrónica del desarrollo contenida en los artículos de esta paradojalmente denominada “Crónica para el Futuro”, los que se hacen eco de la visión que una parte del empresariado chileno tiene sobre esta materia.

Ello, en primer término, porque existe suficiente evidencia científica, que nadie hoy -incluyendo un empresariado bien informado- puede ignorar en relación a las implicancias adversas que para el medio ambiente ha tenido el modelo de desarrollo extractivo y contaminante hasta ahora vigente a nivel global y en el país, del que proyectos como la termoeléctrica Barrancones aludido en esta Crónica es un claro ejemplo.

Tal como lo demuestra la ciencia, dicho modelo nos ha conducido a una crisis planetaria sin precedentes, que amenaza no solo la biodiversidad, sino también la vida humana que es parte de ella.

Es a partir de esta evidencia científica que desde la década de los setenta -con la Declaración de Estocolmo de Naciones Unidas de 1972-, se ha generado un consenso en la comunidad internacional sobre la necesidad de poner freno a dicho modelo y de impulsar transformaciones -políticas, legales, entre otras-, de modo de que este asegure el bienestar no solo de las generaciones presentes sino también las futuras. Ello dio origen posteriormente al concepto de desarrollo sustentable, acogido en diversos instrumentos internacionales de los que Chile es parte.

Lamentablemente, la misma ciencia demuestra que cinco décadas después, la persistencia de un modelo de desarrollo altamente dependiente de los recursos naturales, que no ha sido capaz de frenar el deterioro ambiental del planeta viéndonos hoy sumidos en una grave y triple crisis planetaria, que incluye el cambio climático acelerado, la perdida de la biodiversidad y la contaminación ambiental.

Al cuestionar el trabajo de defensa de derechos humanos y medio ambientales que desarrollamos las organizaciones de la sociedad civil en Chile -cuando esos derechos se ven amenazados por proyectos de inversión-, la Crónica de El Mercurio parece ignorar la realidad y seguir anclada en una visión añeja del desarrollo, que nos conduce inevitablemente a la profundización de la crisis ambiental planetaria.

Ello es particularmente crítico en nuestro país cuya economía se sostiene de manera significativa, en la extracción y procesamiento de recursos naturales, como minerales, madera, recursos del mar, actividades que por su naturaleza tienen impactos ambientales significativos.

Igualmente grave, la Crónica de El Mercurio parece negar los avances logrados en las últimas décadas en la comunidad internacional en el reconocimiento y protección de los derechos humanos y al medio ambiente, así como las implicancias que estos derechos tienen en el contexto de la actividad empresarial.

En efecto, a lo largo de sus artículos no se hace mención -a excepción de una referencia crítica al Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas-, al consenso internacional hoy existente, incluyendo a parte importante del empresariado a nivel global, en torno a la necesidad de que la actividad empresarial sea respetuosa y, consiguientemente, no vulnere los derechos humanos y el medio ambiente.

Los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, suscritos por el Estado de Chile, además de establecer la obligación de los estados de proteger los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial, el que incluye el deber de los estados de introducir legislación o adecuarla si es necesario para estos efectos -como la legislación ambiental e indígena que el empresariado chileno considera un escollo para sus inversiones-, establece el deber de las empresas de respetar los derechos humanos, incluyendo el medio ambiente.

Para ello las empresas deben abstenerse de infringir los derechos humanos, impulsando procesos de diligencia debida en materia de derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar, así como reparar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en las que tengan alguna participación.

También existe un consenso internacional al que Chile ha adherido al ratificar el Convenio 169 de la OIT, y al suscribir las Declaraciones de Naciones Unidas y Americanas sobre Derechos de Pueblos indígenas en torno a los derechos de estos pueblos. De acuerdo a este consenso, que la Crónica mercurial cuestiona, los derechos de estos pueblos en el contexto de la actividad empresarial incluyen de deber del Estado de consultarles de manera adecuada y buena fe con miras a obtener su consentimiento cuando en el caso de proyectos de inversión susceptibles de afectarles directamente, a la participación en los beneficios y a la compensación justa por los daños que estos puedan provocarles.

Finalmente, también como parte de este consenso internacional ignorado por dicha Crónica, diversos instrumentos internacionales de los que Chile es parte no solo reconocen sino que además alientan el derecho de las personas y de las organizaciones a promover y proteger los derechos humanos y ambientales.

Así, la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1998 reconoce el papel clave que estos tienen en la realización de los derechos humanos, estableciendo la responsabilidad de los estados de proporcionarles apoyo, garantizando su protección frente a toda violencia, amenaza o discriminación negativa en el ejercicio de su labor.

A esta Declaración se suma más recientemente el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú de 2018, también ratificado por Chile, el que tal como lo señala su título alienta la participación pública y el acceso a mecanismos de justicia para asegurar la protección del derecho a un medio ambiente limpio y saludable.

Junto a lo anterior, valora el rol de las personas y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales estableciendo el deber de los estados de adoptar medidas para prevenir, investigar y sancionar las amenazas o intimidaciones que estos pueden sufrir en el desarrollo de sus labores.

Por todo lo ya señalado es que Crónicas como la de El Mercurio aquí analizadas resultan altamente cuestionables. Ellas apuntan no solo a facilitar las inversiones empresariales en el país a costa de los derechos humanos, de los que el medio ambiente es parte, sino también constituyen una amenaza al derecho de la sociedad civil de desarrollar la labor de defensa de estos derechos, algo esencial para un sociedad democrática, alentando para ello legislaciones de control de las mismas similares a las adoptadas por los gobiernos autoritarios que denostan, como el de Maduro en Venezuela, el de Ortega en Nicaragua o el de Putin en Rusia.

Dicha Crónica, evidentemente instigada por un sector del empresariado chileno, o da cuenta de una ignorancia inaceptable sobre la responsabilidad que sus proyectos de inversión tienen en materia de derechos humanos, o son representativas de una tendencia al negacionismo respecto de estos derechos, tendencia hoy en auge en el mundo con la captura corporativa de los estados, verificada en los últimos años, y ejemplificada por los gobiernos autoritarios y antidemocráticos como el de Milei en Argentina y de Trump en Estados Unidos.

Aunque ambas perspectivas son lamentables, es de esperar que esta Crónica sea más representativa de la ignorancia de una parte del empresariado chileno que de su negacionismo en derechos humanos. La primera perspectiva es superable, la segunda es más difícil de superar.