Pdte. de la Asociación de Gobernadores, Pablo Silva: "No dimos ningún convenio a Procultura y el gobernador Orrego jamás la mencionó"

La arista ProCultura del caso Convenios se ha tomado la palestra durante las últimas semanas a propósito de los antecedentes que se conocieron respecto de las numerosas gestiones que habría llevado a cabo el fundador de la ONG, Alberto Larraín, para conseguir fondos fiscales.

Lo cierto es que las esquirlas en torno a este caso no solo salpicaron a personeros del Ejecutivo, como por ejemplo Miguel Crispi, sino que también podrían involucrar como autores a los gobiernos regionales al ser ellos quienes traspasaron los recursos a la mencionada institución.

Con todo, las autoridades en regiones han defendido su inocencia asegurando que actuaron de buena fe al generar estos contratos y que "fueron estafados". Eso fue lo que comentó al respecto la cabeza de la gobernación en Santiago, Claudio Orrego, que de hecho es investigado por su eventual rol en este caso de corrupción.

En esa línea y en entrevista con El Desconcierto, el presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales, Pablo Silva, se refirió a esta causa, defendió las actuaciones de los gobernadores involucrados y rechazó que existiera un vínculo entre el Presidente Gabriel Boric y los convenios cuestionados.

El contexto del caso fundaciones y su origen

-Cuénteme primero qué es lo que piensa usted de todo lo que ha sucedido con esto de las fundaciones, con Procultura, con estos eventuales vínculos con los gobernadores regionales o responsabilidades de los gobernadores regionales.

Bueno, esto ya se vio hace casi dos años. Por lo tanto, se tomaron todos los acuerdos para que no vuelva a suceder. Es posible que esto ocurra en cualquier gobierno. Lo que sucedió con Procultura y otras fundaciones se dio en el marco de la normativa vigente que permitía hacer convenios con el tercer sector o con fundaciones y corporaciones.

En el caso de Procultura, lo que pasó fue que los gobiernos regionales vieron una fundación que tenía prestigio, que había trabajado muchos años atrás en distintas partes del país con muchos servicios públicos del gobierno, lo que daba confianza para ejecutar proyectos.

La ventaja era la agilidad de los proyectos frente a trabajar con instituciones del Estado que son mucho más lentas. Por lo tanto, lo que se optó, bien o mal, fue trabajar con esta fundación, así como lo hacemos con muchas fundaciones a lo largo del país que gozan de prestigio, como Cáritas Chile, Teletón, Bomberos, Levantemos Chile, etcétera.

En el caso de los gobernadores que tenían un problema específico en sus regiones o que quisieron abordar algo, lo hicieron con esta fundación que los decepcionó en el camino y no respondieron, por lo menos en una parte, a lo que estaba comprometido.

Y ahora es un coletazo que ha revivido el tema, porque cuando ya estaba superado, se ha tratado de involucrar al gobierno y al presidente de la República. Pero la situación es que se ha ido despejando que no hay ninguna vinculación con planes de campaña ni recursos que se hayan derivado de las fundaciones a ningún tipo de campaña o uso personal de alguna autoridad.

La comunicación entre gobernadores sobre la problemática

-Gobernador, siendo usted presidente de la asociación, ¿los otros gobernadores le han comentado o le habían comentado respecto de estas preocupaciones a usted? Quizás en el pasado alguien se le acercó a comentarle sus inquietudes en torno al tema...

No, en general no lo hemos conversado. Son conversaciones de pasillo, entre nosotros tenemos muy poca oportunidad de juntarnos todos los gobernadores.

Por lo tanto, cuando lo hacemos, avanzamos en lo que hemos estado conversando con el gobierno, como avanzamos este año con la ley de creación de disposiciones de seguridad pública y prevención del delito en cada uno de los gobiernos regionales, que pasó por la Cámara de Diputados y tuvo buena aprobación, ahora viene en el Senado.

Lo que vamos a empezar a trabajar ahora, a raíz de la propuesta del presidente de la República, son algunos cambios constitucionales que nos permitan dar autonomía a los gobiernos regionales dentro del marco de la ley, por supuesto, con todos los resguardos de probidad y transparencia.

En eso nos preocupamos. Tenemos mesas tripartitas con la Contraloría y la DIPRES. Si bien conversamos entre nosotros, no son temas que se aborden como la situación particular de cada uno de los gobiernos regionales.

La tensión con el gobierno central por las responsabilidades

-¿Qué le parecen estas declaraciones que hicieron los ministros Álvaro Elizalde y Aisén Etcheverri donde, al ser consultados por la prensa respecto a las responsabilidades del gobierno en todo este tema, ellos la endosan a los gobiernos regionales? Hablan sobre que el 80% de estos convenios ocurrieron desde gobiernos regionales hacia estas fundaciones.

Bueno, en ese sentido hay que decir que ha habido una molestia de los gobernadores. Nos parece que achacan toda la responsabilidad a los gobiernos regionales donde no todos están involucrados, pero además, también en el gobierno hay varios proyectos que se adjudicaron con esta fundación.

Vuelvo a decir, esto se da en el marco de que esta fundación funcionaba bien antes. A nosotros nos cuesta mucho hacerlo con el Estado, tenemos una capacidad de funciones muy baja en comparación a todo lo que tenemos que hacer. Las fundaciones ofrecían agilidad y llegar a solucionar los temas mucho más rápido.

Siempre habían funcionado, hay un montón del sector privado que funciona muy bien, y el caso de Procultura y otras fundaciones que se desarrollaron en la región no respondieron.

Yo no creo que en el caso de los gobernadores que están involucrados haya habido una mala intención, sino todo lo contrario: el tratar de solucionar los problemas que afectan a la región de una forma más ágil y más rápida. Nosotros cada vez que hacemos programas o proyectos con el Estado tenemos una demora de 10 o 12 meses. Con las corporaciones, bajo la normativa que había en ese momento, era mucho más ágil.

Claramente cambió todo esto después del caso fundaciones. Hay mayores restricciones tanto en la ley de presupuesto como las que ha puesto la DIPRES, Contraloría y el mismo Parlamento. Ya es imposible hacer nuevamente grandes convenios con las fundaciones, pero hemos tratado de que permitan trabajar con el tercer sector, que es fundamental, con la responsabilidad fiscal y transparencia que se necesita.

El rol del gobernador Orrego y las especulaciones

-¿Qué le parece esta idea que se ha planteado respecto de que el gobernador Orrego habría recomendado los trabajos con la fundación a otros gobernadores, que habría impulsado estos trabajos, estas colaboraciones?

No, yo creo que eso es parte de lo que se está construyendo de especulaciones. El gobernador Orrego jamás conversó conmigo ni mencionó alguna vez la corporación o la fundación Procultura. Jamás. En nuestro caso, nosotros no dimos ningún convenio. Entonces, no hubo ninguna sugerencia de parte de él sobre esta fundación.

En muchos casos veíamos con interés algunos proyectos que él tenía, pero en ningún caso él argumentaba "recibe a tal persona". Lo descarto completamente. Hay un trabajo que hizo la fundación; yo conozco que esta fundación venía trabajando desde el gobierno del presidente Piñera uno hacia adelante, haciendo proyectos en distintas regiones financiados en ese tiempo por la intendencia o por el Ministerio de Cultura, de patrimonio, etcétera.

Y esas experiencias no tienen ningún pecado porque esas experiencias la realizó y eso le sirvieron de aval para dar confianza a los gobiernos regionales de poder hacer proyectos que permitan llegar lo antes posible a la comunidad.

Las tensiones políticas y las acusaciones cruzadas

-¿Qué le parecen estas declaraciones que hace la presidenta del Frente Amplio que vincula a la Democracia Cristiana con Alberto Larraín? ¿Le parece que falta una autocrítica de parte del Frente Amplio en ese caso?

Yo creo que sí, claramente. Además, no es bueno empezar a embarrar a otro o dispararse entre nosotros mismos. Yo creo que hay que partir con la presunción de inocencia. Hay que dejar que la justicia investigue y, tal como ha dicho el presidente, caiga quien caiga, si es que efectivamente hay delito.

Hasta el momento, el delito que se ve es de la fundación, no de gobernadores. Los gobernadores en el marco de ley y normativa que había vigente en ese momento hicieron los convenios con esta fundación y, en el caso de que no respondieran, tendrán que hacer las acciones judiciales como corresponde.

La tesis de "gobernadores estafados" y la responsabilidad legal

-Entonces, lo que usted plantea es que efectivamente sí hay un delito, pero que los gobernadores no son cómplices de este delito. Vendrían a ser una víctima, como lo que ha planteado Claudio Orrego sobre que "fueron estafados".

Sí, estoy de acuerdo con la tesis de Orrego porque además él, en la instancia, hizo incluso más allá de lo que exigía la normativa y pidió una garantía. Que no se haya pagado la garantía por parte de la empresa aseguradora, eso lo está él peleando judicialmente. Pero lo central es la investigación y la constatación de que se trataron de hacer las cosas bien.

En el caso de Procultura, que no terminó los proyectos para los cuales estaba contratado, está siendo juzgado. Entonces, yo creo que la tesis de Orrego tiene razón. Orrego abrió su cuenta. No hay algo que esté escondido o que haya actuado de manera indebida, como han tratado de plantearlo. Lo central es la investigación del Ministerio Público, de ahí que salgan los resultados.

El hacer comentarios, culparse uno a otro, eso lo determinará la justicia y eso es lo que nosotros esperamos, que se deje esto a la justicia como corresponde y, como tal como se ha dicho, caiga quien caiga. Pero no es la culpa de los gobiernos regionales en términos generales.

Esperamos los resultados de la investigación y creemos que los gobernadores actuaron bajo el marco de la ley vigente, la norma vigente que había en ese momento. Y si alguno de los gobernadores cometió algún delito, la justicia lo tendrá que determinar, o su inocencia.

-¿Sería capaz de poner las manos al fuego por todos los gobernadores?

Lo que pasa es que nosotros en general somos 16 gobiernos independientes. Cada uno tiene su programa, actúa de forma distinta. Tenemos distintos programas de gobierno y por lo que yo los conozco, les creo que efectivamente actuaron con buena intención, y no hay ningún antecedente que me haga dudar. Pero prefiero tener la presunción de inocencia y esperar los resultados de la investigación.

La desvinculación del presidente Boric con el caso

-Usted me planteó al inicio que pensaba que no había argumentos para vincular a Gabriel Boric o a La Moneda con todo este escándalo. ¿No existirían esos antecedentes?

Los antecedentes que tengo son los que aparecen en la prensa, pero lo que uno ve es que efectivamente primero se dijo que había posibilidades de involucrar la campaña del presidente y eso se ha mostrado que no es así.

Cuando se hicieron convenios con estas fundaciones, el presidente ya había sido electo, por lo tanto, no hay posibilidad de que se haya financiado campaña de ningún tipo. Creo que se ha tratado de construir o instalar algo que no corresponde. Yo confío plenamente tanto en los gobernadores como en el presidente de la República.