Sindicatos, gritos y lobby: La investigación que recomendó amonestar por acoso laboral al conservador de Bienes Raíces de Santiago

Después de siete años de tramitación, este miércoles 8 de mayo se votará, en una comisión mixta, el proyecto que reforma el sistema de notarios y conservadores. Precisamente, una de las indicaciones es la división del Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS). El ambiente es tenso, así lo refleja el expediente abierto contra Carlos Miranda, uno de los tres conservadores que funcionan en Santiago.

La fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Ana María Hernández Medina, recomendó una “amonestación privada” contra Carlos Miranda Jiménez (58), conservador de Hipotecas y Gravámenes en Santiago. Uno de los tres “oficios” que funcionan en el edificio de Morandé 440, dando forma al CBRS.

Los otros son, conservador del Registro de Propiedad y Comercio a cargo de Luis Maldonado (80) y Conservador del Registro de Prohibiciones e Interdicciones a cargo de Kamel Saquel Zaror (89). Los tres abogados son funcionarios auxiliares de la administración de justicia, según el Código Orgánico de Tribunales. Pese a que ejercen una función pública sus ingresos promedian los 150 o más millones mensuales, lo que hasta ahora es motivo de controversia.

El fin de la paz

Carlos Miranda ingresó al Escalafón Secundario del Poder Judicial en 2005, fue notario y llegó al Conservador de Hipotecas en 2022, nombrado por el gobierno. En sus tres últimas calificaciones figura en lista Sobresaliente, por lo que esta posible sanción, de confirmarse, mancharía su hoja de vida. El Informe Final de la investigación está fechado el 13 de enero de 2025 en cuenta o relación, pero los problemas empezaron mucho antes.

“No ha habido paz desde la irrupción de don Carlos Miranda”, declaró la abogada Ruth Gutiérrez Miranda, tesorera del Sindicato N°1 del CBRS.

La paz entre los cerca de 494 trabajadores y los conservadores titulares se ha mantenido en buena parte gracias al convenio colectivo que las partes han renovado por más de 20 años, la última vez en 2024. En un modelo pocas veces visto, empleados y directivos se reparten los ingresos, en 77%/23%. Pero el primer guarismo incluye gastos generales y gerenciales además de remuneraciones, y el guarismo 23 es íntegro para los conservadores.

Eso da variabilidad a las remuneraciones, mientras que los primeros roces con Miranda recién llegado, ocurrieron por la contratación de más personal de su confianza, pero con cargo al 77%, más allá de lo acordado en el Convenio vigente entonces, lo que efectaba los sueldos de las personas en funciones. 

Las cosas empeoraron cuando en octubre de 2023 Carlos Miranda presentó una demanda para anular el contrato colectivo. El nuevo conservador quería terminar con el contrato, porque según él era una “intromisión indebida en la facultad de gestión del empleador.” Además, citaba una disposición del Código del Trabajo a partir de la cual definía su trabajo como el de un empresario.

La demanda fue un pésimo e inédito precedente, y la crispación escaló hasta que en las negociaciones del convenio colectivo, en agosto de 2024, los representantes de los tres conservadores, en conjunto con los dirigentes de ambos sindicatos, no llegaron a un acuerdo y se declaró la huelga. La primera movilización de este tipo en 150 años de funcionamiento del CBRS.

“Cobarde” y “viejo”

En este contexto de huelga, tambores, ruidos y lienzos alusivos a Miranda en el frontis del edificio es que el Conservador Miranda llega al recinto el 21 de agosto de 2024. Según declara Diego Arriagada, dirigente del Sindicato 2. Allí se encontró en la entrada con un funcionario que se había plegado a la huelga y tenía sus manos en alto, empuñadas, “y don Carlos le agarra la mano y empieza a hacer como si le hubiese dado la mano... la cara de don Carlos era absolutamente roja, le apretó la mano fuerte al funcionario y luego lo suelta (…) quedó con la mano adolorida. Entonce,s don Carlos ya venía con una actitud caliente”, afirmó el dirigente en su declaración.

Luego, Miranda subió hasta una sala de reuniones donde se encontraban los dirigentes sindicales con la mesa negociadora. Cada conservador (Maldonado, Miranda y Saquel) había designado a un representante en ella. El grupo estaba reunido cuando, según los testigos oculares, Miranda entra sorpresivamente a la sala y saluda a los dirigentes uno por uno. Hasta que llega donde estaba sentado Francisco Barriga Villarino, Primer Oficial y delegado del conservador de Registro de Propiedad y Comercio. En pocas palabras, el hombre de confianza de Luis Maldonado.

Maldonado quería llegar a un acuerdo, y con esa misión envió a Francisco Barriga a hablar con los trabajadores. Pero este cambio, según el sumario, enfureció a Miranda. Según los testigos, empujó con una silla a Barriga, y repitió con vehemencia, a los gritos que Barriga  no tenía poder y lo habría llamado “cobarde” y “poco hombre”, aludiendo a rencillas entre ambos y a la edad de Francisco Barriga, de 82 años.

“Ya te queda poco”, habría repetido desafiante Miranda, refiriéndose a que el proyecto de ley en trámite pone un límite de hasta 75 años a los funcionarios.

La reunión terminó sin acuerdo, pero con una denuncia paralela a la de los sindicatos de dos funcionarias cercanas a Miranda, Karen Torres y Silvia Figueroa, ambas de la mesa negociadora, denunciando a Francisco Barriga, la eventual víctima según la investigación, por acoso laboral, al haberlas supuestamente maltratado durante la reunión. Esos hechos quebraron la mesa de negociación y la huelga se extendió por cuatro días.

En septiembre, Barriga presentó su renuncia pero no fue aceptada por su jefe, el conservador Luis Maldonado. En fecha cercana, la demanda de Miranda para anular el convenio colectivo vigente, fue rechazada en los tribunales. No fue el único frente donde perdió.

Finalmente, el 26 de agosto de 2024 se firmó un convenio colectivo que según los sindicatos mantiene “las conquistas alcanzadas”, en palabras de una dirigente sindical, y mejora las condiciones en relación a las que había antes de que Miranda quisiera anular el convenio.

Aunque la fiscal determinó que sí se configuraron conductas de acoso laboral por parte del conservador, en su defensa están los testimonios de dos de las funcionarias de cargo gerencial cercanas a Miranda, que fueron testigos del incidente.

Karen Torres aseguró sobre la supuesta agresión del conservador a un funcionario con la silla “que eso fue un accidente, porque el espacio era muy reducido”, y que en la reunión se habló fuerte debido al ruido por la protesta afuera. Torres no describe ninguna agresión en contra del funcionario por parte de Miranda.

En la misma línea, Silvia Figueroa, representante de Kamel Saquel en las conversaciones, afirma que el funcionario Francisco Barriga comenzó la reunión alterado y que durante el encuentro las ninguneó como parte negociadora.

Crear súper ricos

Pero la tensión está lejos de acabarse. Sigue particularmente fuerte en el Congreso. El proyecto para cambiar el sistema registral cumple siete años de tramitación y está en etapa final. La modificación en “el oficio” como se define legalmente, parece inminente. Pero hay un detalle, entre otros, que tiene al proyecto detenido en una comisión mixta.

Se trata precisamente de la propuesta de dividir el CBRS, el centro de las preocupaciones de Miranda y los otros dos conservadores, pero también de los trabajadores. El 23 de abril Biobío, publicó los audios de una reunión sindical en la que hablaba Maggie Bustos, exdirigenta del sindicato 2, desde el 11 de abril. 

La abogada, hijastra del ministro de la Corte Suprema, Mario Carroza, reconoce la contratación de asesorías comunicacionales y jurídicas,  pagadas a medias con recursos de ambos sindicatos. Eso no es irregular, pero el problema podría estar en que la abogada habla de que están trabajando con dos estudios jurídicos.

“Cada uno trabaja con asesores políticos de diferentes bancadas”, lo que podría configurar tráfico de influencias, en el papel. Pero en la práctica, Pablo Vargas, presidente del sindicato N°1 asegura que “en el Congreso no hemos sido escuchados nunca, e incluso la senadora Ebensperger en la comisión me cortó, pese a que dio el doble de tiempo a muchas personas”.

Los trabajadores y trabajadoras admiten en el audio el seguimiento legislativo del proyecto, particularmente en cómo se acordará la división del actual CBRS, y en cuánto tiempo se concretará, por cuanto afecta directamente su fuente laboral.

Nombramientos seguirán a merced del gobierno

Vargas afirma que ello es legítimo, y aclara que no están en desacuerdo con las líneas generales de la reforma. Que ella trae cosas innovadoras en coherencia con lo que se ha estado haciendo en el CBRS. Por ejemplo, “en el ámbito digital, más certidumbre, velocidad y atención remota de público, incluso con contribución económica de los trabajadores, aunque en ello quedó fuera la ciberseguridad del Oficio, lo que es grave”.

Y agrega, “pero cosas como los nombramientos van a seguir dependiendo de la voluntad política de los gobiernos de turno,como un “negocio” de influencias políticas en el vértice, no en la base de los trabajadores que nos regulamos por el Código del Trabajo. Que se designen por Alta Dirección Pública no garantiza el espíritu de una reforma que busca nombrar personas estrictamente por méritos”.

“Tampoco", enfatiza, garantiza la intención de acabar con los “súper ricos”, pues si hubiera voluntad real, ello depende solo del Ministerio de Justicia, y se pondría un límite al ingreso de los conservadores, igualándolos con un ministro de Corte.

Ellos se regulan por el Código Orgánico de Tribunales. Nunca hemos estado a favor de que ganen tanto. Lo nuestro son solo sueldos decentes para una labor de importancia crítica para la sociedad. "La división no garantiza que no sigan habiendo super ricos”, sostiene.

“Peor aún", dice, "si la reforma se aprueba tal como está, además se corre el riesgo de un nuevo Transantiago, ahora registral, con costos que el Estado ahora no tiene, y mayores para los usuarios por la masiva migración de títulos y la incertidumbre para los ciudadanos. Habrá un sin fin de problemas con aguas y otras materias que quedan fuera del sistema”. 

¿Conflictos de interés?

La discusión tampoco ha estado exenta de relaciones que bordean los conflictos de interés. En un comité convocado hace más de un año por Carlos Miranda, para “analizar Procedimientos Registrales”, participó el exdiputado RN Cristián Monckeberg. El exparlamentario testificó a favor de Miranda en la investigación del incidente con los sindicatos, y aunque aseguró que no son amigos con Miranda, sí dijo que habían sido compañeros de estudio y se conocían desde hace muchos años.

Aclaró que trabajó en este grupo convocado por el conservador, sin cobrar un peso.  Aunque Monckeberg sí está en la “industria” del derecho registral. Actualmente ejerce como decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Alba.

Esta facultad ofrece el “Diplomado en Gestión Notarial y Registral” que comienzaba el martes de esta semana, y está dirigido a “licenciados en ciencias jurídicas y sociales, funcionarios de notarias, Técnicos Jurídicos y funcionarios de conservadores de bienes raíces”, es decir los posibles funcionarios que ocupen las nuevas plazas abiertas a partir de la nueva ley.

Además, es el marido de la senadora Paulina Núñez, que preside la comisión mixta desde hace tres sesiones, “en cumplimiento de un acuerdo político” según declaró el senador socialista Alfonso De Urresti (PS) al entregarle el cargo.

Núñez pertenece al comité de RN en el Senado. Este grupo contrató en julio de 2022 a la agencia de publicidad La Botica, para realizar informes de asesorías con cargo a las asignaciones parlamentarias, por un total de 10.491.859, por servicios prestados entre julio y diciembre de ese año.

La misma agencia presta servicios desde septiembre de  2023 en el Conservador de Bienes Raíces, elaborando insumos gráficos y audiovisuales para uso digital. Desde que comenzó el contrato hasta la fecha, han recibido un total cercano a los $35 millones.

Esta miércoles  será decisiva en la tramitación del proyecto de reforma al sistema y en particular a la división del codiciado puesto en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago.