¿Pierdes la vida si defiendes el medioambiente?
Entre 200 y 250 defensores medioambientales son asesinados por año a nivel mundial. Este escalofriante dato es aportado a propósito de las investigaciones de Global Witness, ONG británica, nacida el año 1993 justamente para exponer y denunciar todo tipo de abuso de poder, corrupción y violación de derechos humanos y, por supuesto, ambientales.
Probablemente si menciono “diamante de sangre”, automáticamente recordaremos la película de Edward Zwick del año 2006 protagonizada por Leonardo Di Caprio, en la cual se describen los denominados “diamantes en conflicto”. Pues bien, la película y su exitoso guión fue gracias en buena parte a una investigación (1998) premiada y realizada justamente por Global Witness.
Cuando se trata de la defensa y protección al medio ambiente, Chile no está ajeno a esta realidad mundial. En los últimos años no han sido pocos los asesinatos y desapariciones de ambientalistas, entre ellos; Macarena Valdés, Alejandro Castro, y más recientemente, Julia Chuñil.
Esta última activista medioambiental mapuche al día de hoy lleva 174 días desaparecida siendo el caso más paradigmático de defensa ecosistémica, considerando que lo que defendía constituyen más de 900 hectáreas de bosque nativo cerca de la comuna de Máfil en la región de Los Ríos.
Chuñil, presidenta de la comunidad indígena Putreguel desde el 2018 enfrentó amenazas y hostilidades frente -aparentemente- a los intereses de quienes quieren comercializar el bosque. Previo a su desaparición, se alega un intento de atropello, corte de un puente que utilizaba, ofrecimientos económicos, etc. El 8 de noviembre pasado sale con su perro a buscar sus animales perdidos y desaparece hasta ahora.
En el caso de Macarena Valdés, la versión oficial suscribe que fue suicidio, sin embargo, peritaje posterior demostró que Valdés estaba sin signos vitales antes del supuesto ahorcamiento. El peritaje forense fue de Luis Ravanal.
Antes de este terrible episodio, Valdés y su pareja Rubén Collio fueron también objeto de amenazas y amedrentamientos. Esto porque fueron férreos opositores al impacto que generaría la central hidroeléctrica en el río Tranguil también en la región de Los Ríos. No es muy distinto el caso de Alejandro Castro.
Aquí la investigación está cerrada -también por suicidio- pero no hubo un peritaje independiente, y la familia sostiene que en el contexto de las protestas y movimiento social por lo que acontece en Puchuncaví y Quintero y el rol que tenía Castro, este también recibió amenazas previas, y para la familia y amigos no se cuenta con datos que pudieran justificar o hacer pensar el suicidio. Finalmente siempre sostuvieron que la investigación fue muy apresurada y que cerró demasiado pronto.
Volviendo al caso de Chuñil, actualmente a más de 170 días de su desaparición, la fiscalía activó un protocolo internacional de búsqueda de defensores ambientales. Es decir, al amparo del acuerdo de Escazú y ONU se activa la alerta internacional y el trabajo de su red.
Lo de Chuñil, lamentablemente, tiene toda la pinta de lo que finalmente le ocurrió a Berta Cáceres (Honduras 2016), o a “Chico” Mendes (Brasil 1988) o a Saw o Moo (Myanmar 2018), o a Isidro Baldenegro (México 2017) cada uno asesinado comprobadamente por luchar por la no devastación del planeta.
La pregunta está ahí. ¿Por qué no hay institucionalidad frente a la desprotección de un acto tan noble, como es proteger el planeta? ¿Por qué tenemos que asimilar y naturalizar que existe riesgo de vida para aquel o aquella que quiera defender el ecosistema? ¿Cuál es el límite si la instrumentalización de la violencia para la obtención de proyectos que dan dinero, es un mecanismo que a los poderosos les da resultado?, o en definitiva ¿Cómo se frena la devastación del planeta y sus ecosistemas, cuando se demuestra que su defensa encuentra la muerte en impunidad?
El camino debe ser ejemplificador. Las investigaciones no deben quedar inconclusas, ni dudosas, ni ser medias verdades. Existen ejemplos, como en el caso de Berta Cáceres. Allí en Honduras un alto ejecutivo de la empresa de Desarrollos Energéticos (David Castillo) fue encontrado culpable como coautor intelectual y el proyecto Agua Zarca finalmente fue suspendido.
En Chile se debe llegar a fondo y dejar precedente en al menos un caso, quizás de esa manera se cortaría la desmesura del abuso criminal.
