Universidades del Estado: Entre el abandono estructural y la urgencia de una refundación
La actual crisis que atraviesan las universidades del Estado en Chile no es una sorpresa ni un accidente. Es el desenlace previsible de décadas de políticas públicas que, bajo el disfraz de la modernización, instalaron un modelo competitivo y autofinanciado que relegó al Estado de su rol como garante del derecho a una educación superior pública, gratuita y de calidad.
Hoy, estas instituciones emblemáticas -que deberían ser pilares del desarrollo nacional y de la democracia- enfrentan un colapso que amenaza su viabilidad académica, financiera y social.
Desde los años noventa, el sistema de educación superior chileno ha estado fuertemente influenciado por los principios del New Public Management (NPM), una corriente internacional que promovió la introducción de lógicas de mercado, la competencia interinstitucional, la gestión por resultados y la rendición de cuentas basada en indicadores.
En este marco, las universidades públicas fueron obligadas a comportarse como empresas: capturar matrícula, competir por fondos concursables, estandarizar procesos y demostrar eficiencia a través de rankings y métricas bibliométricas. Esta orientación tecnocrática despojó a las universidades estatales de su singularidad como instituciones públicas, dificultando su capacidad de responder a los desafíos sociales y territoriales desde una lógica de bien común.
Las cifras son elocuentes. Según el último reporte de la Subsecretaría de Educación Superior (2025), 59.069 estudiantes están actualmente matriculados en instituciones clasificadas en situación de riesgo financiero, lo que representa el 4,6% del total del sistema.
Hoy podemos ver el caso de Universidades regionales estatales que enfrentan déficit que superan los 10.000 millones de pesos, con planes de despido masivo y reducción de carreras. A ello se suma una caída sostenida de matrícula en pedagogías -una disminución del 52% en los últimos cinco años- y una proyección alarmante de déficit docente: más de 33.000 profesores faltarán en el sistema escolar chileno de aquí a 2030.
Pero más allá de los números, lo preocupante es la normalización del abandono. Se ha instalado una narrativa que culpa a las universidades por sus propias dificultades, despolitizando el debate sobre el rol del Estado en su financiamiento y debilitando el sentido de lo público.
El Fondo de Educación Superior (FES), propuesto como reemplazo del Crédito con Aval del Estado (CAE), si bien avanza en aliviar el endeudamiento estudiantil, impone restricciones que podrían afectar severamente la autonomía y sustentabilidad de las instituciones públicas: fija aranceles máximos, restringe vacantes y prohíbe el copago para el 90% de los estudiantes.
Frente a este escenario, las universidades estatales han sostenido su quehacer gracias al compromiso de sus comunidades académicas, su inserción territorial y su vocación transformadora. Uno de los pilares que permite sostener ese vínculo con el país es precisamente la función de vinculación con el medio, una labor que ha sido históricamente subvalorada en los marcos de evaluación, pero que constituye una de las expresiones más concretas del rol público que estas instituciones desempeñan.
En regiones marcadas por desigualdades estructurales, la vinculación permite establecer diálogos con los territorios, democratizar el conocimiento, fortalecer capacidades comunitarias y aportar al desarrollo local desde una perspectiva crítica y situada.
Por eso, no se trata solo de medidas paliativas. Se requiere una transformación profunda del sistema de educación superior, que devuelva a las universidades del Estado su lugar como articuladoras de un proyecto público nacional.
Esto implica una arquitectura de financiamiento basal suficiente y diferenciado, el fortalecimiento de una gobernanza democrática con enfoque territorial, y una redefinición de los mecanismos de aseguramiento de la calidad que reconozca la diversidad de misiones institucionales. Solo así será posible dejar atrás la lógica de competencia impuesta por el NPM y avanzar hacia un modelo centrado en la cooperación, la pertinencia social y la responsabilidad con el entorno.
La crisis de las universidades estatales no es un problema aislado: refleja el retroceso en la construcción de un sistema de educación superior orientado al interés público, la equidad territorial y el fortalecimiento democrático.
Enfrentarla con decisión es una tarea política urgente y una responsabilidad ética ineludible. Porque no puede haber un nuevo pacto social sin educación pública robusta, y no puede haber educación pública sin universidades estatales vivas, arraigadas en sus territorios y comprometidas con la justicia social.
