La repartición de las cuotas de pesca entre el sector industrial y el artesanal ha sido uno de los temas más delicados en la discusión de la Nueva Ley de Pesca. Tanto así, que el gobierno decidió separar este debate del cuerpo principal de la ley, creando un proyecto específico para abordar el fraccionamiento, con el objetivo de agilizar su tramitación.
Entre otras indicaciones, una de las modificaciones legislativas recientemente aprobadas en el Senado fue la creación de un sistema dinámico de asignación de cuotas pesqueras. Aunque se presenta como una “innovación” en la gestión de recursos marinos, podría convertirse en una vía directa hacia el agotamiento de nuestras pesquerías, contradiciendo recomendaciones ampliamente respaldadas por la comunidad científica y académica.
Este mecanismo -que se implementaría en especies clave como la jibia, la anchoveta y la sardina española- establece rangos móviles de participación entre el sector industrial y el artesanal. En el papel, parte desde un 90% de cuota para el sector artesanal y un 10% para el industrial en el caso de la jibia, pero esa distribución puede cambiar cada año en función de cuánto haya capturado cada sector. Es decir, quien pesca más, gana más participación para el año siguiente.
A primera vista, este sistema parece justo. Pero cuando se mira de cerca, se revela como un mecanismo que favorece estructuralmente a la gran industria, que opera con tecnologías más avanzadas y mayor capacidad de extracción. En cambio, el sector artesanal enfrenta restricciones para aumentar su flota y no tiene la capacidad de “competir” en igualdad de condiciones.
Pero el problema va más allá de la inequidad en la competencia entre sectores. El verdadero riesgo está en que este modelo, al premiar el mayor volumen de pesca con más participación futura, traslada una lógica de mercado a la gestión de los ecosistemas marinos. Se deja de lado la función reguladora del Estado y se instala una competencia, donde el incentivo no es la conservación ni el uso responsable, sino la extracción acelerada.
Bajo esta regla, se penaliza a quienes pescan menos, aunque lo hagan por razones climáticas, biológicas o de protección del recurso y se premia a quienes presionan más sobre los ecosistemas.
El sistema de cuotas dinámicas se basa en el Rendimiento Máximo Sostenido (RMS), un umbral que representa el límite biológico y que en ningún caso debería ser una meta. Empujar a los pescadores industriales y artesanales a alcanzar ese límite, con tal de no perder participación futura, genera presión sobre los ecosistemas marinos y se convierte en un desincentivo a las prácticas pesqueras responsables.
Además, este sistema parece ignorar lo que a nivel global es una tendencia clara: ninguna política de pesca sustentable obliga a pescar más. Todo lo contrario, las mejores prácticas apuntan a controlar y reducir las capturas, apostando por ecosistemas resilientes y beneficios sociales sostenibles a largo plazo.
No es difícil intuir que el diseño de este sistema puede responder más a intereses económicos que a criterios científicos o éticos. En este sentido, cabe preguntarse si no estamos frente a una jugada estratégica para consolidar derechos de pesca obtenidos de forma cuestionable en el pasado, ahora disfrazados de una supuesta modernización del sistema.
De acuerdo al último informe de la Subsecretaría de Pesca “Estado de situación de las principales pesquerías chilenas 2024”, un 54% de nuestras pesquerías -es decir, las poblaciones de especies marinas que se explotan con fines comerciales- se encuentran actualmente agotadas o en condición de sobreexplotación.
Con estas cifras sobre la mesa es evidente que el objetivo de una nueva ley no puede limitarse a la capitalización a corto plazo de los recursos marinos. Más bien, debe buscar un equilibrio entre la sustentabilidad y el bienestar socioeconómico de las comunidades costeras que dependen del mar.
El mensaje es claro: obligar a los distintos actores del sistema a pescar más para mantener sus porcentajes de la cuota perpetúa la sobreexplotación y socava la posibilidad de una gestión realmente sostenible, responsable y basada en la evidencia científica.
