Tensión aguda al interior del club Azul Azul: la trama judicial entre la familia Schapira y Michael Clark por las acciones

Todo partió el sábado pasado cuando Eduardo y Daniel Schapira interpusieron una medida prejudicial contra Clark con la finalidad de “congelar” la OPA que el mandamás azul había impulsado en enero. Ante esta situación la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) no se quedó de brazos cruzados y solicitó explicaciones a ambas partes, a lo que Clark respondió esta semana que aún no ha sido notificado de ningún proceso judicial.

El pasado sábado, una hora antes de que la Universidad de Chile disputara un partido de fase de grupos de Copa Chile contra Magallanes, se dio a conocer una verdadera ofensiva judicial por parte de Daniel y Eduardo Schapira, representantes de Inmobiliaria D.S.E, y quienes figuran como los segundos mayores accionistas del club con un 21% de las acciones.

En concreto, la familia Schapira interpuso una medida prejudicial precautoria contra Michael Clark, presidente de Azul Azul y principal accionista de la sociedad a través de una cadena de empresas. 

Estrategia de prohibición

La medida busca prohibir que las empresas accionistas del club celebren actos y contratos sobre “bienes de propiedad de las futuras demandadas” Inversiones Antumalal —controlada por Michael Clark—, Sartor S.A y Fondo de Inversiones Tactical Sports.

Con esto la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) impulsada por Michael Clark no podría realizarse, lo cual se traduce en que el mandamás de Azul Azul no podrá poner a la venta las acciones del club. 

Para entender el conflicto judicial, es necesario desmenuzar el entramado societario de  Azul Azul, y por el cual se ha extendido una verdadera guerra judicial:

FIP Tactical Sport mantiene el control del 63% de las acciones del club. Ahora bien, la misma empresa se conforma por Sartor S.A (90%) —representada por Pedro Larraín— e Inversiones Antumalal (10%), cuyo control radica en un 90% en Michael Clark. 

En segundo lugar se posiciona la familia Schapira con el 21,44% de las acciones mediante Inmobiliaria D.S.E y el 15,53% restante recae en otros inversionistas.

En la acción judicial a la que tuvo acceso El Desconcierto, la familia Schapira describe que “a la época de la adquisición de las acciones de Azul Azul, y al menos hasta fines del 2024, los aportantes del FIP Tactical Sport eran dos: Sartor S.A., relacionada al Grupo Sartor, la que tenía un 90% de las cuotas; Antumalal, de propiedad de Michael Clark, titular del restante 10%. Hacemos presente desde ya que Michael Clark Varela se ha desempeñado – y, entendemos, se desempeña actualmente – como “director independiente” de Sartor S.A”.

Sin embargo, toda esa estructura cambió cuando Sartor de manera “ilegitima”, según el documento, decidió transferir “sus cuotas del Fondo a Antumalal (controlada por Michael Clark Varela) radicando en esta última la totalidad de las cuotas y el control absoluto del Fondo que tiene la mayor participación en Azul Azul”.

Operación llamó atención de CMF

La situación desembocó en que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en 2024 iniciara un proceso de auditoria a Sartor Administradora General de Fondos (Sartor AGF). En dicho proceso la CMF “detectó una serie de situaciones que daban cuenta de conflictos de interés”, detalla la medida interpuesta por la familia Schapira.

Finalmente, y tras la investigación del ente regulador, el Consejo de la CMF decidió revocar la autorización de existencia otorgada a Sartor AGF y designar a un liquidador.

“Este conflicto puso en riesgo la integridad del capital accionario de Azul Azul y derivó en la operación de traspaso de control indirecto ilegítima fraguada por las futuras demandadas”, explica la familia Schapira en el documento.

Presidente y controlador

Ante los evidentes problemas financieros de Sartor, Clark, a través de Antumalal, adquirió las acciones pertenecientes a la empresa representada por Larraín.

De esa manera, el actual presidente de los azules se transformó en el principal controlador de FIP Tactical Sport y, a su vez, de Azul Azul. 

Luego de conocerse la transacción, el 20 de diciembre de 2024, los directores del club Carlos Larraín Mery y Andrés Segu Undurraga presentaron su renuncia al club.

Producto de la situación de Azul Azul, la CMF ordenó mediante un oficio que Michael Clark explicara la “fecha, monto, número de cuotas y porcentaje adquirido del fondo y cualquier otro antecedente para el mejor entendimiento de la operación”.

Cuatro días después, Clark respondió que “con fecha 13 de diciembre de 2024, Inversiones Antumalal Limitada adquirió 6.354.981 cuotas, de la serie única, del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, a un valor de USD 0,90 cada cuota, correspondiente al 90% de las cuotas, serie única, de dicho fondo”.

Querella por fraude

Las acciones de Clark causaron la molestia de la familia Schapira, quienes presentaron una querella de presunto fraude, dada la omisión de Clark de materializar una OPA por las acciones de Sartor.

Así las cosas, el 8 de enero de 2025, Clark anunció a la CMF que durante el primer cuatrimestre de 2025 se llevaría a cabo una OPA “voluntaria” y el precio por acción no sería menor a $387,93.

Precisamente, esta es la acción que la medida presentada el pasado sábado por la familia Schapira busca frenar.

“Las futuras demandadas han anunciado públicamente que volverán a hacer una operación de traspaso de control indirecto del capital accionario de Azul Azul S.A. a través de una OPA voluntaria, cuestión que de llegar a ocurrir diluiría la ilicitud de la operación ilegítima primitiva, haciendo más difícil su sanción” argumenta el documento al que accedió ElDesconcierto.

Dimes y diretes entre Clark y los Schapira

Tras darse a conocer la medida precautoria judicial interpuesta por la familia Schapira, Michael Clark no tardó en pronunciarse.

Mediante una declaración a la que accedió ElDesconcierto, el mandamás del club laico comentó que “mientras algunos están preocupados de generar alarma y atentar en contra del club y su progreso, nosotros seguimos trabajando para que la institución siga ganando, crezca cada día más y le vaya cada vez mejor”.

En la misma línea, Clark apuntó directamente a la oposición de ejecutar una OPA. “Resulta curioso que los mismos que pedían una OPA (para supuestamente participar en ella) ahora no quieren que se haga (y, como siempre acostumbran, no proponen ni aportan nada)”, enfatizó.

Asimismo, Michael Clark criticó que la acción judicial fuera anunciada una hora y media antes de que se jugara el partido entre los azules y Magallanes, a lo que añadió que se buscaba “desconcentrar a la institución de aquello que hoy resulta importante” y advirtió que “no conseguirán sus destructivos objetivos”.

“Todos tenemos derecho a expresarnos libremente y a entablar todas las acciones y demandas que estimemos del caso. Pero las odiosidades personales que cualquiera pueda tener no justifican ni justificarán nunca el que se atente en contra del desempeño institucional. Hay gente que viene tratando de hacerlo desde hace muchos años, afortunadamente sin resultados, ya que se han apoyado para ello en videos de YouTube”, puntualizó Clark.

Por otra parte, desde la familia Schapira explicaron que “Clark ha abusado de martingalas y truculencias para mantener el control del Club indefinidamente. La OPA recién propuesta representa una verdadera burla a la fe pública y a la CMF. Se trata de una operación que, pretendiendo sanear cosméticamente la adquisición ilícita de diciembre del 2024, solo la agrava aún más”.

CMF pide explicaciones a involucrados

El pasado lunes 7 de abril la CMF emitió un oficio a Michael Clark y a la familia Schapira solicitando “informar respecto del alcance” de la acción judicial y la resolución del juzgado.

Dicha Comisión le dio un plazo de 24 horas, tanto a Clark como a los Schapira, de responder a lo solicitado. En concreto, las explicaciones debían llegar el martes 8 de abril a las 13.30, siete horas antes de que la Universidad de Chile disputara su segundo encuentro por Copa Libertadores contra Estudiantes de la Plata, partido en el cual los azules se impusieron por 2 a 1.

Desde Buenos Aires el presidente de Azul Azul cumplió con lo solicitado por la CMF. En su respuesta Clark argumenta que “no he sido notificado de resolución judicial alguna, tratándose como usted bien dice, de información de prensa”.

Lo propio también hizo la familia Schapira, quien a través de sus abogados contestaron el requerimiento de la Comisión. Ante el estado de la medida impulsada, el documento explica que el pasado 3 de abril fue concedida mediante resolución y que “actualmente se encuentran pendientes las inscripciones legales”.

“En este sentido, de acuerdo a lo resuelto por el 20° Juzgado Civil de Santiago, mientras la medida precautoria decretada se encuentre vigente, no se podrán transferir las acciones objeto de la medida de las cuales es titular el Fondo ni las cuotas de dicho Fondo de las cuales es —supuestamente– titular Inversiones Antumalal, lo que, a su vez, conlleva a que la OPA iniciada por el Sr. Clark Varela a efectos de adquirir el 100% de las acciones de Azul Azul S.A. no pueda llevarse a efecto”, detalla el escrito enviado a la CMF.